* La Policía Nacional no sólo pidió que se investigara en esos países al ex alcalde alcazareño, Juan Escudero, sino que llegó a hacerlo sobre sus hijos menores de edad.

* La Policía califica como 'sospechoso' que siendo secretario general del PSOE participara en la confección de listas ¿sería menos sospechoso si las hiciera la señora de la limpieza de la sede ?

Chema Gil/ Subdirector Gaceta Forense. ESPAÑA

La Policía Nacional (UDEF-BLA) mintió cuando acusó al que fuera alcalde del municipio murciano de Los Alcázares (España), Juan Escudero de haber evadido capitales al extranjero y de intentar crear una red societaria internacional en Irlanda. Tales acusaciones, sin el mínimo apoyo documental, fueron expuestas en el informe conclusivo dirigido a la jueza Eva María Algar quien, pese a tener en su poder una comisión rogatoria en la que quedaban desmentidas tales sospechas, en base a las acusaciones de la Policía, ordenó el arresto del exedil socialista.

Después de que no tuvieran base las primeras acusaciones contra Juan Escudero, la Policía y la jueza interesaron nuevas comisiones rogatorias judiciales internacionales. En esta ocasión la Policía puso en su punto de mira a los hijos menores de edad de Escudero por si podían haber sido utilizados para evadir capitales o adquirir propiedades en el extranjero; pese a la gravedad de estas sospechas, los policías no aportaron ni un solo indicio racional de ello; aun así el juzgado ordenó varias comisiones rogatorias que de nuevo resultaron infructuosas. Así, en un documento confidencial de la Policía del Principado de Andorra dirigido al juzgado de San Javier (del que se ocupa la jueza sustituta Eva María Algar) se comunica que los resultados de las pesquisas dan como resultado que ninguno de los familiares, ni los hijos de Juan Escudero disponían de dinero en los bancos andorranos, ni habían realizado ninguna operación de adquisición de propiedades según obra en los documentos del sumario, al folio, 13713. Por lo que las sospechas policiales reiteradamente resultaron ser completamente falsas y sin base indiciaria mínima.

Aprovechando un viaje familiar a Irlanda, la Policía, directamente, sin basarse en el más mínimo indicio, también acusó a Juan Escudero de tratar de crear una sociedad internacional para ocultar ganancias ilíicitas, de nuevo sin aportar indicio alguno. En esta ocasión la propia policía española, después de la detención, comunicó una conclusión diametralmente opuesta a la que sirvió de base para la detención de Escudero, y es que tan sólo viajó a Irlanda acompañando a un familiar.

La Fiscalía del TSJ ante la petición de devolución de la fianza prestada en su día por Juan Escudero ha comunicado tanto a la jueza de instrucción como a la Audiencia Provincial que no se opone a la devolución de la misma, pese a ello, se está a la espera de que los órganos judiciales correspondientes se pronuncien al respecto.

Los policías que mientan en unas diligencias o introduzcan datos falsos en las mismas incurren en responsabilidad penal. Las fuentes consultadas no descartan que en breve se inician acciones judiciales por estas y otras acusaciones, aparecidas, incluso en documentos de Hacienda.

La Fiscalía, pese a que conoce de la falsedad de las acusaciones del informe conclusivo que utilizaron para detener a Escudero guarda silencio, ni pide que se deduzca testimonio contra los policías que realizaron tales acusaciones es como si el primer objetivo fuera acusar a cualquier precio, en vez de buscar la verdad.

Adelantaremos otro aspecto curioso entre las ‘sospechas de la Policía’, como, por ejemplo, cuando Escudero ya había renunciado a la alcaldía, pero era secretario general del PSOE alcazareño, considera que su papel a la hora de confeccionar las listas electorales ponía de manifiesto su poder, cabe preguntarle a la Policía quién cree que participa en los partidos políticos en la confección de listas electorales ¿la señora de la limpieza de la sede?, ¿el colmo del ridículo o malicia en la investigación judicial?.

En los pinchazos telefónicos, responsables socialistas en el Congreso, conocían un año antes de la operación policial quienes serían detenidos

El penúltimo episodio de la investigación que dura más de cinco años lo podemos encontrar en un informe de Hacienda, firmado por una funcionaria, quien en el mismo, sin profundizar en fechas ni en momentos de pago, coge una de las sospechas policiales, las asume como propias y evacúa un informe repartiendo indicios de criminalidad, a diestro y siniestro. En la investigación parece que alguien está muy preocupado con el hecho de que un detenido 'con campanillas', en una operación a la que se avisaron a las televisiones nacionales (aviso dado desde dentro de los actores que participaban en la operación) llegue a juicio acusado, de lo que sea, por más que todas y cada una de las acusaciones han quedado desmentidas por los propios organismos que acusaban, como la Agencia Tributaria y la Policía.

