El PP privatiza como principio. El PSOE mira hacia otro lado. El sector de la agroalimentación bate récords desde 2009. Y en Doñana, 3.000 hectáreas ilegales de regadío han reducido los humedales en un 80%. De no corregir sus políticas, el Parque Nacional de Doñana será incluido para finales de 2017 en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. 

En junio de 2016, Ecologistas en Acción hizo público un informe alertando de que en los últimos 25 años el volumen de agua disponible en España se ha reducido en un 20% debido al cambio climático. Lejos de atender a las alarmas, la crisis económica ayudó al Gobierno del PP a alimentar una burbuja en torno al agua y a la producción agroalimentaria. Los datos oficiales muestran cómo entre 2009 y 2015 las exportaciones en este sector experimentaron una subida inédita en la facturación, de 15.053 a 41.282 millones de euros, aportando mayores contribuciones  a la economía del  gobierno después del sector del automóvil. 

El gran beneficiario del uso del agua en España ha sido el sector hortofrutícola, que se sitúa como el primer exportador del mundo en la materia. La última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los usos del agua por sectores (2014) refleja la absoluta preponderancia del regadío, que emplea el 85, 3% del agua disponible, por encima de otros usos tan vitales como el doméstico, que apenas llega al 12%. Desde la Federación Nacional de Regantes enfatizan que, gracias a la modernización del riego, el sector ha ahorrado más de 2.360 hectómetros cúbicos de agua en el último año. Según Ecologistas en Acción, sería necesario reducir las 4 millones de hectáreas existentes a un máximo de entre 3 y 3, 2 millones para poder recuperar un cierto reequilibrio hídrico.

Una de las zonas más afectadas en los últimos tiempos por la extensión del regadío es el Parque Nacional de Doñana. En el mes de noviembre, World Wide Foundation (WWF) lanzó la campaña Salva Doñana tras descubrir que hay más de 3.000 hectáreas ilegales de regadío en el entorno del parque que acaparan el agua que no llega al acuífero. Esa desviación ilícita de sus recursos ha provocado una reducción del 80% en la superficie de humedales y de más del 90% del volumen de las lagunas estacionales poco profundas. “Desgraciadamente, el problema de los pozos ilegales se extiende más allá de Doñana. Se estima que al menos hay medio millón de pozos ilegales en España. Estos supondrían el consumo medio anual de agua de 58 millones de habitantes, cuando en España conviven 46 millones”, detalla el responsable de WWF en Doñana, Felipe Fuentelsaz.

Las comunidades abarcan la zona noroeste del parque, con más de 6.000 hectáreas de cultivos ilegales bajo plástico.

El principal responsable de la intensa explotación de la zona es el cultivo de la fresa de los regantes de Huelva, cuyas comunidades abarcan la zona noroeste del parque con más de 6.000 hectáreas de cultivos ilegales bajo plástico. La respuesta de la Junta de Andalucía vino de la mano del llamado Plan de la Fresa, que amnistió a aquellos regantes que habían realizado una explotación masiva e ilegal del acuífero con la legalización del 85% de los regadíos. “Con esta actitud, la Junta demuestra que los recursos de Doñana están únicamente al servicio de la producción masiva de alimentos”, denuncia WWF.

Desde el Gobierno central, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, visitó uno de los puntos negros del robo de agua en Doñana durante la campaña electoral del 20-D para entregar a los agricultores el certificado que acredita su legalidad. Claro que ganó el PP.

Ante la falta de apoyo de la Administración central y regional, la organización World Wide Foundation ha pedido a los principales supermercados europeos que detengan el abastecimiento de fresas procedentes de cultivos ilegales del Parque Nacional.

En marzo de 2016, la plataforma SAI (Sustainable Agriculture Initiative), que engloba cadenas multinacionales británicas como Tesco y Sainsbury o la alemana Edeka, establecía un primer paso comprometiéndose a verificar a sus proveedores en la zona y rechazando la sobreexplotación del acuífero, que provocará “una reducción a largo plazo de la disponibilidad de fresas en la zona”.

Levante y Almería

La situación del enclave, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, no es excepcional. En aquellas zonas del litoral mediterráneo donde existe una actividad agrícola más intensa y desde donde se exportan en masa frutas y hortalizas (Valencia, Murcia o Almería) arrastran el mayor déficit hídrico del territorio nacional. Es el caso de las cuencas del Segura, Júcar y Mediterránea Andaluza, que suman 1.345 hectómetros cúbicos de déficit reconocidos oficialmente en sus planes hidrológicos. “Hemos creado una burbuja con un sector económico muy potente y ahora no sabemos cómo dar marcha atrás. En Guadiana apuesta porque el vino pase de producirse en secano a implantar espalderas de vid que necesitan regadío; o vemos cómo la política agraria andaluza prima que el olivar se cultiva en regadío. El negocio es abastecer y vender el agua barata a las comunidades de regantes”, apunta el responsable de WWF Doñana.

