Entre 1960 y 1990 se produjeron en España dos millones de adopciones nacionales anónimas, la mayoría mediando un pago. Los afectados estiman que un 15% de los casos fueron bebés robados a sus madres mediante engaño y posteriormente vendidos. Como resultado, miles de españoles desconocen aún hoy que fueron niños robados y que sus padres no son los padres biológicos…

El robo de niños es una de las herencias más palpables del franquismo. Y la guerra civil terminó en 1939 aunque el régimen siguió robando niños hasta el 44-45. Entre los años 1960 y 1990, ocurrió la segunda oleada de niños robados, exclusivamente por dinero, no por políticas como durante la guerra civil. 

 Se produjeron en España en esos días de la década de los 60 cerca de dos millones de adopciones buena parte de ellas mediante dinero, según los datos obtenidos por los abogados de las asociaciones de afectados de los registros oficiales. A tenor de la casuística que se ha encontrado, ellos mismos estiman que un 15% de esas adopciones tendrían su origen en el robo del recién nacido a su madre, mediante engaño, en clínicas y hospitales de todo el país, para posteriormente ser vendidos a sus padres adoptivos. Más de 1.500 casos están en estos momentos en los tribunales. Con anterioridad a esas fechas, durante los años cuarenta y cincuenta, la investigación preliminar realizada por la Audiencia Nacional calculó la sustracción de unos 20.000 niños por parte del régimen militar a familias republicanas o izquierdistas, como parte de la operación de ‘limpieza’ ideológica realizada durante la dictadura. El resultado es que, en la actualidad, miles de ciudadanos españoles desconocen aún que fueron bebés robados. 

María Vázquez fue la primera madre que denunció oficialmente en españa el supuesto robo de su hija recién nacida por una trama organizada. A sus 82 años, María Vázquez no puede todavía evitar el sobresalto cuando se pone a tejer crochet junto a la ventana de su casa de Estepona (Málaga) y observa a “tanta gente joven” paseando por las aceras y lo comenta con expresión de tristeza resignada. Más de cuarenta años después de haber dado a luz a una niña que le dijeron nació muerta, sigue escudriñando la calle en su búsqueda, porque nunca creyó la versión que le dieron en el Hospital Civil de Málaga, antiguo San Juan de Dios, aquel asfixiante mes de julio de 1970. Ella no vio el cuerpo, ni encontró posteriormente la tumba de su hija. 

Mientras tanto, al otro extremo del país, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Antonio Barroso observa un álbum de fotos familiares con gesto de extrañeza, como si toda su vida partiera de una gran mentira. Está seguro de haber sido robado recién nacido a su madre biológica y fue presuntamente robado siendo un bebé en 1969, en el paseo marítimo de Vilanova i la Geltrú, donde se asienta el hospital Miguel Servet de Zaragoza, y posteriormente vendido a los padres que le criaron, Antonio Barroso y su esposa. Tras muchas pesquisas, lo confesó una monja que ejercía allí de enfermera, cuya voz tiene incluso grabada. Fueron los primeros en España en denunciar individualmente el robo de un bebé en todo el país presuntamente por una mafia, pero tras dos años de lucha en los juzgados, de lo único que están seguros es que ellos, al menos, no son los padres biológicos de Antonio.

A juicio de Antonio Barroso, la estimación del 15% de bebés robados que se baraja se queda corta, porque esos dos millones de adopciones significarían que, durante 30 años (1960-1990) cada día 148 madres españolas renunciaban a sus hijos recién nacidos. “Eso es inverosímil, yo no me lo creo”. Antes al contrario, asegura que han acudido a Anadir personas de Texas (Estados Unidos), Italia o Perú que sospechan fueron sustraídos a sus madres en nuestro país. “Si venías a España con dinero sabías que te podías llevar a un recién nacido, esto era el supermercado mundial de bebés”, como más tarde lo fueron China o Ucrania, lamenta.

Ante la sensación de impunidad, y con idea de ejercer presión ante los poderes públicos, Antonio fundó la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), y la hija de María, Isabel Agüera, hizo lo propio con la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa). A ellas se ha unido una tercera, SOS Bebés Robados, más otras plataformas de afectados que claman contra las supuestas irregularidades cometidas en clínicas de toda España. Entre todas reúnen a unos 3.000 madres, padres, hijos e hijas con enormes dudas sobre cuál es su verdadera familia, y de las cuales unas 1.500 han presentado denuncias en los juzgados. 

