La delincuencia juvenil o de menores de edad en su mayoría adolescentes, no es propia de una cultura o país en especial, ni de la época actual, data de muchos años inclusive, antes de Cristo cuando los Romanos estudiaban la forma de controlar estas conductas en los jóvenes y evidenciaban una clara responsabilidad atenuada. Después de tantas épocas, pero a su vez, en un período distante al de hoy, Las Naciones Unidas, principal organismo de la comunidad internacional, en su informe de 1960-1964, es decir, hace unas seis décadas, señalaba la delincuencia de menores de edad como un problema grave y un fenómeno que se daba en los países más desarrollados.

Hoy, la primera pregunta que nos hacemos todos los que hemos realizado estudios o trabajos de investigación en el tema es ¿cuándo estamos ante la figura de un delincuente juvenil?, y para responderla se debe separar los prejuicios sociales sobre la moda de vestir de los jóvenes, su forma de expresarse, extravagancias, entre otras características, y limitarse a investigar los hechos y transgresiones a la ley penal para poder identificarlos y encausarlos como delincuentes, por claras conductas de inadaptación social que hayan violado normas penales establecidas.

¿Cuál es la verdadera necesidad, castigar o resocializar?

En nuestras sociedades, cada vez que se difunden noticias acerca de la delincuencia perpetrada por menores de edad, especialmente cuando se trata de acciones atroces de alto impacto y conmoción social, se genera nuevamente el debate sobre qué se hace con estos delincuentes juveniles. La respuesta en común de la ciudadanía, pero, de los que no necesariamente son expertos en materia de niñez y adolescencia, es que “los menores de edad deben ser castigados como adultos”, lo que indica un clamor popular debido a una impotencia generalizada y sed de certeza del castigo.

Sin embargo, más allá de la percepción colectiva subjetiva, o de lo que puedan publicar medios de comunicación y redes sociales, esta problemática debe estudiarse con serenidad y objetividad por razón de que el mayor porcentaje de los jóvenes que delinquen viven en situación de riesgo con múltiples factores en su contra, entre ellos la baja escolaridad, falta de oportunidades y condición de pobreza, a saber, son el reflejo de comunidades complejas y marginadas, donde tanto los Padres o tutores como el Estado no han logrado cumplir la responsabilidad de su protección, encaminándolos a ser víctimas de la sociedad.

Ciertamente, los menores de hoy al igual que los de todas las épocas, son parte o producto de una sociedad de adultos que han sido el espejo de ellos en todo sentido, incluyendo su comportamiento. La práctica de actitudes insensibles, déspotas y degradantes dan el mal ejemplo que, confrontado con la conducta juvenil, vemos donde se deriva la imagen y semejanza, debido al cultivo de antivalores como el egoísmo, la avaricia, el materialismo y prácticas de malos hábitos y costumbres entre otros factores.

Los especialistas en trabajar con menores infractores de la ley por motivos de objetividad y racionalidad siempre buscarán identificar al joven que se hace un delincuente socializado o habituado, porque se encuentre perturbado emocionalmente o cuando comete delitos por una necesidad obvia de subsistencia. La tarea es compleja, pero se debe profundizar en ella para establecer las clasificaciones adecuadas con fines de lograr la resocialización y reinserción social de estos jóvenes en su mayoría en situación de riesgo.

Concepto de “Resocialización”

La resocialización es entendida como el proceso por el cual los jóvenes aprenden nuevas normas, reglas y expectativas de comportamiento que les ayuda a obtener lo que necesitan sin violar los derechos de los demás, de esta manera, todos los programas de resocialización que se cumplen en la fase de ejecución de la sanción, tienen entre sus principales propósitos permitir al joven sancionado el desarrollo de todas sus capacidades y potencialidades, igualmente, afianzar su sentido de responsabilidad, con el fin de que pueda alcanzar una vida futura sin delito, además, el sistema beneficia a la sociedad reduciendo índices de reincidencia delictiva.

En ese sentido, todo proceso resocializador con privados de libertad, persigue o tiende a introducir al joven en el desarrollo pedagógico de la responsabilidad, tomando como guía el principio del carácter integral de la atención interdisciplinaria que debe recibir en los centros de cumplimiento por parte de un equipo de especialistas que satisfaga sus necesidades sociales, psicológicas, recreativas, educativas, de salud y otras.

Muchos expertos han manifestado que, a la juventud, sobre todo la que ha caído en la delincuencia, hay que brindarle espacios positivos para que puedan desarrollarse en un ambiente sano y reforzar los valores de responsabilidad, el respeto, la tolerancia y el trabajo digno.

Orientación de la justicia juvenil en la prevención del delito

En lo que concierne a los adolescentes, el enfoque de la legislación punitiva que le es aplicable, debe considerar que los menores de edad son personas en desarrollo psicosomático que por tal razón, no comprenden plenamente las normas de la sociedad en la que existen, lo que coloca a este derecho penal adolescente con una finalidad pedagógica y curativa que recurre a la privación de libertad ambulatoria como última opción. Pulse aquí para ver un modelo de buenas prácticas ejecutado en el centro de cumplimiento de Pacora de la República de Panamá gracias al apoyo de la cooperación internacional. 

Cuando el joven o adolescente entra en el campo de las infracciones o violaciones a la ley penal al cometer una conducta delictiva y es objeto de una sanción, la ley contempla todo un conjunto de medidas que van encaminadas a su reinserción social.