La presidenta del PP de Los Alcázares, Mari Carmen Vigueras (cuya querella origina las investigaciones y que pese a los numerosos pleitos plateados contra Escudero, recientemente fue condenada por el Tribunal de Cuentas a pagar las costas de uno de estos pleitos en los que la Fiscalía calificó que actuaba de mala fe) en una rueda de prensa da a conocer parcialmente los datos de un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria viniendo a decir que con dinero de la obra del nuevo Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia- España) se abonaron gastos de un centro de ocio educativo propiedad de la familia Escudero. Pues bien, basta leer en la página 6 del citado informe que “el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Alcázares en contestación a un requerimiento de información, nos aporta documentación de la que resulta que en los años 2003 a 2005 ha ordenado el pago de 6.988.008, 33 €uros que corresponde a las últimas certificaciones y a las 16 certificaciones ANEXAS, y como ya hemos expuesto, de la contabilidad de la UTE (Unión de Empresas Temporal) figuran todas las certificaciones incluidas las anexas pagadas antes del año 2005. En consecuencia se considera cierta la información contable –dice el informe de Hacienda- en la que se reconocen cobros por importe de 10. 857.593, 31 euros”.

Olvidó, la Sra. Vigueras, del PP, poner de manifiesto que las obras anexas ejecutadas, certificadas y abonadas por el Ayuntamiento, tras superar los informes técnicos, jurídicos y la decisión colegiada de la Comisión de Gobierno, se refiere a obras vinculadas a la Casa Consistorial, no incluidas en el informe inicial tales como, entre otras, la propia plaza del Ayuntamiento y que, de ese incremento de cuatro millones de euros, casi un millón y medio se corresponde con el Impuesto sobre el Valor Añadido. Pero es más todos los pagos estaban supervisados por lo técnicos que certificaban, así como por la secretaría-intervención del Ayuntamiento.

En cuanto a que en un papel intervenido en poder del Sr. Garcerán, donde se citan diferentes obras, aparece un epígrafe ‘prev’, que la policía conjetura que se refiere a una previsión, vinculado al término ‘albergue’. Pues bien, no puede tratarse del centro de ocio educativo propiedad de la familia de Juan Escudero pues el mismo estaba ya construido en el año 2000, abonado en el año 2002 mediante pagos que están registrados en la información de la propia Agencia Tributaria y en la contabilidad de las empresas que la realizaron.

No es coherente pues, que al final del informe, en una falsedad que llama la atención, la funcionaria incluya el nombre de Juan Escudero, simplemente siguiendo a 'pie juntillas' lo que dice la Policía en relación al mencionado centro educativo como posible objeto de malversación de caudales ya que el proyecto del citado centro está visado, certificado y con final de obra del Colegio Ingenieros en los años 1999 y 2000 y fue abonado en el año 2002, evidentemente -en modo alguno- puede tener que ver esta obra [que consistió en una simple adecuación de un local diáfano y con una superficie de 500 metros aproximadamente, puesto que la obra ya estaba realizada cuando se compraron dichos locales] con otras que haya hecho el sr. Garcerán reseñadas en un papel suelto de los intervenidos y que está referido a los años 2003 al 2005.

La Fiscalía de Murcia y otro juzgado de San Javier, por su parte, investigaron tiempo atrás, en relación con el empresario Garcerán la previsión (prev) de un albergue en otro municipio.

Cinco años de investigaciones, pinchazos telefónicos que debían ser secretos como las investigaciones, que en cambio eran conocidas por responsables políticos del PSOE en el Congreso y cuando ejecutan una operación resulta que se mantienen acusaciones, en el informe conclusivo previo, que no son más que un conjunto de sospechas falsas creadas sin un sólo indicio razonable, que pueda sostenerse mínimamente.

Cuando se produjo la denominada 'Operación Ninette', y para justificar la detención de Juan Escudero, la Policía usó datos erróneos de la Agencia Tributaria. Esta institución ha tenido que emitir posteriormente diferentes informes en los que se corrige la información policial con la que pretendieron justificar su detención; datos que no fueron comprobados ni por la Fiscalía ni por el juzgado, incluyendo incluso errores de bulto en simples sumas aritméticas. En definitiva Hacienda ha reconocido que se equivocó en su contra en más de trescientos mil euros.