¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Diasporaweb escriba una noticia?
Un mes y medio después del primer fallecimiento y gracias al doctor Tabuenca Oliver, del Hospital Niño Jesús (Madrid), se determinó que la causa de la intoxicación generalizada era el aceite de colza adulterado vendido a granel
El 27 de abril de 1981, Jaime Vaquero, ingresado en el hospital Del Rey de Torrejón de Ardoz, murió en el traslado a otro hospital. En un principio, la afección que causó el fallecimiento se denominó la “enfermedad del legionario”. Sin embargo, el síndrome se propagó por la Comunidad de Madrid rápidamente poniendo en jaque a las autoridades sanitarias. En apenas dos semanas, seis personas fallecieron mientras la epidemia se extendía a cuatro provincias más. La enfermedad se calificó de “neumonía atípica” y laboratorios de distintos continentes recibieron muestras para su análisis.
Un mes y medio después del primer fallecimiento y gracias al trabajo de campo del doctor Tabuenca Oliver, subdirector del Hospital Niño Jesús (Madrid), se determinó que la causa era que había provocado la intoxicación generalizada: aceite de colza adulterado vendido a granel. A partir de ese momento, palabras como “anilina“, “desnaturalizado” o “refinado” se harían habituales entre la sociedad, conmocionada tanto por el transcurso de los acontecimientos como por la inacción de los representantes públicos
Las cifras del síndrome tóxico, como se le denominó en un primer momento, dejaron alrededor de 25.000 afectados en una veintena de provincias y más de 300.000 muertos. EL PAÍS cubrió un tema que se consideró de “emergencia pública” y de “epidemia”, sobre todo en los primeros meses en los que la virulencia del envenenamiento se intensificó..
En julio, cuando se contabilizaban 62 muertes, Unión de Centro Democrático (UCD) calificó el envenenamiento masivo como “un desgraciado incidente”. Mientras tanto, el número de afectados no cesaba de aumentar. Durante el mes anterior se calculó que la epidemia se podía extender a más de 10.000 casos en base al número de hospitalizados, superior a los 3.000.
El 11 de julio de 1981, según los medios, el síndrome tóxico permitió que se destapara la red de empresas implicadas en el proceso de la alteración del aceite desnaturalizado. A finales de julio, siete empresas y una decena de marcas se encontraban en el punto de mira de las autoridades sanitarias.
El 10 de junio de 1981, la Dirección General de la Salud Pública había advertido a la población sobre el peligro que representaba la venta ambulante de aceites a granel, y una semana despues se confirmaba que el aceite de colza desnaturalizado era el vehículo del envenenamiento masivo que afecta esencialmente a zonas pobresy otras no tan pobres de más de una docena de provincias, principalmente en las dos Castillas, Galicia y barrios en torno a Madrid.
La red en principio era de ocho industriales mayoristas
El fiscal del caso, Eduardo Fungairiño, afirmó que el tráfico se realizaba a través de los hermanos Bengoechea que, mediante una empresa en San Sebastián, realizaban importaciones de aceite de colza desnaturalizado destinado a la industria siderúrgica. Las autoridades francesas desnaturalizaban el aceite para impedir su consumo humano generalmente con anilina. Los hermanos Bengoechea, siempre según el fiscal, vendieron a la ernpresa Raelca, de Alcorcón (Madrid), de los hermanos Ferrero y Cándido Hernández Galán y que se dedicaba a la comercizalización de áceites para consumo humano, un total de 110.790 kilos del aceite de colza desnaturalizado, en los primeros meses de 1981. Los contactos entre los Ferrero y los Bengoechea fueron propiciados, según el fiscal, por Jorge Pich, gerente de la empresa Jorpi, que actúo como intermediario y recibió comisiones por las ventas. Pich entró también en contacto con otros dos industriales, Enric Salomó y Ramón Alabart, para comunicarles que se había conseguido, mediante refinado, la eliminación de la anilina que desnaturalizaba el aceite, por lo que se podía seguir utilizando el aceite industrial para el consumo humano.Estos ocho industriales son los principales encausados en el sumario. Químicos, mayoristas, almacenistas, minoristas y vendedores ambulantes formaban parte de una red que con mayor o, menor responsabilidad participó en la estafa de vender un aceite que costó la vida a más de medio millar de personas.
El envenamiento ha estado rodeado también de situaciones dramáticas y confusas. Entre ellas, el asesinato de la esposa de Enric Salomó, María Teresa Mestre, víctima de un vecino desequilibrado que la descuartizó; y ciertas hipótesis -como la de los tomates y los organofósforados- que introdujern no poca confusión incluso entre las víctimas del envenenamiento.
