Un exjefe paramilitar de Colombia requerido por Interpol por casos de homicidios y desapariciones fue detenido en Panamá en una operación conjunta entre autoridades de ambos países, informó este viernes el director de la Policía Nacional colombiana, Rodolfo Palomino.

Armando Pérez, alias Omega o Camilo, había sido dirigente de un bloque de milicias de extrema derecha al que se le adjudican más de 5.000 homicidios en el noreste de Colombia, señaló Palomino durante una conferencia de prensa, acompañado del ministro de Seguridad Pública de Panamá, Rodolfo Aguilera.

"El grupo del Consejo de Seguridad Nacional de Panamá lo detuvo en cumplimiento de una circular roja emitida por Interpol y lo dejó a disposición de investigadores colombianos", informó luego la Policía Nacional en un comunicado, sin precisar cuándo ocurrió el arresto.

"Contra alias Camilo hay 81 órdenes de captura vigentes por delitos como homicidio, desaparición forzada y otros de lesa humanidad; además, tiene cuatro condenas ejecutoriadas que suman 120 años de cárcel, por su participación en las masacres de Tibú y La Gabarra, ocurridas entre los años 1999 y 2000", añadió la Policía.

Las autoridades aseguran que Pérez, también conocido como "El Monstruo de Catatumbo", se encontraba desde hace cuatro años en Panamá, desde donde coordinaba envíos de droga de Colombia hacia Centroamérica y Europa.

Pérez, que fue el segundo al mando del bloque Catatumbo de las ya extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), había participado en un proceso de desmovilización en 2004, pero después de un año de colaborar con la justicia se escapó y conformó una banda dedicada al tráfico de drogas en el norte del país.

Entre 2003 y 2006, unos 32.000 paramilitares se desmovilizaron masivamente en un acuerdo alcanzado con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). Unos 1.700 permanecen en cárceles colombianas, según datos de la Fiscalía.

En su lucha contra las guerrillas de izquierda, en el marco del conflicto armado colombiano, los paramilitares cometieron atroces crímenes en contra de la población civil.

El gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC negocian desde noviembre de 2012 en Cuba un acuerdo de paz para poner fin a más de 50 años de un conflicto armado que ha involucrado a guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y agentes del Estado, dejando unos 220.000 muertos y 5, 3 millones de desplazados, según cifras oficiales.