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Domiguez Brito habla de garantías constitucionales con los empresarios

30/05/2013 16:08 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

image Francisco Dominguez Brito

Discurso pronunciado por el procurador general, Francisco Domínguez Brito, al encabezar almuerzo de la Cámara Americana de Comercio.

Hacia una nueva ola de reformas del sistema de Justicia en la República Dominicana.

La República Dominicana, al final de la década de los 90 y principio del 2000, conoció de una gran ola de reforma dentro del sistema de administración de Justicia.

En este sentido, se designó una Suprema Corte de Justicia, de conformidad con la Constitución de 1994 y rompiendo todos los parámetros establecidos hasta la fecha en una selección de este tipo. Se aprobaron las leyes de Carrera Judicial y del Ministerio Público, se estableció un nuevo sistema de registro inmobiliario, se creó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y se instaló el Nuevo Modelo Penitenciario.

A raíz de la reforma de la Constitución dominicana en el año 2010, se abrió otro proceso normativo e institucional que trajo consigo nuevos órganos jurisdiccionales, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, así como garantías institucionales de los derechos fundamentales, como lo es el Defensor del Pueblo, que ya había sido establecido por Ley y que fue recientemente designado por el Senado de la República.

Igualmente, se ha edificado todo el sistema constitucional y de derechos fundamentales, especialmente con la inclusión de nuevos procedimientos y mecanismos de garantía de la supremacía constitucional, a la vez que se constitucionalizan aquellos que anteriormente habían sido previstos por ley, como es el caso de la garantía de amparo.

Todas estas medidas han constituidos pasos sustanciales de avance respecto al desarrollo del sistema de administración de justicia dominicano.

Sin embargo, es momento de una nueva ola de reforma, orientando a cimentar en forma plena los logros significativos que se han producido hasta el momento, a la vez que busque nuevos pasos y mecanismos que promuevan un cada vez mejor y más eficiente, sistema de Justicia.

Una reforma que si bien es cierto debe comprender elementos normativos, no menos cierto es que debe concentrarse en el ser humano. Una ciudadanía compuesta sobre todo por los más pobres y los que luchan por emprender proyectos de vida. Humana porque los actores deben ser el eje de la reforma.

Hace falta un cambio cultural. La nueva reforma debe estar marcada por un cambio de actitudes donde valores como la disciplina y la capacidad constituyan la principal transformación. Donde entendamos que la calidad y honestidad de nuestras decisiones es primordial.

La nueva ola de reforma debe estar marcada por la independencia, pero no solo de los actores del sistema, sino también de los usuarios y sobre todo la sociedad civil organizada. Esta nueva ola de reforma debe tocar lo sencillo, lo habitual o lo cotidiano, por eso pretendo abordar de esa forma tres aspectos fundamentales:

Primero, la seguridad ciudadana como un derecho fundamental. Segundo, el ser humano como sujeto de derecho civil y productivo. Y tercero, la transparencia como parte esencial de los derechos de los ciudadanos.

En breves puntos trataré de ofrecer mi visión en torno a cual debe ser el camino que encauce esa nueva ola de reforma.

A) Seguridad ciudadana.

La Constitución de la República Dominicana, en su título II, establece claramente los derechos, garantías y deberes fundamentales.

En ellos el derecho a la vida y a la dignidad humana son prioridad.

El artículo 42 establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia.

Igualmente, la Constitución establece que el Estado debe garantizar la protección a la propiedad de los ciudadanos.

Como vemos, los derechos fundamentales establecen que tenemos derecho a vivir en paz, que nadie me mate, que mis hijos no sean violados y que nadie me robe lo que he logrado con mi esfuerzo.

La mayoría de los dominicanos requieren y demandan cambios legales y acciones que garanticen estos derechos, que protejan nuestra cotidianidad.

