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Apañar la violencia de género es contribuir a que quede impune

13/05/2013 11:38 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

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Lilliam Oviedo * Es periodista y Editora .

En el tratamiento de la violencia de género, la presión de los grupos organizados y los movimientos de opinión puede ser determinante. Cuando los agresores son miembros (o servidores bien posicionados) de la clase dominante, los grandes medios de comunicación, asumen la tarea de evitar que se exprese la solidaridad con las víctimas y que salgan a la luz los pronunciamientos en demanda del cese de la impunidad.

Esto ha sido notorio en el más reciente caso que involucra a un poderoso. El pasado viernes, cuando un tribunal dispuso prisión preventiva contra el empresario Frank Jorge Elías, propietario del Canal 33 de televisión, su esposa, Sandra Kurdas, declaró que el apoyo que recibió de muchas personas la ha ayudado a denunciar y enfrentar la situación.

Kurdas exhortó a las mujeres maltratadas a denunciar los maltratos. "La acusación contra Jorge Elías incluye que el empresario mantenía a su esposa en una condición de esclavitud", dice la reseña del Listín Diario.

Nadie puede decir que el empresario ha sido condenado a priori. Sencillamente, ha sido acusado de maltratar a su esposa y, aunque ha utilizado recursos diversos para proclamar que es inocente, algunas evidencias lo comprometen.

El apoyo a que se refiere Sandra Kurdas es el de organizaciones feministas y personas que, como la abogada y articulista Susi Pola, se pronunciaron en demanda de que se le diera protección y se investigara la denuncia formulada por ella.

El pretexto del "debido proceso"

En el caso de Sandra Kurdas, como en otros, la solidaridad se expresó sobre todo a través de las redes sociales y de algunos medios alternativos, porque los diarios y los noticieros recurrieron a la censura para no publicar las expresiones de solidaridad.

Propietarios y directores de medios alegan (cuando tienen que dar explicaciones) que se trata de evitar publicar opiniones cuando los casos están en los tribunales.

Así ocurrió en el pasado en situaciones como la de Miguelina Llaverías, en Santiago, cuyo marido fue finalmente condenado, y hoy es el principal acusado del atentado contra la vida del abogado Jordi Veras.

A los legisladores que han sido acusados de violación, de violencia y de negarse a aportar para la manutención de hijos, el silencio impuesto los ha ayudado a mantener sus posiciones.

En el caso de Tonty Rutinel Domínguez, ex legislador y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, quien fue acusado en diciembre del año 2011 de golpear a la madre de uno de sus hijos, fue montado un espectáculo alrededor de sus alegatos de inocencia, y las reseñas sobre esto sobrepasaron en mucho las que se hicieron sobre la acusación.

Ese tratamiento en los medios no se puede atribuir al respeto a la presunción de inocencia ni a la salvaguarda de las reputaciones, es una de las facetas del pacto de clase, evitar en lo posible ofensas a quienes están insertos en los esquemas de poder.

Si de respeto a la presunción de inocencia se tratara, se hubiera observado la misma actitud en el caso de los jóvenes universitarios que la Policía ha detenido en relación con la muerte, en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de un coronel.

Tras los hechos del 23 de abril, en muchas reseñas y artículos de opinión son mencionados los nombres de esos jóvenes y hasta fue proscrito el grupo estudiantil al cual pertenecen.

La violencia se hace invisible

¿Han preguntado acaso los medios de comunicación en el país cuáles acciones realizan las instituciones dominicanas en el caso del senador estadounidense Bob Menéndez, quien, además de que es investigado en Estados Unidos por utilizar tráfico de influencias para favorecer a uno de sus patrocinadores en negocios con el Estado dominicano, ha sido acusado de utilizar en este país los servicios de trabajadoras sexuales menores de edad?

Aunque el abogado Vinicio Castillo Semán haya amenazado con someter a la Justicia a quien hable de este asunto, no se puede guardar silencio.

Hombres con el sello de agresores bien puesto, o con acusaciones de agresión (y hasta de feminicidio) tienen hoy pensiones millonarias en el Estado (Leonardo Matos Berrido, por ejemplo).

Los dirigentes de este sistema político (hijo de Joaquín Balaguer, porque no podría tener otro padre) ejercen violencia contra la población al usar dinero del Estado para pagar los servicios de personas con este sello; y los grandes medios de comunicación ejercen violencia al impedir, con cualquier pretexto, que se exprese la solidaridad con las víctimas y la condena a los agresores...


Sobre esta noticia

Autor:
Modesto Rodriguez (23815 noticias)
Fuente:
antillas1.blogspot.com
Visitas:
229
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Distribución gratuita
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