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La Tortura en Euskadi, la novela negra que hay que leer y decir después:Nunca más

26/12/2017 05:10 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Entre 1960 y 2014, Euskadi fue escenario de una orgía de torturas.El Instituto Vasco de Criminología ha publicado un infome a cargo de Paco Etxeberría y Jonan Fernández que hay que asimilar

 

 

Un  informe realizado por el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad pública vasca certifica que entre 1960 y 2014 se han denunciado un total de 4.113 casos de torturas en Euskadi. De ellas, un 17% lo han sido denunciadas en más de una ocasión, por lo que el número total de personas que denunciaron torturas es de 3.415.. El documento, que cuenta con el aval explícito del Ejecutivo que lidera Iñigo Urkullu, constata además que las cifras de los casos de malos tratos se quedan cortas y " se encuentran por debajo de la dimensión real de los afectados 

El informe da veracidad a las denuncias en base a la "prueba testifical, la prueba documental y la prueba pericial de más de 26.113 documentos analizados incluidos más de 500 testimonios directos de víctimas, según se dice en el dossier, presentado públicamente en San Sebastián. 

La lectura del repetido informe sobre torturas en skadi ha causado malestar  levantando ampollas en determinadas gentes, como estaba previsto. El malestar con las conclusiones es especialmente significativo en el PSE, socio de gobierno del PNV, que lo rechaza de plano nada más presentarse.Los Socialistas lo rechazan porque adopta una metodología “meramente expositiva” sobre las denuncias recogidas y llega a “conclusiones que no se dirigen en la dirección necesaria para que se produzca una verdadera reparación de las víctimas. “Consideramos un error entender que tras medio siglo de terror de ETA se señale a las policías, una simplificación la labor de una inmensa mayoría de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho al asentarse la falsa idea de una tortura generalizada», señalan los cuerpos policiales señalados.

El partido que lidera Idoia Mendia cree un "error entender que medio siglo de terror de ETA con 840 asesinatos se resuma y se censure en un informe la labor de una inmensa mayoría de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho al asentarse la falsa idea de una tortura generalizada"

 El dossier, presentado por el secretario de Derechos Humanos, Jonan Fernández, y el famoso forense Paco Etxeberria, cifra en 4.113 los casos de malos tratos policiales en Euskadi desde 1960 hasta 2014. De ellos, 2.446 estarían «ratificados» por los afectados. El análisis concluye que aunque se produjeron casos de abusos policiales en la Ertzaintza (336), de “forma cuantitativa y cualitativa” la cifra es considerablemente menor que las de la Policía Nacional y la Guardia Civil, según ha recalcado Fernández. Paco Etxeberría ha comentado que ha entrevistado a numerosos denunciantes y que aunque tiene algunas dudas sobre algunos testimonios aportados, cree que en su mayoría dicen la verdad. Comenta que las entrevistas han sido muy duras porque le ha tocado  mirar a los ojos a los afectados y cree que se daba cuenta de quien mentía o inventaba, y quien decía la verdad. Tambien perdió algunos testimonios porque el mero recuerdo de lo vivido “descomponía a los afectados y había que dejarlo. Sobre todo si lo sucedido en comisaría tenía relación con otra víctima que en los interrogatorios lo pasó aún peor o era famlia del entrevistado 

El Gobierno Vasco ha hecho autocrítica al expresar que “la tortura y sus víctimas necesitaron una mayor atención y respuesta por parte de todos”, aunque ha cargado sobre todo en el «ámbito estatal”, donde ha pedido una “reflexión crítica” y un “reconocimiento del daño causado”.

Por su parte, el sindicato de la Ertzaintza, Erne ha mostrado su “total desacuerdo” por incluir más de trescientos casos relacionados con la Ertzaintza y las policías locales sin que exista ninguna sentencia. En este sentido, denuncia que “se equiparan al terrorismo supuestos hechos no probados”. Tambien, ErNE, constata que no se ha dictado "ninguna condena" contra la Ertzaintza por  tribunales de justiciay el informe parece estar basado exclusivamente en las denuncias de los afectados" y dice que "no refleja la realidad de los hechos". "No podemos entender cómo 314 casos (310 de la Ertzaintza y 4 de las policías locales) puede ser incluidos y avalados por el Gobierno vasco como casos claros de torturas o malos tratos cuando no existe ninguna resolución judicial condenatoria", critica.

