Por: Daniel Paez

El director de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, Laureano Guerrero, dijo que someterá al procurador general de la República, Francisco Dominguez Brito, ante el Tribunal Constitucional (TC), por alegadamente violar la Ley 72-02, que ordena el envío de las incautaciones a la entidad que dirige.

Guerrero confirmó que el Ministerio Público, fiscales, políticos y funcionarios se quedan con casi todos los bienes incautados al narcotráfico.

Acusó a Dominguez Brito de "desconocer la existencia de esta oficina" y de quedarse con casi el 100 por ciento de los bienes incautados.

"Esta oficina, que fue creada para estos fines, el Ministerio Público ha entendido, conforme ha ido pasando el tiempo, que es mucho el dinero que se mueve a través del narcotráfico, y se ha hecho crear una unidad paralela a esta (la Unidad de Bienes Incautados) y, prácticamente, la ha liquidado en la realidad", indicó.

Agregó que Domínguez Brito "se dio cuenta de que eso no era legal, por lo que hizo que se aprobara una ley en el Congreso para él administrar los bienes del narcotráfico y lavado de activos".

"El Procurador ha legalizado una oficina paralela a esta, lo que crea un conflicto de competencia jurisdiccional, que tendrá que resolver el Tribunal Constitucional. El le ha dado esa atribución al Ministerio Público, que no está para eso, porque no puede ser juez y parte. La única función del Ministerio Público es administrar justicia a nombre del Gobierno y del pueblo", sostuvo.