Tanto la Comisión Europea como la Unesco han dado varios toques de atención al Gobierno de Rajoy por negar las "evidencias científicas" que apuntan a la sobreexplotación del acuífero de Doñana, y de no corregir sus políticas, el Parque Nacional será incluido en julio de 2017 en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Haciendo caso omiso a las advertencias, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dio hace años el visto bueno al proyecto de Gas Natural Fenosa que convertirá el subsuelo de Doñana en un enorme almacén de gas de 24 kilómetros de longitud. La Junta andaluza ha anunciado que estudia recurrir la decisión ante el Tribunal de Estrasburgo.

Bruselas vigila de cerca

En enero de 2015, el Gobierno en funciones, de  Mariano Rajoy lanzó los nuevos planes hidrológicos de cuenca, en contra de las recomendaciones establecidas en la Directiva Marco del Agua (DMA), de obligatorio cumplimiento para todos los países de la Unión. Fruto de esa actitud, en julio de 2016 el Parlamento Europeo aprobó un informe exhaustivo de las infracciones de la DMA cometidas por el Reino de España. Entre los principales incumplimientos está el respeto a los caudales mínimos ecológicos --que en el caso del Plan Hidrológico del Ebro solo abarcan el 21% de su caudal total--. Bruselas pide eliminar las más de 465.000 hectáreas de regadío y los 56 nuevos embalses que prevé el nuevo plan. Cabe recordar que, con una extensión de poco más de 500.000 km2 y 48 millones de habitantes, España ocupa el primer lugar del mundo en número de presas y embalses por población y superficie, como en los días de Franco. En cifras globales, se sitúa en el quinto lugar por detrás de China, Estados Unidos, India y Japón.

El Tajo concentra el 40% de la potencia nuclear instalada en España. Los informes internacionales hablan de la extinción de  las especies autóctonas en peligro.

En lo que respecta al Plan Hidrológico del Tajo, la delegación europarlamentaria, tras realizar una ‘visita de inspección’ a Talavera de la Reina, denunciaba al Ejecutivo de Rajoy por la ejecución del trasvase Tajo-Segura, que pretende el traspaso del 15% del agua embalsada en el río, "cuando en Talavera se necesita el doble de caudal del que existe en la actualidad”.

En el informe elaborado por diversas organizaciones ecologistas españolas Prioridades para una nueva política del agua en España, la Plataforma en Defensa del Tajo deja constancia de la desoladora situación que arrastra el río más largo de la península Ibérica: “El Tajo concentra el 40% de la potencia nuclear instalada en España, la presión industrial y urbana que recibe de Madrid es 10 veces superior a la que ejerce París sobre el Sena. "Los últimos estudios hablan de la extinción de todas las especies autóctonas y endémicas de peces; y la cabecera y su tramo final en España están formados por 300 kilómetros de embalses encadenados que suponen la mayor privatización y estancamiento de un río por intereses energéticos de toda Europa”.

El PP y el PSOE abren la puerta a la privatización

Por si fueran pocos los agravios de la política del agua en España, en la última legislatura del Partido Popular se ha producido una privatización progresiva de los recursos hídricos. Durante la primera legislatura del Gobierno de Aznar, y con Isabel Tocino al frente del Ministerio de Medio Ambiente, se oyeron las primeras declaraciones de intenciones para privatizar los mercados del agua en España.

Los modelos que tenía en la cabeza la titular de Medio Ambiente eran los llamados "bancos de agua" que se introdujeron en Chile y California a lo largo de la década de los noventa, con enormes diferencias entre sí. "Mientras en el país latinoamericano predomina el libre mercado de agua y una regulación gubernamental débil, en el Estado norteamericano la regulación era muy fuerte y solo se autorizaba la compra-venta de agua en situaciones de sequía", explica Pedro Arrojo, diputado de Unidos Podemos por Zaragoza.