La violencia y la inseguridad, en nuestras sociedades contemporáneas, constituyen un problema complejo, con múltiples determinaciones y condicionantes. Los esfuerzos de los Gobiernos y la sociedad para reducir los niveles de violencia e inseguridad ciudadana, deben asumir esa complejidad e intentar promover los procesos que conducen a prevenir y reducir los factores generadores de violencia e inseguridad.

Al mismo tiempo se requiere fortalecer las capacidades y posibilidades de reprimir y de castigar a los delincuentes e infractores, y asegurar que serán debidamente sancionados con base al marco legal y con respeto a sus derechos.

Un aspecto no secundario, es fortalecer la no tolerancia social ante los delitos de cualquier índole. Una sociedad que tolera y a veces reconoce y admira a quienes delinquen, sean delitos con violencia, delitos de cuello blanco, privados o contra la cosa pública, no contribuye en absoluto a reproducir un clima de seguridad ciudadana.

Es cierto que prevenir estos males sociales, requiere mejorar la calidad de vida de toda la población, construir ciudadanía activa y participativa y ampliar las posibilidades y oportunidades de ejercer un trabajo digno que permita desarrollar las familias, así como premiar y reconocer socialmente los esfuerzos y resultados de una vida de trabajo, de esfuerzo familiar y comunitario.

Al mismo tiempo, requiere fortalecer la percepción social de que delinquir conlleva sanciones, que los responsables son debidamente identificados, enjuiciados y sancionados, de forma que resulte disuasiva para otros potenciales delincuentes.

Esto requiere de una Policía que inspire más confianza en la ciudadanía, con capacidad de investigar, y de detener a los presuntos responsables. De un Ministerio Publico con capacidad para investigar y desarrollar expedientes firmemente sustentados en evidencia. De un sistema judicial confiable, probo, con capacidad de sancionar con justicia, así como de un sistema de rehabilitación efectivo.

La prevención no se limita por tanto solo a elevar la calidad de vida y oportunidades, pero esto resulta indispensable. Las políticas sociales, desde esta perspectiva, son instrumentos esenciales para la prevención del delito y la seguridad ciudadana.

En el actual gobierno tratamos de articular las políticas sociales para mejorar la calidad de la vida, con las políticas económicas, para generar puestos de trabajo dignos y una economía incluyente y de crecimiento estable y sostenido, menos vulnerable, con políticas dirigidas a avanzar hacia una administración pública más efectiva y más transparente.

Podemos decir que la primera política social son los esfuerzos por generar unos 400, 000 puestos de trabajo dignos, especialmente orientados a la juventud, las mujeres y sectores relegados. Para eso se esta impulsando políticas de financiamiento y apoyo técnico para las pequeñas y medianas empresas, la agropecuaria, la construcción, el emprendedurismo individual y asociativo y otras ramas que generan ocupación intensiva de mano de obra, al mismo tiempo que avanzamos hacia la conformación de un sistema nacional de capacitación para el trabajo.

Las políticas sociales, que son fundamentales para promover un buen clima de seguridad ciudadana, todo en el marco de un esfuerzo por una economía más diversificada e incluyente, pueden ser clasificadas en dos grandes campos.

Las políticas sociales con vocación universal, que atienden a derechos básicos de toda la ciudadanía, y las políticas sociales que son focalizadas en quienes tienen menos capacidades y oportunidades para elevar su calidad de vida.

Entre las políticas sociales de vocación universal, se destacan educación, salud y seguridad social. Entre las políticas focalizadas debemos considerar las que son focalizadas a nivel de individuos y familias mas vulnerables, tales como la alfabetización (Quisqueya Aprende Contigo), las transferencias condicionadas (Comer es Primero, Bono Gas, Bono Luz, Bono estudiantil y otros), y las que focalizan en territorios y comunidades mas vulnerables, entre ellas el Plan de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia (Quisqueya Empieza Contigo), y los proyectos de Desarrollo Local Integral (Quisqueya Somos Todos) que acompañan la estrategia de Vivir Tranquilo, recientemente anunciada por el Sr. Presidente, como parte del Plan de Seguridad Ciudadana.