El fraude provenía de la mezcla que esas empresas habían llevado a cabo a la hora de procesar el aceite. Estos mezclaban varios componentes, obteniendo como resultado un producto adulterado para uso industrial. Acto seguido, se vendía clandestinamente y sin ningún tipo de control. Una de las empresas más activas fue RAELSA, ubicada en Alcorcón, causante de la mayor parte del envenenamiento en los municipios del sur de la Comunidad de Madrid.
El 20 de mayo de 1989, la justicia dirimió la causa abierta a 38 empresarios relacionados con el envenenamiento masivo por el aceite de colza con fines industriales utilizado de forma fraudulenta. Ocho años después de que falleciera el primer intoxicado —un niño de ocho años en Torrejón de Ardoz (Madrid)—, sólo 13 de ellos fueron condenados a penas de entre seis meses y 20 años de prisión, sanciones muy inferiores a las solicitadas por el fiscal, en las que se llegó a pedir para algunos de los acusados entre 10.000 y 100.000 años de cárcel.Familiares y afectados por el síndrome tóxico protestaron violentamente tras la lectura de la sentencia de la Audiencia Nacional en Madrid (1989)pero en vano.
La extensión del problema sanitario cruzó las fronteras españolas y llegó a países como Dinamarca o Francia. Varias empresas galas reconocieron su ignorancia y trataron de eximir su responsabilidad alegando que empleaban la anilina como desnaturalizante “porque así se lo pedían los españoles”. La policía española intensificó las investigaciones en torno al transporte por carretera de las partidas de aceite importadas desde el país galo.
Lo grave fue el número de inválidos que el síndrome dejó atrás
A mediados de septiembre, la epidemia ya se había cobrado 133 vidas y los ingresos hospitalarios ascendían a más de un millar. Los meses posteriores contabilizaron menos casos confirmados y, en noviembre, el Ministerio de Sanidad informó de que el síndrome tóxico había entrado en una fase claramente regresiva. Habían pasado cinco meses desde el primer fallecimiento. Por otra parte, casi una veintena de marcas de aceite fueron apartadas del mercado.
La vuelta paulatina a la normalidad estuvo marcada por las informaciones que surgían a raíz de los negocios fraudulentos de los empresarios, relacionados con la trama del envenenamiento masivo. EL PAÍS, tras una exhaustiva investigación, logró reconstruir el relato de los hechos a través del careo de los implicados en el tráfico de colza. Entre otros, la historia de dos mayoristas de productos químicos y un aceitero catalán que se asociaron para sacar pingües beneficios del procesado del aceite a finales de 1980.
Entre decomisos por parte de las autoridades y canjes de aceites adulterados por otros en buen estado se llegó al primer aniversario del envenenamiento masivo. En Madrid, ya sólo quedaban una treintena de personas ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos de los distintos hospitales de la capital. La preocupación, en ese momento, estribaba en el número de inválidos que dejaría la enfermedad en el futuro. Los daños colaterales también se dejaban ver: más de un 5% de los familiares de los afectados por el síndrome tóxico tenían síntomas de la enfermedad.
Hubo una concentración de víctimas del síndrome tóxico (envenenamiento por aceite de colza adulterado) en el Palacio de los Deportes de Madrid en 1983 para exigir del Gobierno una solución a su situación.
El síndrome de la colza tiene simuilitudes con el de la Talidomida, cuyas víctimas siguen tratando que se les reconozca
Pese a los esfuerzos por controlar la epidemia, a principios de julio de 1982, ya habían muerto 322 personas a causa de la enfermedad. Las asociaciones de afectados, activos desde los primeros meses, pidieron al Gobierno una serie de propuestas destinadas a aumentar el monto de las indemnizaciones que percibirían los afectados.Todo acabó en saco roto. Sin embargo, el Congreso de los Diputados sí aprobó un paquete de medidas para paliar los efectos del envenenamiento masivo.
El goteo de almacenes clandestinos y negocios fraudulentos desmantelados por la policía con relación al aceite de colza no paraba de aumentar. En poco más de un año, el Gobierno había mandado recoger más de 750.000 litros de producto presuntamente tóxico. De este modo, se llegaría al inicio del juicio en la Audiencia Nacional, el 30 de marzo de 1987, en el que estaban acusados 38 empresarios del colectivo aceitero. El fiscal del caso, Eduardo Fungairiño, pidió penas más de 10.000 años de prisión para los ocho principales acusados. El proceso judicial se prolongó año y medio. Una larga espera para las 18.000 personas inscritas en el censo oficial de afectados.