Pero el número de casos no ha dejado de crecer, aunque en menor grado ¿Cuál es la verdadera dimensión del problema? El abogado Enrique Vila lleva 17 años dedicado, desde su bufete, a ayudar a hijos adoptivos a encontrar a sus padres biológicos. Él mismo se enteró hace años que fue adoptado, pero aún no ha podido encontrar a su madre. Su despacho ha tramitado ya más de 2.000 consultas, y producto de su dilatada experiencia asegura que en su mayoría de los casos la documentación está falseada, la partida de nacimiento no se corresponde con ningún parto datado en la provincia de que se trate. La metodología clásica del robo de bebés, es típica y difícil de seguir una pista. No estaban inscritos en la misma provincia donde nacieron. 

Si el porcentaje al tuntún se aplica a las 2 millones de adopciones nacionales registradas, resultaría que unos 300.000 ciudadanos españoles actuales habrían sido robados de bebés y todavía lo desconocen. Sus verdaderos padres aún hoy deben creerlos muertos. Los datos de evolución de la mortalidad infantil en España parecen avalar esta tesis. Según estudios de la Fundación BBVA, la tasa oficial de mortalidad infantil en España durante los años sesenta y setenta no bajó del 20 por mil. Mejoraron mucho las tasas de mortalidad de niños una vez superado el primer mes de vida, debido a la extensión de cuidados terapéuticos, antibióticos y vacunas. Sin embargo, persistía una alta mortalidad neonatal, ya que las defunciones en las cuatro primeras semanas de vida superaban a las de los restantes once meses del año. Durante los años ochenta y noventa las muertes neonatales bajaron espectacularmente, hasta situar actualmente nuestra tasa de mortalidad infantil en apenas un 4%, una de las más bajas del mundo. El estudio de la Fundación BBVA lo atribuye al progreso de los cuidados obstétricos y perinatales. Pero la pregunta que se hacen muchos de los afectados es si son ésas las únicas causas, y si era real la altísima tasa de muertes de recién nacidos en aquellos años. 

También en esos países la inseguridad jurídica propiciada por sus dictaduras fue el caldo de cultivo del mercado ilegal de niños. Enrique Vila explica que debía haber “alguna conexión entre los proveedores de padres y los proveedores de bebés, médicos, matronas o religiosas que ejercían labores sanitarias, siempre en ciudades diferentes”. “Lo importante era que los padres no tuvieran suficiente cultura ni medios económicos como para perseguir el delito, si lo descubrían”, corrobora. Durante todo el franquismo y la transición democrática, las adopciones se realizaban mediante un contrato privado, hasta que en 1987 la Ley de Adopciones exigió la intervención del Estado en las mismas. Eso dificultó la actuación de tales mafias, hasta que la transferencia de esta competencia a las comunidades autónomas, ya en la década de los noventa, consiguió prácticamente extinguir su actividad. 

Pero el delito de detención ilegal persiste hasta que no se identifique a la persona desaparecida, no prescribe, según reitera el reciente auto de la Audiencia de Barcelona que rechazaba el archivo de uno de estos casos por parte del juzgado de instrucción. Sin embargo, por ahora no hay ningún imputado. Al contrario, se están produciendo archivos de causas por falta de pruebas, normalmente al haber fallecido el médico o matrona firmante del certificado de defunción del bebé. Otro método de prueba podría ser la exhumación de los restos de los niños. Hasta ahora se han practicado 16 exhumaciones de tumbas ordenadas por el juez, y la fiscal jefe de Valencia acaba de anunciar otras próximas. En cuatro de los casos los ataúdes estaban vacíos, y en otras dos no coincidía el ADN de los restos con el de sus padres. 