El sistema educativo tiene una oportunidad histórica. Por una parte, el Gobierno se ha comprometido y ha cumplido, con asignar el 4% del PIB para la educación preuniversitaria. Esto significó casi duplicar el presupuesto del Ministerio de Educación en este primer año de gobierno.

Este marco de asignación de recursos es clave para los esfuerzos por transformar el sistema educativo, ampliando su cobertura, reduciendo los factores que expulsan a nuestros muchachos y jóvenes de la educación y elevando la calidad y resultados de la educación y aprendizaje.

Tres columnas son clave para reformar nuestra educación preuniversitaria. Por una parte, es necesario ampliar la jornada. Es vergonzoso que algunos estudios encuentren que el promedio de la jornada en la educación básica es alrededor de dos horas diarias. Así, es simplemente imposible lograr elevar la calidad de los resultados. La meta trazada por el Gobierno para estos 4 años es lograr que el 90% de los escolares de educación básica tengan una jornada extendida de al menos 6 horas diarias.

Pero para ampliar y enriquecer la jornada es necesario disponer de suficientes aulas y ambientes escolares. La mayoría de nuestras aulas están sobre utilizadas, con dos y tres turnos, Para ampliar la jornada necesitamos descongestionar las aulas. Por eso el gobierno se ha trazado la meta de construir este año 10, 000 nuevas aulas, 10, 000 mas el próximo año y unas 8000 en el 2015.

El otro pilar es la calidad de los maestros y el enriquecimiento del currículo. La estrategia básica planteada es la certificación, combinada con estímulos para elevar la calidad y para atraer a la docencia a profesionales de calidad. Se aspira a certificar varios miles de educadores.

La salud, la seguridad y protección social son indispensables para elevar la calidad de vida de la población y garantizar la protección de los más vulnerables. La seguridad ciudadana requiere de un adecuado sistema de protección social. El deterioro de la calidad del trabajo, la inestabilidad laboral, la incertidumbre ante el futuro y la vejez, son reproductores sociales de la inseguridad y la violencia.

He tomado un poco de su tiempo haciendo referencia a las políticas sociales que pretendemos llevar a cabo, pues solo con la esperanza para nuestros jóvenes que entiendan que con esfuerzo y dedicación se puede triunfar, podremos llevar con éste éxito una política de respeto a la seguridad integral de la ciudadanía.

Ahora bien, esto no basta. Hace poco mientras visitaba un centro correccional de menores conversaba con un grupo de muchachos sobre las motivaciones de diferentes robos, atracos a mano armada y homicidios y la respuesta fue la vanidad.

Me quedé un poco perplejo pues no entendí esa frase tan simple y pregunté ¿Cómo así? Me contestaron que querían dinero para ropas, pasolas que preparan para hacerlas más veloces, y poder conseguir muchachas que le hicieran caso, pues si no tienen ciertas facilidades, las jóvenes tampoco los miran.

Dos de ellos atracaron una banca de apuestas y los 600 mil pesos que robaron, tan solo les duró unos tres meses, no hubo ayuda a sus padres ni mejora en sus viviendas. Pero mucho menos el pago de una mensualidad a la universidad o algún curso que los pueda ayudar a formarse de cara al futuro.

Así es la conducta de la mayoría de las grandes bandas de atracadores, todos culminan presos o muertos, o simplemente sumidos en la más absoluta de las miserias.

La protección social es importante, pero educar y formar en base a valores todavía lo es más. Hacia allí tenemos que caminar y el sistema de educación debe jugar un papel clave junto a la familia. Ambas instituciones atraviesan dificultades, pero debemos reinventarnos, cargarnos de ánimo y jugar el rol que nos corresponde.

