El 14 de julio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó los resultados del censo de cultivos de coca en Colombia para 2016. De 96.000 hectáreas en 2015, el país pasó a tener 146.000 hectáreas de cultivos, una variación del 52 %.

Ya en marzo de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos había advertido sobre un "dramático aumento" en el cultivo y producción de coca en Colombia. Los análisis y opiniones no se hicieron esperar. La oposición ?a la que le fascina usar el prefijo narco (narcodictadura, narcocultivo, narcoguerrilla, narcoterrorista, etc.)? pegó el grito en el cielo y salió a decir que el aumento era producto del acuerdo de paz con la "narcoguerrilla" de las Farc: el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) habría incentivado el cultivo de la hoja de coca para que más campesinos pudieran acceder a sus asignaciones (alrededor de 36 millones de pesos por familia).

Por su parte, el Gobierno, en cabeza del vicepresidente Óscar Naranjo y del ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, salió a defender el programa y a matizar esa afirmación tan pobre por lo simple. Adujeron otras razones más convincentes, que de alguna manera dan cuenta de la complejidad del fenómeno: devaluación del peso frente al dólar, caída del precio del oro, suspensión de la aspersión aérea con glifosato y aumento del consumo de cocaína en Estados Unidos. Y presentaron la apuesta del Gobierno: la erradicación manual de 50.000 hectáreas y la reducción de otras 50.000 por medio de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó, a principios de julio, su informe trimestral haciendo un balance sobre la ambiciosa apuesta del Gobierno. En este informe, la FIP hace una serie de recomendaciones para que el Pnis no fracase. La recomendación más importante, y que responde a la pregunta de fondo para la FIP, es una verdad de Perogrullo: la necesidad de vincular el Pnis a la reforma rural integral. Y es que desde mediados de los años 80, cuando Estados Unidos enfocó su lucha antinarcóticos en Bolivia y Perú ?en ese entonces, los mayores proveedores de hoja de coca y de cocaína del hemisferio?, desplazando así el cultivo y la producción hacia Colombia, el desarrollo rural y los cultivos de coca han estado estrechamente vinculados.

No más pensar en el caso del Guaviare y las marchas campesinas de inicios de 1987; léase bien, 1987: como no hubo reforma agraria en Colombia, al Guaviare llegaron colonos de varios departamentos a tumbar monte y a sembrar cacao, plátano, yuca y maíz. Pero, la falta de carreteras les impidió vender sus cosechas, y estas se perdieron. A esas 'tierras de nadie' llegaron la guerrilla y los narcotraficantes con sus semillas de coca. Y con esta llegó la bonanza coquera hasta que se desplomaron los precios por el exceso de oferta. Y vino la crisis. Empezaron así las marchas campesinas organizadas por la Unión Patriótica. Y por fin llegó el Gobierno, con su Plan Nacional de Rehabilitación. Por eso es evidente que la integración de estos territorios a la Nación sea una deuda histórica por atender.

Pero, hasta acá solo he mencionado la etapa de la producción de la cadena productiva de la coca. Veamos el lado del consumo: este no ha hecho sino crecer. Además de Estados Unidos, que da cuenta de más del 40 % del consumo global de cocaína, los consumidores han aumentado en Europa, donde se paga mucho más por un gramo de cocaína que en Estados Unidos. Los consumidores latinoamericanos también van en aumento. Pero, cada país se inserta en la cadena productiva de manera diferenciada. Sin embargo, el Gobierno estadounidense ha llevado a cabo una lucha implacable contra el tráfico de drogas sin considerar esas particularidades, por no mencionar su histórica injerencia en estos países.

Y es que la lucha contra el narcotráfico solo ha producido el desplazamiento de los cultivos de coca y de las rutas de tráfico: el llamado 'efecto globo'. Para el año 2000, Colombia producía el 90 % de la producción mundial de coca. A partir de ese año evidenciamos un declive que correspondió al desmantelamiento de los grandes carteles de droga en los años 90. Los cultivos se movieron nuevamente a Perú y Bolivia. Este desmantelamiento hizo también que los 'cartelitos' mexicanos tomaran cuenta del negocio y de las rutas de tráfico. Precisamente, las violentas disputas entre carteles mexicanos por el manejo de las rutas corresponde a este desplazamiento. De nuevo, la intervención de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en México desplazó las operaciones de los narcotraficantes mexicanos a América Central. El negocio tiene pues un sorprendente nivel de adaptación geográfica.

La conclusión es evidente: no hay que dejar de aplaudir al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), pero se pone de presente que una política integral de lucha contra las drogas no puede centrarse solo en la producción o en el consumo, sino que debe atender toda la cadena productiva. Y, en esta cadena, los campesinos cultivadores de coca y sus familias han sido los que menos se han beneficiado del negocio, y sin embargo son los más estigmatizados. Es claro entonces que quienes ahora piden a gritos retomar la fumigación área no entienden la magnitud del problema.