Organizaciones de derechos civiles informaron hoy que demandarán al alguacil del condado de Frederick, Maryland, por presunto racismo en el arresto de una latina a la hora de su almuerzo. La demanda alega que mientras Roxana Orellana comía un emparedado a la hora del almuerzo el 7 de octubre del año pasado, dos policías la interrogaron respecto a su condición migratoria, la detuvieron y la trasladaron al Servicio de Inmigración y de Aduanas (ICE). Orellana pasó varias semanas en custodia del ICE, dejando a su niño pequeño en casa, de acuerdo con los demandantes. El interrogatorio y la detención se basó en la "apariencia étnica" de Orellana, quien no había cometido ningún delito, dijo José Pérez, consejero de LatinoJustice - Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y la Educación (PRLDEF). LatinoJustice-PRLDEF, CASA de Maryland y la firma Nixon Peabody LLP presentarán este martes una demanda ante la corte federal en Greenbelt, Maryland, contra el alguacil Charles Jenkins por violación de los derechos de Orellana. La demanda alega que Jenkins excedió el acuerdo con el ICE bajo el programa 287 (g) que permite la colaboración de la policía local con las autoridades federales de inmigración. Las acciones del alguacil violan el Artículo VI de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 así como la Cuarta y Decimocuarta enmienda de la Constitución que protege de la discriminación, pesquisas y detención arbitraria, indicaron los demandantes. "Encuentro repugnante de que en Maryland alguien haya sido encarcelado porque estaba afuera comiendo un sándwich", dijo Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland. "Me enferma pensar que un niño de tan sólo dos años de edad estuvo sin su madre por 46 días y todo porque el sheriff (alguacil) Jenkins no respetó la ley", puntualizó. John C. Hayes, de la firma Nixon Peabody, manifestó que "esta manera de aplicar la ley donde un grupo de personas son perseguidas únicamente por el color de su piel no tiene lugar en Estados Unidos". "Se requiere gran valor y perseverancia por parte de una víctima para demandar igualdad ante la ley y así poner fin al trato discriminatorio para todos los que viven o trabajan en el condado", enfatizó. La Oficina del Alguacil todavía no ha emitido una reacción ante la demanda. Notimex dejó un mensaje con una vocera de la dependencia.