Una política de protección social y promoción de valores, es fundamental, pero no suficiente. Necesitamos de una gran reforma en todo el sistema. La Policía Nacional requiere un cambio en su normativa y nuestro Congreso está apoderado de la misma. Pero la reforma más importante es la de la calidad humana, dentro de la cual se logre un cambio de visión con el objetivo de fomentar el acercamiento a la ciudadanía; que genere confianza, que la gente se sienta bien acudiendo a los agentes del cuerpo del orden. Una policía honesta que sienta orgullo de sí misma, que no sea confundida con delincuentes en ningún caso.

Esta nueva ola de reformas debe procurar una Policía más capacitada, tanto para administrarse a sí misma en materia financiera, como en los recursos humanos. Pero sobre todo más capacitada para resolver los casos que evitan la impunidad.

Cuando analizamos la tasa de impunidad en materia de sicariato y homicidio planificado es sumamente alta, pero cuando analizamos la tasa de impunidad en materia de secuestros el trabajo es excelente. Lo que quiere decir es que, podemos si nos proponemos.

Lo mismo sucede con la normativa penal.

La legislación dominicana amerita de nuevas transformaciones, tanto como forma de concretizar el nuevo orden constitucional, como también para dar respuestas a la problemática actual que se presenta al país.

Contamos con un Código Penal del siglo XIX que ya resulta verdaderamente desfasado para proscribir las conductas lesivas a la sociedad dominicana de hoy. Desde hace tiempo se debate en torno una reforma del mismo, siendo ya tiempo de que la misma se haga definitiva.

En el Congreso Nacional reposa el proyecto de ley que reformaría el Código Penal de la República. Entre algunos de los puntos importantes que el mismo supondría, están la inclusión explícita de los principios fundamentales del derecho penal, siguiendo con la lógica del Código Procesal Penal actual. Así mismo la configuración de nuevos tipos penales que den al traste con realidades actuales que generan una alta consternación social. Entre estos tipos penales estarían el sicariato, los feminicidios, las lesiones con ácido del diablo y todo un nuevo régimen de delitos contra la propiedad adecuado a la complejidad de hoy en dicho sentido.

En ese orden, se ha propuesto una nueva clasificación de la pena y se ha elevado el tiempo máximo de la misma. La actualmente ausente figura del autor intelectual estaría establecida de aprobarse definitivamente el proyecto de reforma del Código Penal, pudiendo ser juzgados los mismos en calidad de autos con una pena mayor, y no como cómplice tal cual se contempla con el Código vigente.

Por otro lado, si bien tenemos un Código Procesal Penal que no data de tanto tiempo como pasa con el Código Penal, es preciso que se adecúe el mismo en base a la experiencia que ha traído consigo su funcionamiento.

Igualmente se encuentra en el Congreso Nacional un proyecto de ley orientado a hacer más eficiente y mejor ciertos aspectos de este Código Procesal Penal.

Entre las propuestas de reformas que podemos resaltar están ciertos cambios a las infracciones de acción privada y las infracciones de acción pública a instancia privada; la ampliación de los derechos de las víctimas, entre ellos el derecho a estar provistos de un abogado tal cual como el imputado; un nuevo régimen de calidad para querellarse; la ampliación de los criterios a tomar en cuenta para determinar el peligro de fuga de un imputado, haciendo especial énfasis en los casos de reincidencia; la extensión del cese de la prisión preventiva de 12 a 18 meses, permitiendo un mayor tiempo para concluir procesos que pueden tornarse complicados; y el procedimiento penal directo, que tiene como principal objetivo la celeridad de los procesos que tienen que ver con determinados tipos de delitos que no generan una gran afectación social.

Siguiendo en esta vertiente, otra iniciativa de suma importancia lo es la Ley de Extinción de Dominio.

Bajo la normativa actual se dificulta la recuperación de bienes y activos productos de actuaciones ilícitas, especialmente porque a tales fines debe ser probada la culpabilidad de alguien en la comisión de dichas actuaciones. Con la Ley de Extinción de Dominio no sería necesario juzgar la culpabilidad de la persona en orden de poder recuperar bienes, sino que se crea la posibilidad de hacer un juicio a esos bienes siempre que los mismos tengan una procedencia sospechosamente ilícita y su supuesto propietario no pueda probar la licitud de los mismos.