Como creador de la fundación Nueva Cultura del Agua, Arrojo viajó durante aquellos años a California para conocer los bancos de agua y fue invitado por Tocino para participar en la modificación legislativa que el Gobierno del PP pretendía ejecutar. Fruto del espíritu del régimen californiano, salió adelante la reforma de la Ley de Aguas de 2001, que introduce dos nuevas figuras: los contratos de cesión de agua y los centros de intercambio. “Ambas estaban diseñadas solo para periodos de sequía. De esta manera, un usuario podía ceder o vender una parte de sus derechos de agua a otro usuario con tres condiciones: que esa zona estuviera declarada emergencia de sequía, solo durante el período extremo y desde el sector agrícola al sector urbano a un precio fijado por el gobierno. Bajo esas premisas, el movimiento ecologista aceptó esta reforma”, sostiene el diputado de Unidos Podemos.

El remate final a la privatización del agua se producía de manera encubierta en un real decreto de  2015 de reforma de la Ley del Cine.

Con Cristina Narbona (PSOE) al frente de la cartera ministerial, se permitió en 2007 la primera liberalización sin restricción a tiempos de sequía. Así el gobierno socialista posibilita que los titulares de autorizaciones que no consuman el agua --las hidroeléctricas, por ejemplo-- puedan vender el recurso a usuarios que sí lo hagan, como las piscifactorías. A partir de 2011, y con los grupos de la oposición totalmente ajenos a las maquinaciones ppopulares, el ejecutivo de Rajoy eliminó el resto de condicionantes que estipulaba la ley de Aznar: la compra-venta del agua se extiende a cualquier período, se elimina la condición de que la venta se produzca de usos agrícolas a urbanos y desaparece la limitación de la duración de ese contrato a las etapas de sequía.

Lo peor es que los grandes ríos como el Tajo tambien peligran de secarse en transvases absurdos ideados desde arriba,

El remate final a la privatización del agua se produjo de manera encubierta en un real decreto ómnibus, de 2015, que reforma también la Ley del Cine y la aprobación de diversos créditos presupuestarios. El Partido Popular incluye en una disposición adicional la posibilidad de realizar trasvases sin necesidad de reconocer el excedente de agua, condición sine qua non para realizar un trasvase de una cuenca hidrográfica a otra hasta dicha reforma. Varios expertos coinciden en que una reforma de tal calado debería haberse tramitado como una modificación de la Ley de Aguas, del Reglamento del Dominio Público Hidráulico o del Reglamento de Planificación Hidrológica.

“En la práctica esto supone que si una comunidad de regantes vende sus derechos a otra comunidad no hace falta que esté previsto en el Plan Hidrológico, no es necesario que se haya hecho una evaluación ambiental estratégica como dice la Ley de Aguas y tampoco pasará por el Parlamento para su aprobación. Ahora basta con una firma del director general de Aguas y quien tenga el derecho concesional del agua puede utilizar un recurso público y humano como si fuera su vehículo privado. Los miembros del Partido Popular en privado aseguran que la intención es que los trasvases los decidan los usuarios y las comunidades de regantes sin injerencias gubernamentales”, mantiene Pedro Arrojo.

En diciembre 2015, Unidos Podemos llevaba a la Comisión de Medio Ambiente una proposición no de ley para eliminar dicha reforma, que pretendía la mercantilización de los derechos concesionales de agua. Con las enmiendas del Partido Socialista y el apoyo de partidos catalanes, Partido Demócrata Catalán y Compromís, la propuesta salió adelante; en breve se presentará una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. La aportación socialista incluye la creación de auditorías que verifiquen dónde va el agua y “blindar legalmente la salvaguarda que impida la mercantilización de los derechos concesionales, impulsando un gran pacto social y político”.

El caso de Almansa como prototipo del negocio del agua del PP revela graves irregularidades. Almansa es una localidad de Albacete de unos 25.000 habitantes. El municipio limita con las provincias de Alicante y Valencia, dos de los principales focos expansores de la corrupción nacional del PP.

Aqualia le echó hace tiempo el ojo a Almansa. Para la empresa el negocio de la privatización del agua va a redundar en beneficios nacidos de la indecente colaboración público-privada, cuyas consecuencias las pagarán los habitantes de esa localidad en precio y calidad del agua, como sucede en tantos lugares de España.

Desde al menos 2009 Aqualia ha tenido a diversos directivos imputados casos de corrupción en la prestación del servicio del agua a ayuntamientos.

