Después de la firma del histórico acuerdo para poner fin al conflicto armado en Colombia, el triunfo del "No" en el plebiscito de este domingo abrió un escenario impensado e impredecible de cara al futuro.

Lo único claro es que, al haber tenido el plebiscito carácter vinculante, el acuerdo firmado el lunes pasado se ha caído y ninguna de las partes está obligada a cumplirlo.

Si bien muchos de los que impulsaron la campaña por el "No" decían que un triunfo de esa alternativa abriría la oportunidad de una renegociación, el jefe negociador en nombre del gobierno, Humberto de la Calle, había evaluado como casi imposible una nueva mesa de diálogo. "Si la elección del 2 de octubre no es favorable, no hay espacios para renegociar nada, lo que tenemos es lo que se obtuvo", dijo hace pocos días, tratando de motivar el voto favorable al acuerdo. Alvaro Uribe influyó con su prestigio de ex-presidente en el "No".

Otros, como el senador del Centro Democrático Everth Bustamente, creen que el voto por el No "debería ser interpretado por el Gobierno y las FARC como la necesidad de un replanteamiento de varios puntos de la negociación. El Gobierno estaría en la obligación de reestructurar la comisión de negociación e incorporar otros representantes de la sociedad para reorganizar aspectos".

Millones de colombianos, la mayoría según los resultados de este domingo, se mostraron preocupados por la virtual impunidad o las penas menores que el acuerdo le garantizaba a los líderes guerrilleros, acusados de crímenes brutales y relacionados con el narcotráfico.

En la última encuesta de Ipsos-Napoleón Franco, el 88 % de los colombianos dijeron que los jefes guerrilleros debían ir a la cárcel y el 75 % no quería que participaran en política. A eso se suma que algunos sectores de la opinión pública exígian que las FARC entregaran el dinero que se presume tienen escondido.

Entre los asuntos que debería encarar una renegociación, Bustamante cree que "el tema de tierras hay que discutirlo con organizaciones campesinas, que son diversas y no estuvieron presentes, porque las FARC pidieron control territorial. Las negociaciones tienen que adelantarse a la luz de los compromisos judiciales de Colombia con la comunidad internacional y esos acuerdos no respetaron los convenios".

La caída del acuerdo también pone en pausa el proceso de concentración de guerrilleros, desmovilización y entrega de armas que se había iniciado la semana pasada.

¿Esto significará también que las FARC volverán a la lucha armada?

Carlos Antonio Lozada, delegado para la negociación del acuerdo por parte del grupo guerrillero, se comprometió hace algunos meses a que, aunque el "No" venciera en el plebiscito, las FARC no volverían a la guerra. "Si gana el no, no significa que eso tenga que dar al traste con el proceso, porque la paz como derecho síntesis no puede llevarnos a tomar esa decisión de seguir con una guerra tan dolorosa".

De cualquier modo, tras el impacto del resultado electoral, son más las incógnitas que las certezas sobre el camino para retomar las negociaciones.

Paz en Colombia, cocaína y cárteles mexicanos, desafío o esperanza

La desmovilización de la guerrilla colombiana de las FARC, después del “No” del plebiscito tendrá un efecto desorientador significativo sobre el negocio del narcotráfico a nivel regional y latinoamericano. ¿Es un desafío para los los cárteles mexicanos de la droga o una nueva esperanza?

La salida de las FARC de los territorios donde se concentran la producción de hoja de coca y los laboratorios en los que se transforma esa planta con el acuerdo de paz se preveía que iba a producir un vacio en el mercado de esa droga.

Y no sólo porque las FARC dejarían de proteger las plantaciones de hoja de coca y los laboratorios, sino porque uno de los acuerdos de esa guerrilla con el gobierno de Colombia consistía en la aplicación de un ambicioso programa de sustitución de cultivos ilícitos por otros legales.

Con este plan, que en su arranque iba a contar con un financiamiento de 400 millones de dólares, el gobierno y las FARC esperaban que la mayoría de las 74.550 familias que viven del cultivo de hoja de coca abandonarían esa actividad y se reincorporarían a la agricultura tradicional.

El Estado colombiano se comprometió, mediante los acuerdos de paz, a darles a esos campesinos asistencia técnica, créditos y, sobre todo, infraestructura social: escuelas, clínicas y carreteras.

Y a diferencia de otros acuerdos de paz –como el de Guatemala, que el Estado incumplió–, el que firmaron el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC tenia rango constitucional y eso le daría un blindaje jurídico que facilitaría su cumplimiento y ejecución.

Los detalles de los acontecimientos se seguirán de cerca en Wall Street

Tan es así, que el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, estimó en una entrevista con los medios que en un plazo de tres a cuatro años los cultivos de hoja de coca en Colombia caerían en un 90% en relación a las 96.000 hectáreas que existen en la actualidad.