Igido por  el famoso forense Francisco Etxeberria y encargado en 2014 por la Secretaría de Paz y Convivencia del Ejecutivo autonómico -que lidera Jonan Fernández-, ha sido realizado por un equipo multidisciplinar creado en torno al Instituto Vasco de Criminología de UPV.  El equipo ha incluido a expertos en criminología, psicología, derecho, medicina forense e informática y la participación también de tres observadores internacionales. Además recogió 500 testimonios directos de víctimas de tortura y malos tratos, a los que se suma el material documental de testimonios recogidos anteriormente y recopilados por esta investigación en audio y en vídeo son en total más de 1.027 testimonios

 

"La investigación ha establecido un censo de 4.113 casos de personas (17% mujeres y 83% hombres) que han denunciado de forma pública o judicial haber sido objeto de malos tratos o torturas por parte de funcionarios públicos policiales. Estas cifras se encuentran por debajo de la dimensión real de los afectados, ya que al menos en el periodo de la dictadura y primeros años de la transición hasta 1978 solamente hemos podido registrar 1.081 (son el 26, 4% del total de los registrados), mientras la práctica generalizada de la tortura en esa época señala que su dimensión fue mucho mayor", se afirma textualmente en el informe oficial. Más del 70% de los casos certificados en la investigación se produjeron ya en democracia.

La tortura se ha visto favorecida por la incomunicación de los detenidos. Su práctica ofrece una “diferencia significativa”, cualitativa y cuantitativamente, entre las distintas fuerzas policiales, según vemos.

Los responsables de la investigación han constatado un "descenso paulatino de las denuncias" a partir del año 2004, y el informe revela que no existe "ningún caso registrado en nuestro poder el 2015 y 2016".  La Policía Nacional estaría implicada en 1.792 casos  de tortura y la Guardia Civil sería responsable, según el informe, de 1.985 casos. La Ertzaintza estaría involucrada en otros 336 casos. 

¿Qué tipo de torturas?  El informe señala que los métodos de tortura fueron evolucionando a partir de principios de los años 90 desde el daño físico y todo tipo de malos tratos "más difíciles o imposibles de detectar en exámenes forenses e imposibles de denunciar" como "maniobras de asfixia en una bañera como con la bolsa sobre la cabezaimpidiendo la respiracion, posturas forzadas y dolorosísimas o ejercicios extenuantes de flexiones, amenazas y humillaciones para ellos y sus familias, desnudo forzado y vejaciones sexuales, tocamientos, amenazas contiuas de ponerle electrodos en el cuerpo y lasta la introducción de un palo por el ano. Los tres cuerpos de las FSE utilizaron las técnicas del plantón –obligar al arrestado a mantenerse de pie sin moverse durante horas– y otratécias de extenuación física. El uso de la bolsa se le atribuye a la Guardia Civil, que compartió con la Policía Nacional el empleo de los electrodos y la bañera. 

El 43% de las personas que denunciaron malos tratos y torturas, según el informe, fueron dejadas en libertad, el 35, 6% sin cargo y el 6, 4% en libertad provisional. La media de días de incomunicación fue de 4, 9 días. El mayor número de detenciones se produjo en los años ochenta (35% de la muestra) y a partir del año 2000 (31% de la muestra). "La distribución de estos casos sigue la misma tendencia que la muestra general de denuncias de los 4.113 casos", apuntan.