Un trabajo en equipo entre el hogar y el centro educativo será capaz de prevenir de manera oportuna los problemas de conducta en niños y adolescentes

El sistema de justicia penal juvenil que instituye la ley, se sustenta en tres pilares fundamentales:

• La educación del individuo en los principios de justicia.
• La defensa de la sociedad y la seguridad ciudadana.
• La resocialización de los infractores.

Siguiendo las ideas, hay que analizar la pregunta clásica, ¿qué deberíamos hacer? una interrogante simple, pero compleja a la vez, aunque pienso que se debe comenzar con capacitar y motivar a padres y madres a mantener un mejor control sobre sus hijos y en la intervención interinstitucional se deben generar todo tipo de eventos sociales, culturales y deportivos, con el fin de optimizar el tiempo libre de los menores de edad y adolescentes en actividades positivas que impidan su acceso a organizaciones criminales o las conocidas pandillas del crimen.

La finalidad de la sanción, por tratarse de personas jóvenes o adolescentes es lograr su resocialización, de modo que se asegure su reinserción en la familia y en la sociedad, a través del aprendizaje de una actitud constructiva en relación con su entorno. La reeducación del adolescente sancionado, asegura que el mismo reciba la atención integral psicosocial adecuada, de manera que pueda reincorporarse a la sociedad. Todos debemos colaborar en esta noble misión.

De qué manera contribuye la familia y comunidad en la prevención de la delincuencia juvenil

En cuanto a “lo que la comunidad puede realizar” hay que señalar que son muchos los roles de corresponsabilidad social que aportan en el fortalecimiento de cualidades y buenas costumbres de los menores de edad y adolescentes. Los líderes comunitarios contribuyen promoviendo todo tipo de actividades recreativas y culturales por mencionar algunas, también, los centros educativos, a través de los maestros y profesores inculcando valores morales a los estudiantes, las instituciones religiosas donde sus líderes y guías inculcan virtudes espirituales y coadyuvan en mejorar otras actitudes en los jóvenes, las organizaciones cívicas en su creatividad de programas benéficos y sociales tienen mucho que aportar, de manera que, la comunidad juega un rol primordial a favor de la adaptación social de los menores y adolescentes.

Pero en el ámbito familiar debe existir un canal abierto y permanente de comunicación entre el hogar y el centro educativo. Los padres tienen que involucrarse en la vida académica, social y en la disciplina de sus hijos. No pueden abandonar a los maestros en el cumplimiento de estos propósitos y cuando observan ciertas reacciones irregulares de sus hijos en el manejo de la ansiedad, hay que comunicarlo de inmediato a la escuela para que los profesores estén anuentes a la situación y también a la inversa. Los docentes deben informar a los padres si hay alguna dinámica diferente a la que el niño siempre realiza, es decir, estar atentos en lo que ocurre y aconsejar al respecto.

Un trabajo en equipo entre el hogar y el centro educativo será capaz de prevenir de manera oportuna los problemas de conducta en niños y adolescentes y así evitar situaciones extremas que los lleven a la comisión de delitos.

Los programas preventivos llevados a cabo por los servicios policiales con enfoque comunitario, de proximidad y especializados en niñez y adolescencia, intervienen activamente en la comunidad y son de valioso aporte. Algunos de los que promueven la prevención de delitos en menores de edad y adolescentes son aquellos orientados al desarrollo humano, entre varios implementados en Panamá y otros países latinoamericanos tenemos: Jóvenes Contra el Delito (JOCODE), Educación y Entrenamiento para la Resistencia a las Pandillas (G.R.E.A.T.), el programa de Educación para resistir el Uso y Abuso de las Drogas (D.A.R.E.), Promotores Policiales en prevención del uso y abuso de las drogas (PIDRO) y Niños Seguros.

Los instructores de estos programas le brindan capacitaciones al estudiantado sobre tomar buenas decisiones, comunicarse claramente, controlar la ira, respetar al prójimo, ser un buen ciudadano, la verdad acerca de las pandillas, responder a la presión de grupos, el papel que desempeñan los estudiantes en la escuela y comunidad entre otras, en tanto, también existen programas dirigidos a los padres de familias.

Concluyendo la opinión:

Las nuevas concepciones, se enfocan en analizar por un lado la inestabilidad que pueden presentar los Padres de familia, pero por el otro, la necesidad de los menores y adolescentes de vivir nuevas experiencias. Para el Estado, es de vital importancia establecer programas preventivos aplicados tanto a los Padres como a sus hijos para abordar y dar cobertura al problema de una forma integral que limite el acceso de la niñez y adolescencia a grupos criminales.

La amenaza global del crimen organizado y su bastión, “el narcotráfico” es el mayor desafío de control en la región Latinoamericana y del Caribe de orden transnacional y transfronterizo, producto del trasiego ilegal de drogas cuyo origen es suramericano y el tráfico ilegal de armas de fuego que proviene mayormente de Norte América.  

La población vulnerable reclutada permanentemente para estos fines ilícitos son los niños, niñas y adolescentes. Por esto, es imprescindible determinar las causalidades que los hacen más vulnerables y cómo se ejerce la influencia para que un menor de edad caiga bajo la tutela de una pandilla criminal, o sea, las razones que origina su acceso a los grupos criminales haciéndolos esclavos del dosier de actividades ilícitas que llenan de luto y dolor a las familias de nuestros pueblos, aumentando las estadísticas regionales y mundiales con los peores crímenes. En la identificación y la consistente aplicación de las mejores estrategias de protección y rescate de la niñez y adolescencia nuestras naciones alcanzarán cumplir con objetivos de desarrollo humano con sostenibilidad y visión de futuro.

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