Uno de estos últimos es el caso de Eduardo, abogado granadino de 38 años, cuya hija supuestamente nació muerta en 1990. Eso por lo menos le dijo el médico. Tras desenterrar el cadáver, dos pruebas de ADN en laboratorios distintos dieron negativo. Quien fue allí enterrada no era su hija. Eduardo, como todos los interesados, ha realizado su propia investigación, y cree incluso haber identificado a su hija supuestamente robada a través de internet. Sin embargo, el dictamen oficial del Instituto Nacional de Toxicología determina que los restos no son aptos para realizar análisis concluyentes, por lo que su caso está solo registrado en un archivo judicial. “Me avergüenzo de ser español”, proclama indignado. 

Todos los afectados sin excepción apuntan dos mismas causas: la “pasividad” de los poderes públicos con el problema y las indemnizaciones millonarias que el Estado tendrían que afrontar en caso de confirmarse los robos de bebés en centros públicos, como son la mayoría de los hospitales. Pero además existen “personas muy poderosas” relacionadas con las presuntas tramas de compraventa de niños. Eduardo señala claramente las informaciones periodísticas aparecidas los últimos meses sobre supuestas vinculación de familiares de Jaime Mayor Oreja o Ana Botella, entre otros, con posibles casos de robos de bebés. 

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado ha rechazado realizar una investigación global, remitiendo a la denuncia individual de los casos. En la entrevista que mantuvieron años pasados de las asociaciones de afectados con el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, éste sólo les prometió un seguimiento de la situación mediante reuniones periódicas, cada mes en principio. Así las cosas, a los afectados sólo les queda la vía judicial individual o sea personal. 

Isabel Agüera ha seguido el testimonio de su madre, María Vázquez. Cuando ella dio a luz, el 15 de julio de 1970, su marido que había emigrado para trabajar en Suiza, regresó inmediatamente a Málaga, y se presentó en el Hospital Civil en la tarde-noche de ese mismo día, pero para entonces le dijeron que ya habían enterrado a su hija en el mismo ataúd que otro fallecido, “un señor de mucho dinero”. “En aquella época lo que decía un médico o una monja era sagrado”, comenta Isabel. Pero en ningún cementerio de Málaga existe la menor referencia a su hermana.

El certificado de defunción firmado por la matrona indica que la causa de la muerte fue el desprendimiento de placenta, lo cual se contradice con otro documento del hospital que señala a la rotura de la cicatriz de una antigua cesárea. No existe historial clínico ni legajo de aborto legal. Cuando el Juzgado los reclamó al hospital, contestaron que se habían perdido en unas inundaciones, y el caso se archivó. Sin embargo, la Fiscalía de Málaga lo ha reabierto al acreditar que ningún otro historial de ese mes ni de ese año desapareció en esas supuestas inundaciones. Isabel dice que recibió en dos ocasiones llamadas telefónicas de quien asegura ser una antigua enfermera, explicándole los métodos de engaño, sustracción y posterior venta de los recién nacidos que presuntamente se practicaban en ese centro médico. Isabel lo ha puesto en conocimiento del juzgado, que ahora debería realizar la pertinente investigación. 

También Antonio Barroso tiene grabada la conversación con una exenfermera del Miguel Servet de Zaragoza detallándole cómo fue vendido en 1969 a sus padres adoptivos, que habrían pagado por él 200.000 de las antiguas pesetas a plazos durante diez años, porque se trataba de “una familia humilde”. Antonio siempre sospechó que no era hijo natural, los compañeros se lo decían en el colegio, pero su madre lo negaba rotundamente. Al cumplir los 18 solicitó su partida de nacimiento y todo parecía normal. Sin embargo, hace dos años recibió una llamada de su amigo José Luis, informándole que su padre, en el lecho de muerte, le había confesado que los dos habían sido comprados recién nacidos. Las pruebas de ADN han confirmado que, efectivamente, la que hasta ahora consideraba su madre no lo es en realidad. 

¿Cómo y cuándo surgieron estas supuestas mafias? Abogados como Enrique Vila o Marina Pérez interpretan que los orígenes hay que buscarlos en el régimen anterior. Provienen de la práctica generalizada puesta en marcha por el régimen franquista, mediante la legislación de 1940, para la retirada obligatoria de niños de corta edad a familias republicanas presas o vinculadas a ex-combatientes republicanos o guerrilleros del maquis, siguiendo las teorías de “limpieza” y “regeneración de la raza” dictadas por el que fuera jefe del equipo de psiquiatría de Franco, Antonio Vallejo-Nágera. Este sostenía la teoría del “gen rojo” que llevaban los republicanos y que era hereditario. Teoría que extrajo de su experiencia en Alemania durante la primera guerra mundial, como inspector de campos de concentración de prisioneros, y en contacto con eminentes psiquiatras alemanes, como Gruhle o Scwalb, precursor de la “higiene racial” mediante la eugenesia. Y que se “confirmó” en la guerra de Hitler ampliamente gracias a  Himler, que había visitado a Franco en Madrid dos veces. 