Aqualia pertenece al grupo constructor Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Hace unos días, una impulsora de la radio digital “Tu no eres de Almansa si no nos escuchas”,   se puso en contacto con una periodista para hablarle de lo que estaba pasando allí con la privatización del agua canalizada. También comentó las brutales subidas del precio del servicio, las múltiples irregularidades con el proceso de privatización realizado por el Ayuntamiento del PP, el pelotazo que estaba pegando Aqualia con todo ello. Es obvio que esa radio digital y la Plataforma por el Agua Pública estaban movilizadas en lucha por desenmascarar tanto chanchullo.

Según denuncia la Plataforma del Agua Pública de Almansa, la brutal subida de precios con la privatización está ya teniendo efectos sobre familias de muy bajos ingresos y en situación precaria. A algunas de ellas Aqualia les está cortando el suministro al no poder hacer frente al alza de los mismos.

La calidad del agua ha descendido notablemente, siendo frecuente que en los grifos de las casas aparezca arenilla, pequeñas piedrecillas, etc.

El contrato del Ayuntamiento con Aqualia es absolutamente opaco, al no ser accesible a los vecinos. Es falsa la afirmación del gobierno municipal de que puede consultarse en la web del Ayuntamiento. Allí sólo se encuentra el pliego de condiciones del concurso para la privatización del servicio. Tampoco se facilita copia del contrato a las organizaciones vecinales cuando éstas la piden en forma.

Se impide asistir a las reuniones de la Comisión Mixta de Transparencia del Ciclo Integral del Agua, formada por el equipo de gobierno municipal, técnicos municipales y técnicos de Aqualia, a la oposición de la actual corporación (PSOE e IU), lo que no parece muy “transparente”. Lo mismo le sucede a la Plataforma por el Agua Pública de Almansa. Sin embargo, el ex concejal Antonio López (de los “independientes”) que, en su día resultó “beneficiado” por el alquiler de sus locales al Ayuntamiento, sí que asiste, sin que pueda justificarse su presencia por pertenecer al equipo de gobierno, al que no pertenece, ser asesor municipal o técnico, cosas éstas que no es. 

El caso del Estado español merece especial atención porque la falta de recursos municipales y la debilidad de la regulación vigente actual alientan la presión de las empresas privadas. Una hegemonía que supone despidos y empeoramiento de las condiciones laborales de las plantillas, no ha llegado acompañada de mejoras en la eficiencia de la gestión, como anunciaban los dogmas neoliberales, según los cuales las empresas privadas optimizan la gestión frente a las ineficaces empresas públicas; y tampoco ha llegado acompañada de una reducción de tarifas o de inversiones de mejora en la gestión del ciclo urbano del agua. No existe estímulo alguno para optimizar o racionalizar el uso del agua, hasta el punto de que, durante la sequía de 2007 en Catalunya, la empresa Agbar presentó una queja por el descenso de consumo y la consecuente bajada en su facturación. A mayor consumo, mayores beneficios. 

Y con estos antecedentes el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, en pleno reinado pepero, llevó en solitario al pleno del Ayuntamiento la propuesta de privatizar Amvisa y lograr así unos ingresos de 40 millones de euros para las arcas municipales, bajo la amenaza descarada de subir tasas municipales si no se consumaba el proceso. La marcha de Maroto fue un alivio para todo Gasteiz. 

El negocio del agua en España está en manos de tres compañías. Agbar y Aqualia controlan el 80% del mercado, el 20 % restante es de acciona. No existe el libre mercado y las tarifas se pueden pactar al alza…

En este nuevo afán privatizador, Madrid es el gran negocio. El gobierno de Esperanza Aguirre ha intentado privatizar el Canal de Isabel II, pero la presión social ha paralizado el proceso durante tres años.

67 Plataformas y organizaciones sociales se han unido y han conseguido paralizar de manera cautelar, la venta de este recurso pero saben que la administración del PP volverá a intentarlo. Denuncian un trato de favor para beneficiar al sector privado.

Pero no solo son plataformas sociales las que denuncian que con el agua no se puede hacer negocio. Los grandes sindicatos también están en contra.

Buscar financiación municipal permitiendo la gestión de un derecho humano en régimen de oligopolio privado sólo propicia la creación de una nueva burbuja, en este caso hídrica, cuyo pinchazo conducirá probablemente a su posterior rescate público. Pero además, resulta obligado denunciar el sabotaje social que supone la privatización del agua, cuyo acceso es un derecho humano que no puede dejarse en manos de los mercados ni del interés privado, sólo sensibles ante las variaciones de sus beneficios. 

Es en este contexto de ofensiva global del capital, a la conquista de un bien común como el agua, donde encontramos el principal motivo para una oposición radical a la mercantilización de lo que es fuente de vida.