 

El PSE, no comparte por otra parte el informe porque entre otras cosas el estudio incluye un apartado cualitativo legal en el que se analizan las sentencias judiciales dictadas por los tribunales (Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo con condenas firmes en casos producidos entre 1979-1992) sobre las denuncias de torturas. "En dichos casos", revela el estudio, "se demostró la práctica de torturas brutales contra personas detenidas, y que se dieron en los mismos centros de detención, tanto de la Policía como de la Guardia Civil". En total se han producido 20 sentencias firmes del Tribunal Supremo, con 9 sentencias condenatorias que corresponden a la Policía Nacional y 11 a la Guardia Civil, condenando a 49 funcionarios (una mujer y 48 hombres) por hechos cometidos contra 31 personas (4 mujeres y 27 hombres) bajo régimen de incomunicación. 

El objetivo del estudio, encargado en 2014 por el Gobierno vasco dentro de su Plan de Paz y Convivencia, era acercarse "a la realidad objetiva del fenómeno de la tortura en nuestro contexto recogiendo los antecedentes y elaborando un censo a lo largo del tiempo entre 1960 y 2014". Además, los autores han presentado una serie de "medidas de reconocimiento, reparación y prevención" dentro del apartado de conclusiones. Entre las conclusiones se defiende la necesidad de investigar las denuncias, se rechazan los indultos a agentes condenados por malos tratos o torturas y el régimen de incomunicación, entre otras. Los investigadores señalan en su informe las sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, contra España por no investigar las denuncias de torturas.  El Estado español suma hasta ocho condenas  por no investigar siquiera este tipo de denuncias desde que firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

En ese sentido,   Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno vasco, ha destacado en la presentación del documento que el informe demuestra que la tortura y los malos tratos "han tenido una presencia importante en Euskadi desde 1960 y que buena parte de las denuncias "no fueron suficientemente investigadas y estuvieron principalmente vinculadas a periodos de incomunicación". 

El informe hace suya la propuesta de una ley vasca de prevención de la tortura, planteada por el profesor José Luis de la Cuesta con el objetivo de "prevenir y reparar a las victimaciones por torturas y otros malos tratos"

Con el veto de Mariano Rajoy al reconocimiento de las víctimas de la ultraderecha y las torturas, más de 4.000 personas quedarán en el olvido solo en Euskadi y Navarra. Las cifras que en su día recogió la Fundación Euskal Memoria, relataban los abusos de los cuerpos de policía llevados a cabo desde 1960 y, fundamentalmente, en plena transición, en las décadas de los 70 y 80. 

Los nombres y las historias detrás de cada número se recogieron de forma meticulosa por la Fundación Euskal Memoria. En la tarea participaron historiadores y expertos en la materia, que incluyeron cada caso en base a la legislación internacional vigente, apoyada por la ONU y por la que “cualquier agresión de carácter físico o psicológico bajo custodia de un mando policial se consideraba tortura”

La muerte de Lasa y Zabala es casi el último episodio de una cadena de volencias que debe servir de recuerdo permanente para los jóvenes para prevenir un futuro de paz

os años 80 fueron los más sangrientos según los testimonios recogidos. Esta década concentró una cuarta parte de los casos de tortura que hasta ahora se conocen. El año 1980 fue el peor, con 284 torturas policiales conocidas. Las estimaciones que manejaban los investigadores “aproximan los datos hasta los 19.000 torturados” por parte de los cuerpos policiales (Policía Nacional, Guardia Civil y Brigada Político Social, principalmente), afirman desde la Fundación Euskal Memoria

Los testimonios que faltan por recoger para completar este macabro panorama pertenecen “a gente que aún no ha hablado, otras personas que prefieren no hablar y otros tantos que han fallecido antes de poder relatar sus historias”, explican desde la entidad. También se encuentran los casos “de gente que no considera tortura ser golpeado con una vara mientras te están interrogando” y por tanto declinan aportar su testimonio. Destacan el caso de un “joven detenido que consideró que recibir golpes no era una tortura, ya que después lo llevaron al cuarto de socorro”. En la fundación atribuyen este tipo de negación a “la desprotección que han sentido, y que el proceso sufrido no les deja que su cabeza lo asuma”.