Con esta nueva modalidad el Estado podrá agenciarse de un mecanismo mucho más efectivo en orden de atacar a los perpetradores de los delitos económicos y el lavado de activos por donde más les duele: el bolsillo.

Finalmente quiero reiterar que la seguridad ciudadana constituye uno de los principales derechos fundamentales. Este envuelve la vida y la libertad o más bien la integridad en el sentido más amplio.

La nueva ola de reforma debe cambiar el sistema pero sobre todo, las actores debemos cambiar para promover esperanzas y alternativas pero igualmente para poder prevenir con eficacia y sobre todo castigar cuando se requiera

b) Del nuevo ejercicio de nuestra ciudadanía.

El sistema normativo en materia de derechos en nuestra vida civil, en cierta forma ha evolucionado. No bastan los derechos fundamentales, hay otros derechos que queremos ejercer plenamente, son los del día a día, comprar sin que me engañen, sacar un acta de nacimiento, en fin, mi cotidianidad.

Si decidir casarse es difícil, a veces no queremos y si queremos, a veces no podemos o tenemos acta de nacimiento o dinero. Pero lo difícil es el divorcio.

Muchas veces demandar en cobro de pesos es más caro que lo me deben. Constituirme en parte civil por robo es casi un crimen contra el patrimonio de la víctima.

En este ámbito se presentan los mismos escollos que en el ámbito penal, a saber la vigencia de un Código Civil que data de la época decimonónica, que si bien ha podido adaptarse en una forma impresionante al pasar de los tiempos, hoy por hoy resulta desfasado y en muchos aspectos contradictorio con un nuevo orden de derecho que se ha ido erigiendo de la mano del constitucionalismo y que representa una transformación en la concepción del derecho privado.

Al igual que con el Código Penal, la reforma del Código Civil lleva años debatiéndose, siendo ya preciso que el proyecto de reforma de dicho Código sea aprobado, permitiéndonos contar con una nueva normativa acorde a los nuevos tiempos y que concretice innovaciones de nuestra Constitución, como los efectos jurídicos de la unión de hecho, entre otros.

Así mismo se hace necesaria la reforma del Código de Procedimiento Civil, procurando que con la misma puedan eficientizarse y agilizarse los procesos en esta materia, muchos de los cuales actualmente se caracterizan por lo tediosos que son y la lentitud con que transcurren.

Debemos destacar la importancia de desarrollar alternativas que permitan desjudicializar la justicia civil y comercial. Durante el año 2012 las jurisdicciones civiles y comerciales conocieron más de 54, 800 casos. Llama la atención en estos datos estadísticos que más de un 40% de los mismos correspondieron a divorcios, por causas determinadas y por mutuo consentimiento; un 12% correspondió a demandas por daños y perjuicios y un 10% a cobro de pesos. Es preciso seguir desarrollando, de manera institucional, la mediación y la conciliación para los aspectos civiles que permitan restablecer la armonía perdida como consecuencia del conflicto que divide las partes, muy especialmente en los asuntos relativos a divorcios que afectan directamente el normal desenvolvimiento de la familia.

Ahora bien, voy de nuevo a los actores. Existe una cultura del aplazamiento y burocracia. Una reforma debe hacerle la vida más fácil al ciudadano. Los casos no pueden durar tanto, ni ser tan costosos.

El sistema de administración de justicia debe entender que lo más importante es buscar la verdad, más que concentrarse en los formalismos.

En lo que respecta a la materia comercial, el país ha dado avances recientes de suma significación, como son la Ley de Sociedades Comerciales y de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, la Ley de Arbitraje, toda la normativa relativa al Fideicomiso y las modificaciones a la Ley de Cámaras de Comercio. Es deber de todos poder desarrollar con total plenitud estos nuevos instrumentos que propician una mejor regulación del sector comercial.

