La cámara de Diputados de Bolivia, controlada por el oficialismo, aprobó este martes la suspensión de dos de siete magistrados electos por voto popular del Tribunal Constitucional para un juicio de responsabilidades, mientras la oposición denunció que el Gobierno busca controlar la justicia.

La Cámara baja, por mayoría de votos, aprobó la demanda interpuesta por organizaciones de escribanos que denunciaron a los magistrados Gualberto Cusi, Mónica Velásquez y Rosario Chánez por suspender en marzo pasado la aplicación de una Ley del Notario Público.

La medida sólo se aplicó para Velásquez y Chánez, debido a que Cusi se encuentra delicado de salud, mientras la presidencia del Tribunal Constitucional (TC), instancia que vela la legalidad de las normas, convocó a suplentes para seguir funcionando normalmente.

El juicio de responsabilidades debe comenzar en el Senado, también controlado por el oficialismo y que puede resolver la destitución definitiva en un plazo de 20 días.

Todos los magistrados del TC fueron elegidos de manera inédita por voto popular en octubre de 2011, tras la vigencia de la nueva Constitución

"Se aprobó en la cámara de Diputados el juicio de responsabilidades para las magistradas firmantes de ese actuado jurídico (suspensión de ley) que lamentablemente es un atentado para el país y para el propio Estado", afirmó en conferencia de prensa su presidente Marcelo Elío.

El senador opositor, Germán Antelo, denunció por separado que el oficialismo pretende controlar el TC para viabilizar una supuesta reelección indefinida del presidente Evo Morales, que asumió el cargo en 2006 y va por un tercer mandato (2015-2020) en las elecciones generales de octubre próximo.

"Esta es una actitud antidemocrática y abusiva" del oficialismo, señaló el legislador, quien opinió que "lo que se busca es el control de la justicia".

En el Tribunal Constitucional también existen pugnas entre sus miembros por asumir su presidencia. Uno de sus vocales, Ruddy Flores, es señalado como un juez cercano al Gobierno.

Rosario Chánez, una de las suspendidas, afirmó que el juicio en el Parlamento "fue gestado y coordinado dentro del Tribunal Constitucional, por el doctor Ruddy Flores, y coordinado (políticamente) por el doctor Héctor Arce", procurador General del Estado y expresidente de la Cámara de Diputados.

"Este es un antecedente funesto", afirmó la magistrada y acotó que "la suspensión de la Ley del Notariado no ameritaba esta decisión" de la Cámara de Diputados.