Solicitarán este lunes cancelación contra Juez interino Henry Valentín Domínguez Domínguez.

Dicho magistrado varió medida de coerción a favor del extraditado Carlos Lama Séliman, sin conclusión del proceso.

Carlos Lama Seliman. La entidad Molinos Valle del Cibao, S. A., a través de sus representantes informó que este lunes estará depositando por ante el Consejo del Poder Judicial una denuncia formal en contra del Juez Henry Valentín Domínguez Domínguez, quien actuando como Juez Interino de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, varió la medida de coerción que le había impuesto la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago al imputado extraditado Carlos Lama Séliman. El magistrado, en fecha diecisiete (17) del mes de diciembre del año dos mil doce (2012), se encontraba de manera interina supliendo la ausencia de la Jueza Titular de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, emitió la Resolución número 061/2012, variando el monto y la modalidad de la medida de coerción impuesta al acusado extraditado Carlos Antonio Lama Séliman, decisión que ha sido cuestionada por juristas y por los afectados. La medida, que sorprendió al mundo jurídico de Santiago y del país por el agravamiento del hecho, y frente al derecho a defensa e indemnización de la parte afectada, consistió en una garantía económica por la suma de setenta y cinco millones de pesos (RD$75, 000, 000.00), en efectivo, fijada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, en fecha veinticinco (25) de septiembre del dos mil doce (2012), por medio de la Resolución 1278-2012, y ratificada en dos (2) ocasiones por la misma Corte, fue considerada como una garantía económica extremadamente benigna por la defensa y cargada de "sospecha legítima". A juicio de la entidad Molinos Valle del Cibao, S. A., por la suma de veinte millones de pesos (RD$20, 000, 000.00) a ser presentada a través de una compañía de seguros, es cuestionable desde todo aspecto en el marco jurídico. Asimismo, la compañía Molinos Valle del Cibao, S. A., insiste en que la señalada resolución emitida por el Juez Henry Valentín Domínguez Domínguez que cuestiona gran parte de la sociedad de Santiago y del país, debido a que el caso es de una notable connotación social, al tratarse de un prófugo acusado de estafar por más de cien millones de dólares estadounidenses (US$100, 000, 000.00) a múltiples familias dominicanas. El imputado además está señalado por haberse escapado del país viviendo por más de ocho (8) años, y su puesta en libertad sin concluir el caso, lo expone al peligro de fuga. Además el imputado está afectado de un vicio jurídico, por haber sido llevado un proceso de extradición en contra del mismo y capturado por la Interpol seis (6) años después de iniciarse su extradición, por estas razones, dicha variación de la medida de coerción contenida en la decisión del Juez Henry Valentín Domínguez Domínguez, en contra de quien se va a solicitar la cancelación, produjo indignación y repudio en sectores del país. La empresa afirma que fundamentará su solicitud en contra del Magistrado Henry Valentín Domínguez Domínguez en la Ley No. 327-98 de Carrera Judicial y su Reglamento, la Constitución de la República Dominicana, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, guía de aplicación para el correcto comportamiento de los Jueces de la República Dominicana, patrocinado por el actual Consejo del Poder Judicial, entre otras normativas, por entender que en el accionar del indicado Juez al emitir dicha decisión se han violentado diversas disposiciones contenidas en esos instrumentos legales. De igual forma, expresó que lamentablemente se ha convertido en una constante en nuestro país, el hecho de que un imputado con vastos recursos económicos, como es el caso del extraditado Carlos Lama Séliman, que comete hechos graves repudiado en toda su magnitud por la sociedad y al cual un Tribunal superior impone una medida de coerción fuerte y que sirve de ejemplo, de buenas a primera y de manera insólita un Juez interino varía la medida por otra sumamente flexible que no cumple ninguna finalidad. Dice que accionará en este sentido debido a que esta práctica irregular, grosera y escandalosa debe ser eliminada por el bien de todos y que dicho Juez no debió emitir una decisión de espalda a la normativa procesal penal que, sin duda alguna, perjudicó no sólo la imagen del sistema de justicia penal de la República Dominicana, sino también que generó un estado de intranquilidad e inseguridad jurídica en la sociedad dominicana. Finalmente, manifestó que tiene la plena confianza de que en este caso el Consejo del Poder Judicial realizará una correcta investigación de los hechos acontecidos y dictará una decisión ejemplificadora que pondrá fin a esta conducta que no es propia de un Juez que tiene la obligación de tutelar también los derechos de las víctimas, pero sobre todo de cumplir con sus deberes y ejercer prudentemente sus derechos para no escandalizar la sociedad y perjudicar la imagen del sistema de justicia penal con decisiones insólitas como estas que no pueden ser justificadas en ningún contexto.