El juez Baltasar Garzón según auto de la Audiencia Nacional sobre la represión política de la dictadura, en 1938, Franco por sugerencia del psiquiatra Vallejo-Nágera, ordenó la creación del Gabinete de Investigación Psicológicas con la finalidad primordial de averiguar “las raíces psicofísicas del marxismo”, durante la guerra civil siguiendo así la estela del Instituto para la Investigación y Estudio de la Herencia que Heinrich Himmler, comandante jefe de las SS, había fundado poco antes en la ciudad de Mecklenburg. 

El Gabinete comenzó sus investigaciones con miembros de las Brigadas Internacionales presos en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña (Burgos) y con mujeres republicanas encarceladas en Málaga. Los brigadistas liberados de ese campo aseguraron que auxiliaban a los psiquiatras españoles miembros de la Gestapo en labores de mediciones antropométricas e interrogatorios. El auto judicial de Garzón cita las actas del Gabinete oficial para mostrar su objetivo: “las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya las habíamos expuesto anteriormente en otros trabajos (…) La comprobación de nuestra hipótesis tiene enorme trascendencia político-social. Si de preferencia militan en el marxismo psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación total de estos sujetos desde la infancia podría librar a la sociedad de plaga tan terrible…”. De esta forma, los niños nacidos en ambientes izquierdistas o simplemente democráticos debían ser internados en centros especiales, en los que se promoviese “la exaltación de las cualidades biopsíquicas raciales y la eliminación de los factores ambientales que en el curso de las generaciones conducen a la degradación del biotipo”. 

Sobre esta base, el entramado legal del franquismo facilitó la segregación infantil y la sustracción o eliminación de la custodia de madres sobre sus hijos. La Orden del Ministerio de Justicia de 30 de marzo de 1940 establecía que las reclusas podían quedarse con sus hijos hasta los tres años, una vez transcurridos los cuales podían ser excarcelados y adoptados por otra familia. La Ley de 4 de diciembre de 1941 completó el andamiaje jurídico facilitando la inscripción de los menores en el Registro Civil con nuevos apellidos. Todo de forma legal. 

El mismo año 1940 se inauguró en Madrid la Prisión de Madres Lactantes, cuyo objetivo era poner en práctica las teorías del Gabinete de Investigaciones Psicológicas. Los menores permanecían con sus madres apenas una hora al día, pasando el resto del tiempo separados, hasta que, al cumplir tres años, o incluso antes, eran montados en trenes con destino a sus nuevos hogares. Había casos más expeditivos, como apropiarse del bebé justo en el momento del parto o al ir a bautizarlo, aunque siempre era necesario detener a la madre en esos momentos, aunque fuera unas horas o unos días, bajo la acusación de sedición. 

El otro método preferentemente utilizado fue la captura de niños en el extranjero, hijos de exiliados republicanos. Esto resultó relativamente fácil al principio, mientras duró el dominio nazi en Europa. Primero actuó la Delegación Extraordinaria de Repatriación de Menores, que a partir de 1941 fue sustituida en esta labor por el Servicio Exterior de Falange Española, según detalla el auto de Garzón. Las capturas se realizaban sobre todo en Francia, Reino Unido y Finlandia, para reunir después a todos los menores en Berlín y trasladarlos desde allí a España.

A partir de abril de 1942 esta labor se realizó con mucha más eficacia, puesto que el Gobierno francés de Vichy clausuró los centros de refugiados españoles, enviando a las mujeres con niños a España, para ingresar en instituciones penitenciarias, y el resto a los campos de exterminio de Auschwitz y Mathausen. Incluso algunos menores españoles nacidos en estos dos conocidos campos de la muerte fueron separados de sus padres y enviados a instituciones franquistas para su “regeneración”. 