En el área comercial debemos seguir promocionando y crear la consciencia de la importancia del arbitraje para la solución de los conflictos, de tal forma que la actividad comercial se vea menos entorpecida en ocasión de un diferendo. Por medio del arbitraje, voluntariamente aceptado por las partes, es posible la solución del conflicto sin el exceso de publicidad o complicaciones judiciales que afectarían considerablemente la relación de las partes. Cabe destacar en este sentido que hoy en día contamos con la ley 489-08 sobre arbitraje comercial, una excelente herramienta para el desarrollo del arbitraje ad-hoc. De igual forma, en el orden institucional, es importante resaltar los aportes al desarrollo del arbitraje que ha hecho el Centro de Resolución Alternativa de Conflictos de la Cámara de Comercio y Producción.

Una propuesta interesante en este ámbito lo es el proyecto de ley de Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial. Con la aprobación de este proyecto se dota al país de herramientas legales que permiten el desarrollo de un ambiente de negocios predecible, transparente y flexible, a la vez que facilita el establecimiento, la operación y la reorganización o disolución de los negocios.

Los sectores económicos productivos representan un eje esencial para el buen funcionamiento de la sociedad, por lo que se hacen necesarias normativas como ésta para salvaguardar y proteger los comerciantes, las empresas, los acreedores y la economía, mediante un soporte adecuado a las empresas con dificultades financieras.

Por otra parte, no quiero dejar de referirme al derecho a la propiedad inmobiliaria titulada.

La Constitución dominicana establece en su artículo 51 que el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad, a la vez que promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada.

Con sus sombras y luces la reforma inmobiliaria en la República Dominicana ha sido un paso de mejoría sustancial en esta materia. Si bien los procesos inmobiliarios aún resultan dilatados y lentos, nunca en la magnitud, al menos para todos, anterior a la reforma. Sin embargo se precisa mejorar en este sentido, haciendo énfasis en la calidad del servicio y la atención al usuario.

Concretizando un mandato de la Constitución dominicana de 2010, se pretende promover en una forma ágil y efectiva el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada por parte de la población, especialmente respecto a aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por su condición socioeconómica.

Un pobre ve imposible poder sacar un título. Deslindar un terreno le cuesta más caro que la misma propiedad. Es por tanto que necesitamos trabajar para facilitarles el acceso a sus títulos de propiedad, para que como consecuencia de esto puedan acceder a créditos y emprender formas de desarrollarse.

Hay personas que tienen más de 50 años residiendo en barrios marginados y no han podido obtener un título de propiedad. Por poner un ejemplo, Los Alcarrizos tiene una población de más de doscientos mil personas sin propiedad inmobiliaria titulada.

Así también, miles de personas que tienen décadas residiendo en apartamentos y casas construidas por el Estado dominicano. A estas personas hay que facilitarle los títulos definitivos a su nombre.

Pero no solo en el ámbito urbano, sino también en el ámbito rural, especialmente con los terrenos de vocación agrícola que tienen años siendo trabajados por los campesinos sin que los mismos sean dotados de un título de propiedad. En este sentido, ya el Tribunal Constitucional se ha referido al deber de reconocer los derechos a estos campesinos y de promover la función social que tiene la propiedad.

En dicho orden, se ha elaborado un proyecto de ley que busca ubicar como uno de los fundamentos de las políticas públicas facilitar el crédito formal a la población de escasos recursos, siendo una de las principales vías la creación de una base jurídica necesaria para que pueda acceder a formalizar sus principales activos, es decir aquellos de carácter inmobiliario.

C) Transparencia.

Todo lo relacionado con el tema de la transparencia desde el Estado, es un tema trascendental en el cual, la República Dominicana ha mostrado avances significativos.