Por último, entre los casos más graves no contabilizados se encuentran aquellos de los que se tiene conocimiento por charlas previas pero que “no quieren volver a vivir una pesadilla” relatándolo para estos estudios e informes. En este sentido los miembros de la fundación recuerdan relatos de “mujeres detenidas que, además de ser torturadas, fueron violadas” mientras se encontraban en dependencias policiales. Afirman, “son momentos que no desean recordar y, a pesar de conocer su existencia, no se incluyen en estos archivos”.

Estas víctimas contaban desde el pasado 10 de abril con el reconocimiento y el amparo de la Ley Navarra de reconocimiento y reparación de las víctimas de la ultraderecha y la violencia policial. Esta legislación pretendía que las víctimas de la acción violenta de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos fueran reconocidas como tales y, por tanto, se beneficien de los correspondientes derechos de reconocimiento y reparación integral. La citada Ley sufrió la paralización a través de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Rajoy en enero. Mientras, el Ejecutivo de la Comunidad Foral defendió su puesta en marcha en el ámbito estatal y pidió el levantamiento de la suspensión por parte del gobierno central.

Día contra la Tortura y la muerte  Joseba Agurre

Con motivo del “Día contra la Tortura en Euskal Herria”, Paco Etxeberria, antropólogo forense, que resumió los resultados de un estudio paralelo realizado para el Gobierno del País Vasco que “cifraba en más de 5.000 los casos de torturas” solo en esta región. Etxeberria recalcó especialmente los casos ocurridos ya en periodo democrático. “El sistema de torturas ha funcionado sin diferencia en el tránsito de la dictadura a la democracia. Quienes dieron palos en los años 70 también lo hicieron en los 80”, sentenció el antropólogo.

La conmemoración del “Día contra la Tortura en Euskal Herria” parte de aquel 13 de febrero de 1981, cuando Joseba Arregi murió en la Dirección General de Seguridad. Un informe forense posterior reconoció que Arregi, acusado de ser miembro de ETA, había sufrido torturas durante su estancia en este lugar. El informe recogía la existencia de “hematomas y erosiones” en la piel recientes, además de “quemaduras”.

El maltrato sufrido por Arregi en instancias policiales fue corroborado por tres presos del penal de Carabanchel a través de una carta publicada por un periódico vasco pocos días después del fallecimiento del preso. El manuscrito, realizado por Iñaki Aguirre, miembro de ETA,  José Luis Fernández, de los GRAPO, y Luis Alonso Rivero, del Partido Comunista de España Reconstituido (PCEr), vió la luz ahora, 35 años después de que fuera redactado para aportar datos sobre la brutal muerte de Arregi: «Al verle los párpados totalmente amoratados y un gran derrame en el ojo derecho, así como las manos hinchadas, le preguntamos el tipo de tortura que había sufrido y respondió: “Oso Latza izan da (ha sido muy duro). Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué; saltaron encima de mi pecho; los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes”». El castigo para los policías implicados: cuatro meses de arresto y dos años de suspensión para dos agentes 

Mikel Zabalza fue detenido en San Sebastián y llevado a comisaría el 25 de noviembre de 1985; desde ese momento se perdió el rastro del joven, hasta que 20 días después de su detención se halló su cuerpo sin vida flotando en el río Bidasoa. El documental que recoge las investigaciones sobre la muerte de Zabalza,  Galdutako Objektuak (Objetos perdidos), toma el nombre de la respuesta que recibió Garbiñe Garate la madre del joven, , al preguntar por él en la comisaría de Itxaurrondo: “Si su hijo se ha perdido, será mejor que lo busque en objetos perdidos”. Este trabajo pretende arrojar luz sobre este caso, tras archivarse la investigación de la muerte del joven por falta de pruebas. 