En la primera sesión del juicio por la colza en la Audiencia Nacional, en la Casa de Campo de Madrid en 1987, muchos afectados no pudieron entrar a protestar en la entrada. Y era un caso nacional.
El 20 de mayo de 1989 se conoció la sentencia. Durante el proceso judicial, la defensa de los acusados argumentó que el origen de la intoxicación no provenía de la manipulación del aceite sino de una serie de partidas de tomates rociados con pesticidas provenientes de Almería. Esta teoría la rechazaron especialistas médicos. Una de las personalidades más relevantes en este sentido fue el epidemiólogo británico Richard Doll, que acudió al juicio para sostener —en base a un informe elaborado por él mismo enviado al tribunal— que el aceite de colza adulterado era el causante del síndrome tóxico.
Sin embargo, sólo dos de los acusados —Juan Miguel Bengoechea y Ramón Ferreiro— fueron condenados con penas privativas de libertad. Los restantes, con penas menores, ya habían cumplido la condena durante el período de prisión preventiva o fueron absueltos.
Tras conocerse el fallo, dos centenares de personas apedrearon el autobús donde viajaban los acusados rompiendo varias de sus lunas. Palabras como “fraude” y “asesinos” se escucharon en esos momentos. “Para esto no hemos estado enfermos durante ocho años y hemos esperado once meses —la sentencia tardó un año más en redactarse después de terminar el juicio—”, afirmaban algunos de los afectados. El estupor también llegó hasta el fiscal Fungairiño, al asegurar que “la sentencia rebajaba en gran medida las penas que él había solicitado“.
Tres años más tarde, el Tribunal Supremo amplió las condenas, elevando las penas de varios de los aceiteros. Sin embargo, estos se declararon insolventes debido a lo cuantioso de las indemnizaciones. Ante esta tesitura, los abogados de los afectados exigieron responsabilidades al Estado por supuestas negligencias de sus funcionarios. De esta forma, y tras 16 años de espera, se condenó a dos funcionarios y a la Administración, como responsable civil subsidiario, a restituir el total de las indemnizaciones. El pago se demoró, en algún caso, más de dos décadas.
UN ENVENENAMIENTO MASIVO CAUSADO POR LA CODICIA
La última partida del aceite tóxico recaló en Francia para su destrucción en 1998. 440.000 litros estuvieron almacenados durante 13 años en una nave industrial a las afueras de Arganda del Rey (Madrid). Según fuentes oficiales de la Comunidad, “fue muy difícil encontrar algún gestor de residuos español, ya que el aceite de colza trae recuerdos muy tristes”. El tiempo tampoco disipó nunca unas secuelas que muchos de los afectados aún arrastran en su vida diaria.
“Las instituciones han dejado abandonadas a las víctimas”, decía recientemente en declaraciones a ConSalud.es la coordinadora de la Plataforma de las Víctimas Afectadas por el Síndrome del Aceite Tóxico (SAT), Carmen Cortés. En 2018 se cumplen 37 años de la muerte de la primera víctima por aceite de colza en España. En la actualidad, unas 20.000 personas sufren las graves consecuencias de esta intoxicación en nuestro país.
A pesar de que haya pasado tanto tiempo, los afectados no han encontrado compensación alguna. El PSOE presentó en su día una proposición no de ley (PNL) con la que instaban al Gobierno de Mariano Rajoy a revisar la situación de estos afectados tras cumplirse 30 años del primer juicio por este síndrome.
El PSOE presentó en su día una proposición no de ley (PNL) con la que instaban al Gobierno de Mariano Rajoy a revisar la situación de estos afectados. Pero estando Rajoy de por medio todo quedó en nada, como de costumbre.
En mayo de 1981 salió a la luz una de las mayores tragedias sanitarias sufridas en España. Miles de personas resultaron afectadas por una intoxicación por aceite adulterado procedente de Francia. Miles de españoles fueron envenenados. 2.500 de ellos fallecieron a los pocos meses.
El caso guarda similitudes con el de los afectados de la talidomida, el medicamento de la farmacéutica Grünenthal que causó malformaciones a miles de personas en todo el mundo. Las víctimas españolas son las únicas que todavía no han recibido algún tipo de compensación por el daño causado.
Cuando se han cumplido aproximadamente 60 años de estos sucesos, las víctimas de la talidomida tienen al menos una respuesta gracias a los últimos movimientos políticos al respecto. Los afectados españoles por fin tienen asegurado el pago en los próximos meses de indemnizaciones por el daño sufrido.