Sin temor a equivocarme, la Transparencia es el tercer eje a tomar en consideración. Hemos logrado como país una gran transformación normativa. Ahora el reto es si podremos transformarnos nosotros mismos y cuando digo nosotros, me refiero en primer orden, a los administradores de la cosa pública y en segundo lugar a la ciudadanía.

En cuanto a nosotros, como administradores de los recursos del Estado, contamos con leyes y normas más que suficientes, sin embargo el gran reto está en asumir el principio de legalidad como norte en las actuaciones

La idea es sencilla, la gran ola de reforma en materia de transparencia es asumir la cultura de respeto a la ley. Para hacer esto posible es necesario un cambio en nosotros mismos, pero además una visión renovada respecto a la impunidad, la cual, bajo ninguna circunstancia, puede ser la norma.

La cultura de la impunidad en el sistema de administración de justicia, ha sido el principal estímulo a la corrupción. Sé que no es tan fácil combatirlo.

Me ha tocado en ocasiones anteriores, asumir posiciones desde las cuales he jugado el rol contra la impunidad, por ejemplo en mi primera gestión se encausaron 5 exsecretarios de Estado.

Los resultados penales en materia de sanción fueron débiles y pobres. Ahora hemos iniciado el proceso contra 2 importantes políticos dominicanos que actualmente ocupan posiciones de relevancia en el Congreso, específicamente en Senado, y han sido muchos los obstáculos dentro del sistema tradicional.

Hemos estado trabajando en otra investigación, pero todo proceso que busque llegar con éxito en materia penal, conlleva tiempo.

Sin lugar a dudas, el ejercicio político nos contamina en el camino, porque o va de nuestro lado o del opositor; sin embargo queremos cambiar. Me satisface enormemente lo que se está haciendo desde el Estado.

La política de transparencia que ha introducido el presidente Danilo Medina, es una muestra fehaciente del nuevo estilo que se ha instalado en la Casa de Gobierno.

Durante estos 8 meses podemos destacar como hechos sin precedentes, la instauración de sorteos de obras para la construcción de 10 mil trescientos sesenta y nueve aulas en todo el territorio nacional, con una inversión de 29 mil millones de pesos adjudicados mediante el mecanismo más transparente que se haya podido instaurar.

Es relevante destacar también los 919 contratos, suscritos con igual número de ingenieros, arquitectos o empresas del sector construcción, en igualdad de condiciones. Estos sorteos de obras, han devuelto la credibilidad en el sistema nacional de compras y contrataciones públicas, con procesos que envuelven una transparencia total del manejo de los recursos del Estado y los cuales son monitoreados de forma permanente, para garantizar el cumplimiento de los mismos.

No es fortuito que cada vez el Estado cuente con más proveedores y proveedoras inscritos. En contrataciones públicas de bienes, obras y servicios, este año se estima que se invertirán RD$159 mil millones de pesos, de los cuales RD$33 mil millones están destinados a las Micro y pequeñas empresas. (MIPYMES).

Si al tema de la transparencia le sumamos la seguridad que desde el gobierno se está dando en lo referente a los pagos a proveedores, en donde cabe destacar que ninguna dependencia estatal puede comprometer ni un solo centavo más de lo asignado en su presupuesto, lo que obliga a una mayor planificación que al final, se traduce en transparencia presupuestaria y en ejecución.

Otro ejemplo que deseamos destacar es el relativo a las subastas dispuestas mediante Decreto 569-12, emitido por el presidente Danilo Medina, para las importaciones agropecuarias, frenando así las asignaciones de permisos arancelarios en las partidas de importaciones de la Rectificación Técnica que se realizaban de manera discrecional.

Como vemos, hemos avanzado en materia de transparencia. Las herramientas están ahí y solamente debemos hacer uso de las mismas. El dinero de los dominicanos y dominicanas debe ser manejado con pulcritud y pueden estar seguros que es un tema de gran importancia para el presidente Danilo Medina.


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Autor:
Modesto Rodriguez (23815 noticias)
Fuente:
antillas1.blogspot.com
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Reportaje
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