El cálculo con el sí era que la coca iba a desaparecer prácticamente y que los cultivos tendrían un carácter marginal. 

Es claro que, de cumplirse esta expectativa, el mercado mundial de la cocaína –cuyo principal abastecedor es Colombia— iba a sufrir una modificación estructural… pero no ha sido así.

Los principales beneficiados con el no resulta que van a ser las bandas criminales colombianas y los narcotraficantes mexicanos. Para ellos, menos coca significaba menos negocio. Y estaban haciendo todo lo posible por mantener el abastecimiento en sus actuales niveles, según una fuente de la  división antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia (PNC).

Los cárteles mexicanos de la droga, principalmente “el de Sinaloa”, están apoyando financieramente y con abastecimiento de armas a sus socios colombianos para copar las zonas cocaleras que según el acuerdo de Santos y las FARC estaban abandonando cuando comenzaran su desmovilización. 

“El socio mayor del Cártel de Sinaloa en Colombia es ‘Otoniel’, pero hay otras pequeñas estructuras regionales con las que los mexicanos hacen negocios. Son los que los abastecen de cocaína. Ellos se están preocupando de que ese suministro de droga siga, que no caiga”, señala una fuente consultada.

El socio de El Chapo. Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, es el jefe de la banda criminal más grande de Colombia. A su grupo se le conoce como Los Urabeños, el Clan Úsuga o el Clan del Golfo. En realidad, es la mayor y más poderosa organización criminal colombiana, a pesar de los fuertes golpes que ha recibido en los dos últimos años.

“Otoniel” domina gran parte de la costa del pacífico colombiano, donde se encuentra la ruta principal de los embarques de cocaína con destino a Centroamérica, México y Estados Unidos. En el pasado, fue “el principal nexo” en Colombia del recapturado jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, según un informe de la PNC.

Pero “Otoniel” tiene problemas. No sólo porque es el principal objetivo de la policía colombiana y un cuerpo elite de la corporación tiene varios meses tras él.

También, porque se trata de un capo procedente de los grupos paramilitares de extrema derecha que se desmovilizaron la década pasada y porque, según investigaciones judiciales, su estructura armada siguen haciendo trabajos sucios para terratenientes y caciques regionales interesados en deshacerse de líderes sociales comprometidos con la paz y con la reforma agraria que se organiza como parte de los acuerdos con las FARC.

Y como uno de los pactos con esta guerrilla establecía que el Estado iba a atacar a los grupos neoparamilitares que amenazan la paz, el cerco sobre “Otoniel” y su organización se haría más estrecha. Incluso, las FARC iban a contribuir con el gobierno en el combate a este capo. No con las armas, porque este grupo insurgente las dejará, pero sí con información sobre sus rutas y movimientos.

A ninguno de los jefes de la policía colombiana le cabía duda de que uno de los mayores desafíos de la paz  iba a ser el de evitar que los territorios que dejaba la guerrilla fueran ocupados por bandas como la de “Otoniel” o los “baby carteles” que proliferan en todo el país y que han creado fuertes vínculos operativos y de negocios con narcotraficantes mexicanos.

Los escenarios que manejaban los organismos de seguridad de Colombia incluían el que los cárteles mexicanos de la droga puedan financiar las eventuales guerras por el control de zonas abandonadas por las FARC y que ayuden a mantener, a través de sus socios locales, los sembrados de hoja de coca para garantizar el abasto de cocaína.

En los dos últimos años, ha habido un repunte en la producción de esa droga por al aumento de cultivos ilícitos en Colombia.  Las hectáreas sembradas con hoja de coca pasaron de 48.189 en 2013 a 96.000 el año pasado, lo que significa un alza del 99%.

Y la producción potencial de cocaína pura pasó de 442 toneladas a 646 toneladas, el mayor nivel de los últimos nueve años.

Esto se explica por la apreciación del dólar frente a las monedas latinoamericanas, lo que valoriza los productos de exportación, tales como esa droga; por la suspensión de aspersiones aéreas con glifosato, un herbicida que puede causar cáncer, y porque familias campesinas se incorporaron a la siembra de coca en espera de ser beneficiadas por el programa de sustitución de cultivos.

Este programa se comenzó a aplicar a nivel piloto el domingo 10 de julio en el noroccidental municipio de Briseño. Las FARC, que financiaron la guerra con la coca, estaban participando de la mano del gobierno en ese plan de erradicación y desarrollo alternativo.

La policía de Colombia está segura que los cárteles mexicanos de la droga, que durante años han sido los principales beneficiarios económicos de la cadena regional del narcotráfico, no se van a quedar con los brazos cruzados ante la potencial caída del abastecimiento de su producto principal y de su mayor fuente de ingresos. ¿Y como quedan las cosas ahora?