No se trata nada más de una acción individual sino de una trama colectiva en que aparecen hospitales, médicos, enfermeras, monjas, empleados de registro y un mundo corrompido

Hasta 1954, la cifra de niños tutelados por el régimen franquista, normalmente a través de centros religiosos, no bajó de una media anual de 30.000, según los documentos del Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de las Penas y también del Patronato de San Pablo que cita el auto. En la segunda mitad de las cincuenta ya no quedaban mujeres ni presas republicanas en edad de procrear, pero la práctica de la sustracción de bebés para darlos en adopción continuaría durante los años sesenta y setenta, transformándose en las presuntas tramas de adopciones ilegales ahora denunciadas por algunas de sus víctimas. Pocas todavía. “Mucha gente emigró, otros muchos hijos que fueron bebés robados no lo saben, otros han muerto, o no se han enterado, o son personas mayores que no quieren recordar”, concluye Barroso. 

Las monjas de la inclusa de Burgos se subían al tren cargadas de capazos con recién nacidos que llevaban hasta la inclusa de Valencia. Como una película en blanco y negro lo relata Cruz Martínez, expresidenta de Derecho a Saber (ANDAS), una asociación que destapó el robo de niños durante el Franquismo.

El robo de niños no terminó con el que sufrieron las presas políticas republicanas tras la guerra, continuó hasta bien entrados los años '80, en esta ocasión, a madres sin filiación política. Un médico que trabajaba en la Fundación Jiménez Díaz y que no quiere revelar su identidad señala a los medios : "Era sabido que existían chanchullos en los hospitales en esos años [los '60 y '70]. En la Fundación se sabía que entraba por una puerta una parturienta y que a la vez era registrada una mujer no embarazada en la zona de partos, incluso eran ingresadas en la zona privada y la familia adoptante pagaba todos los gastos. Una salía sin su bebé y la otra que no estaba embarazada quedaba registrada como la madre. En ese hospital apareció una vez una pareja de chilenos que querían un niño, a los tres días salieron con dos bebés. Y se marcharon a Francia. Los niños eran para gente “privilegiada”, y tenía que haber secretismo en la manipulación. Hubo gente que quiso denunciar y fue apartada". 

Estos hechos son investigados en juzgados de Madrid, Zaragoza y Andalucía. En Madrid fue convocado, por segunda vez, el abogado Fernando Magán, que representaba a varias organizaciones de memoria histórica que buscan a estos niños robados. A la causa de las madres republicanas se une ahora la de mujeres sin filiación que también sufrieron esos crímenes que el auto del juez Garzón señala como víctimas del Franquismo. El auto, entre otros documentos, reproduce la carta de un capellán que participó en un secuestro de un bebé en 1952. 

Hace años, en el programa de TVE de Paco Lobatón ¿Quién sabe dónde? se empezaron a colar estas historias. El periodista apoyó la creación de la Asociación Nacional Derecho a Saber, ANDAS, en 1996 y en la actualidad terminada, que tuvo más de 5.000 socios, todos afectados. 

Curas, monjas, médicos...

Después, internet ha hecho el resto. Hoy existen varios foros donde los afectados cuentan la misma historia. Tras la muerte de Franco no han conseguido toda la documentación, pero los pocos legajos a los que han tenido acceso han permitido completar el puzle: El cura le dice a la monja de la inclusa, y luego de los hospitales, que tiene una pareja que quiere un niño y así se pone en marcha la cadena", dice Cruz Martínez, que descubrió su identidad con más de 40 años. 

Todos los testimonios arrojan a la luz nombres y documentos sobre unas tramas que se enriquecieron y funcionaron de forma organizada en todo el Estado. Tramas integradas por curas, monjas, ginecólogos, notarios, enfermeras, matronas, abogados, encargados, secretarias y hasta conserjes. Se hacían listas de espera con bebés robados. No era gratis, los adoptantes pagaron hasta 200.000 pesetas de la época, un negocio boyante. 

Ya se puede dibujar el mapa de las adopciones ilegales: de Bilbao a Cádiz, pasando por Madrid, Barcelona, Murcia, Zaragoza, Burgos, Tenerife, Melilla... Las pioneras en la búsqueda se dieron de bruces con una realidad dura: nadie se creía sus testimonios. 