¿Se imaginan a un director de periódico detenido, torturado y luego absuelto? No se vayan a la Turquía de Erdogan. Tampoco retrocedan hasta los crueles años del franquismo. En febrero de 2003, el director del diario Egunkaria –cerrado por orden de la Audiencia Nacional en la época de Aznar-,  Martxelo Otamendi, denunció que había sido torturado por la Guardia Civil. Según su aterrador testimonio, incluso simularon que le iban a pegar un tiro. Hace un tiempo. El periodista aprovechó su participación en las VI Jornadas de Memoria Histórica de Sestao para advertir sobre los intentos de “echar tierra por encima” ante este tipo de casos.  El luego director del periódico Berria estuvo acompañado por dos declarados militantes contra la tortura: Andrés Krakenberger, ex presidente de Amnistía Internacional y actual responsable de la asociación de defensa de los derechos humanos Argituz, y Julen Arzuaga, uno de los fundadores del Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria y luego parlamentario en Vitoria. 

Antes de sus intervenciones tuvo lugar una interpretación teatral del poema de Mario Benedetti Hombre preso que mira a su hijo. Fue el turno de las emociones. Luego llegó el momento de las denuncias sobre el pasado, pero también sobre el presente. No en vano, tanto Arzuaga como Krakenberger coincidieron en señalar que la tortura no sólo sobrevivió al franquismo, sino que se mantuvo activa durante las últimas cuatro décadas.

 

 “En este país, el fenómeno de la tortura ha estado presente siempre”, apuntó Arzuaga, quien recordó una frase del temible general franquista Emilio Mola: “es necesario generar un clima de terror. Debemos imponer una sensación de superioridad, eliminando sin escrúpulos a quien no piensa como nosotros”. En ese sentido, el parlamentario denunció que estas prácticas “se han mantenido de manera sistemática” tras el final de la dictadura para cumplir con tres objetivos: “arrancar una declaración, controlar a un sector social y generar terror”. “La tortura –remarcó- ha permanecido en democracia”.  Durante las jornadas celebradas en Sestao –que tuvo como moderador a otro periodista, el presentador de Onda Vasca Javier Vizcaíno-, Otamendi le puso voz y rostro a esas graves vulneraciones. Su infierno comenzó el 20 de febrero de 2003, cuando el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo decretó el cierre de Egunkaria. Según su criterio, este periódico formaba parte de un supuesto entramado empresarial al servicio de ETA. Siguiendo esa interpretación, Del Olmo ordenó las detenciones de diez personas, entre las que figuraban –además del propio Otamendi- personalidades muy conocidas de la cultura vasca, como el escritor Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria y Martin de Ugalde, otro veterano escritor, militante del ámbito euskaldun que también formaba parte de la dirección de Egunkaria, muy enfermo de Alzheimer, a pesar de lo cual estuvieron a punto de ir a por él. 

Todos ellos acabaron en los calabozos de la Guardia Civil, donde cinco de los diez detenidos en el caso de Egunkaria aseguran haber sido torturados. En el acto de las jornadas de Sestao, Otamendi no quiso repetir el relato de los sufrimientos padecidos, que incluyeron prácticas como la “bolsa” –consistente en ahogar a la víctima con un plástico en la cabeza- o la adopción de posturas homofóbicas. En 2003, este testimonio le valió a Otamendi una denuncia en su contra por parte del ministro de Interior en el gobierno de Aznar,  Ángel Acebes, que le acusó de “seguir un manual de ETA” respecto a las torturas durante el período de incomunicación. Los jueces no lo creyeron a Otamendia, por lo que finalmente se archivó la querella.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España en octubre de 2012por no investigar de manera seria y contundente las graves denuncias de torturas formuladas por el director de Egunkaria Previamente, en abril de 2010, la Audiencia Nacional había absuelto a Otamendi y al resto de detenidos en la operación contra ese periódico. Según concluyó la Sala de lo Penal en un durísimo fallo, las acusaciones carecían del más mínimo fundamento.

