Visita delegación de letrados a presos del Sahara.

Con fecha de hoy día 7 de abril se ha difundido por la Agencia Europa Press, y publicada por algunos medios de comunicación, un comunicado de protesta por una delegación de letrados que viajaron al Sahara para interesarse por la situación de 21 presos condenados por los disturbios en el desmantelamiento del campamento de protesta de Gdeim Izik en 2010, esta delegación, cuyo propósito es loable, por la preocupación en que se encuentran los citados condenados, no se corresponde con los fines de politización utilizados contrarios a la finalidad declarada.

Esta delegación que ha motivado la condena, de no haber sido admitida su permanencia en Marruecos, por parte de Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales y el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, habían convocado una rueda de prensa para "denunciar la injusticia sufrida por los detenidos saharauis". ¿En que se basan para hacer esta afirmación? La situación carcelaria es muy compleja y por supuesto de rechazo en su aceptación por parte de sus protagonistas, pero la adopción de una trágica decisión de mantener una huelga de hambre es personal y por supuesto motivada por causas subjetivas. En este caso de los 21 condenados por los incidentes de Gdeim Izik, 13 llevan un tiempo en huelga de hambre, para denunciar su encarcelamiento que consideran por motivos políticos y piden a las autoridades marroquíes que les dejen en libertad o sometan a nuevo a juicio.

Campamento de Gdeim Izik (antes de la evacuación) 

A este respecto convendría recordar que, como consecuencia de los gravísimos hechos ocurridos en el desalojo del citado campamento el día 8 de noviembre de 2010, y en el enfrentamiento con las Fuerzas del Orden, resultó la muerte de once agentes de las fuerzas de seguridad, otros 70 miembros de las citadas fuerzas, resultaron heridas y dos civiles saharauis murieron además ese día, uno de ellos como consecuencia de un accidente de tráfico de un vehículo policial en una avda. de Aaiún.

Que, de las diligencias practicadas y las investigaciones realizadas, fueron detenidos y juzgados, veinticinco activistas saharauis, uno de ellos en rebeldía (busca y captura) cuyos cargos, que según el tribunal fueron probados, eran delitos de, formación de banda criminal, violencia contra la fuerza pública, con resultado de muerte y mutilación de cadáveres. Tras nueve sesiones, en la madrugada del domingo 17 de febrero de 2013, el Tribunal dictó sentencia.

La situación carcelaria es muy compleja y por supuesto de rechazo en su aceptación por parte de sus protagonistas,

La Justicia marroquí, respetó el procedimiento, no solo en cuanto a actuación del proceso, como así fue reconocido por los diversos medios informativos españoles que tuvieron la libre asistencia de sus corresponsales, sino también en cuanto a la aplicación de la Ley, que es la garante de la defensa de los Derechos Humanos.

Por todo ello la actitud de este grupo de letrados que ha protagonizado el hecho de la denegación de permiso para la permanencia en Marruecos está claramente politizada por tratarse del territorio del Sahara Occidental, ya que de no ser así podrían adoptar la misma postura con las personas privadas de libertad en cárceles o establecimientos penitenciarios, de otros lugares manifiestamente conflictivos de Hispanoamérica, extremo Oriente e incluso en otros países de oriente Medio de demostrada situación, respecto al cumplimiento de los Derechos Humanos.

En un proceso como el desarrollado en este trágico suceso, debe primar la administración de Justicia y no la política, que debe transcurrir por otros cauces.

Las Palmas a 7 de abril de 2016