 “Hoy muchos hablan de verdad y justicia-comenta Otamendi-. Me gustaría saber si son conscientes de que si investigamos la verdad y aplicamos la justicia, habrá mucho trabajo en los juzgados”, afirmó. Cuando aquí se habla de verdad y justicia -remarcó-, ¿significa que los responsables del cuartel de Intxaurrondo van a ser investigados? ¿Acaso también van a investigar a los consejeros de Interior (del Gobierno Vasco)?. En Intxaurrondo está el mayor centro de torturas de Europa occidental”.Y, como muestra he aquí un caso horrendo.En el año 1983, dos etarras, Joxean Lasa y Joxin Zabala, eran salvajemente torturados, asesinados y enterrados en cal viva por miembros de los GAL y de la policía. Sería el primer asesinato cometido por este grupo. Dicha operación sería mandada por el comandante de la Guardia Civil, Enrique González Galindo, que en aquellos momentos estaba al frente del cuartel de Intxaurrondo. Mando a los GAL y a la policía para ir hasta Bayona (Francia) donde se encontraban huidos Lasa y Zabala, y levarlos a territorio español.

Los cuerpos de Lasa y Zabala no fueron encontrados hasta 1995 en Alicante. Para entonces Galindo había sido ascendido a general y disfrutaba del título de héroe en la lucha contra ETA. Lucía múltples condecoraciones bien “merecidas”. El lugar donde Lasa y Zabala habían sido torturados (La Cumbre) se había convertido en una sala de billar, y según los forenses del caso, sus cuerpos aparecieron “desnudos, atados, amordazados, con los ojos tapados y cubiertos de apósitos cicatrizantes en el tórax, los muslos y los pies”.

Los juicios del caso de Lasa y Zabala descubrieron que la Guardia Civil también estaba implicada en los crímenes de terrorismo de Estado de los GAL. Sin embargo, los responsables de aquellos crímenes pasaron poco tiempo en la cárcel. Galindo fue condenado a 71 años de cárcel, pero en el año 2000 entró en la cárcel y cuatro años después estaba virtualmente libre  cumpliendo la condena en casa por motivos de salud. En 2005 le concedieron el tercer grado y en 2013 la libertad condicional. El gobernador civil Julen Elgorriaga también fue condenado a 71 años de cárcel, pero pasó en prisión menos de dos años. Los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo, condenados a 67 años cada uno, consiguieron el tercer grado en menos de 8 años.

Hace poco se publicó Intxaurrondo. La sombra del nogal, un libro de la serie negra de Ediciones El Garaje, pero que no es ficción, sino la realidad que describe el autor, Ion Arretxe, 21 años, detenido el 26 de noviembre de 1985, y a partir de entonces torturado por la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo (Guipuzcoa), en aplicación de la entonces recién aprobada Ley Antiterrorista, que permite diez días de detención policial incomunicada. La coincidencia de esta obra con el reciente libro Democracia de papel, editado por Catarata, donde se evoca la intervención parlamentaria sostenida unos meses antes por el diputado de Euskadiko Ezkerra,  Juan María Bandrés, contra esa ley, propuesta por el Gobierno socialista, atrajo anterior interés por el libro de Arretxe 

Por su parte, Krakenberger recordó que España “ha sido condenada por el TEDH en múltiples ocasiones, no por torturar, sino por no investigar torturas”. Durante su intervención, el experto citó diferentes tramos de un informe sobre la práctica de la tortura en Euskadi que elaboró Argituz junto a distintas entidades de Euskadi. Los números son realmente impactantes: de los 45 casos peritados en este estudio, sólo 11 consiguieron informes médicos efectuados durante el período de incomunicación. “Cuando se los llevaba al médico forense, previamente se les advertía que tuvieran ojito con lo que iban a decir. Además, la consulta se hacía con la puerta abierta, con los policías fuera”, indicó el experto.  Tras repasar esos datos, Krakenberger recordó que las víctimas de la tortura “tienen derecho a verdad, justicia, reparación y no discriminación”. Sin embargo, tanto el ex presidente de Amnistía Internacional como sus clegas coinciden en denunciar que esas obligaciones legales no se cumplen. “En el caso de Otamendi, el Estado español prefirió pagar una multa para no investigar sus denuncias”, describió el moderador de la conferencia. Unos segundos antes, Krakenberger se había despedido con una frase de George Orwell: “Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado”

 

 

 

 

 


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