A la que fue tesorera de ANDAS en Cataluña, Baleares y Valencia, Virtudes Hernández Martínez, sus amigos del colegio le dijeron que era adoptada. Con 15 años solicitó una partida de nacimiento y tuvo la suerte de que una nota marginal indicaba su nombre real, tachado, y decía: “Entrego a mi hija porque no puedo mantenerla y me comprometo a no reclamarla”. Además, supo que recién nacida fue trasladada a Alicante desde la inclusa de Murcia. Tras conocer esta información se desplazó hasta Murcia e intentó que el registro le aportara documentación. No le dieron nada. Le dijeron que tenía que esperar 50 años. 

En 1999 volvió de nuevo a Murcia y el juez del registro le volvió a negar el acceso a los datos, ella insistió y entonces el juez le mostró un libro que cerró de golpe al ver que sus apellidos eran distintos. Virtudes se marchó después a la parroquia más cercana y consiguió que el cura accediera a buscar su partida de bautismo. Los apellidos que fotografió en su mente en el registro coincidían. Ahora tiene dos partidas de bautismo. 

"Se trataba de desarraigarnos. En nuestra asociación tuvimos casos de bebés robados que fueron trasladados de Canarias a Granada y de allí a Valencia para ser adoptados. Otros fueron a parar al extranjero. Se sigue diciendo en los registros de la Iglesia y en las diputaciones que no hay documentos. Si existen, pero una riada o un incendio sirven para no entregarlos, pero hay leyes que obligan", explica Virtudes. 

Por un lado, la Ley de Patrimonio Histórico 16/85, sobre la consulta de archivos dice que, en virtud de la protección de la madre tendrán que pasar entre 25 y 50 años. Sin embargo, la Orden del Ministerio de Justicia de 10 de noviembre de 1999 señala que, en función de la Convención de Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos, esa espera de 50 años vulnera el derecho fundamental de la persona.

Para la asociación Derecho a Saber, esta contradicción no es para proteger a las madres, "porque el 90% de los casos no dieron su consentimiento. Se quiere tapar a la Iglesia, curas y monjas que cometieron los robos e incluso tuvieron hijos. Ellos fueron después el eslabón de un mercado de bebés", declara la expresidenta de Derecho a Saber, María Cruz Martínez. 

Los testimonios hablan de médicos que firmaron casos de fallecimiento de neonatos por otitis en la maternidad de Santa Cristina, en O'Donnell. Ése es el caso de Beatriz Soriano Ruiz, nacida el 3 de enero de 1964, que fue dada por muerta sin que sus padres pudieran ver su cuerpo. Su hermana Mar, ha comprobado recientemente por el parte de incubadoras que el diagnóstico facultativo, firmado por el doctor Ignacio Villa Elizaga, era otitis. 

En el registro de la Comunidad le dijeron: "Es llamativo que en ese mismo día murieron seis niños más también por otitis", posiblemente firmados por el mismo médico. Mar cuenta con datos que están en el juzgado e incluso cree que su hermana fue a parar a Austria. Tras conocer esta noticia, una familia acudió a una asociación madrileña para denunciar otro supuesto robo de gemelos sucedido en la antigua maternidad de O'Donnell en 1968. Tampoco les dejaron ver los cuerpos y la defunción fue por otitis. 

Pilar Helguera Rodríguez nació el 12 de diciembre de 1957 en O'Donnell. A los tres días de nacer sana y ser llevada a una incubadora, a su padre le dijeron que había muerto y ya estaba enterrada. El ginecólogo que atendió a la madre, según su testimonio, fue José Botella Llusía, fundador y también director de la antigua maternidad. 

En 1974 hubo una denuncia contra Amalia Franco Granado, abogada de la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA) y el médico Enrique Marín Bonachera, acusados de un supuesto delito de sustracción de menores. La AEPA fue un organismo presidido y creado en 1969 por el fiscal general del Tribunal Supremo. Para esa tarea se rodeó de cargos afines al Opus, como Ignacio Villa Elizaga, que trabajó en el hospital O'Donnell y en la maternidad de Santa Cristina, según fuentes médicas. Villa Elizaga, actualmente es catedrático en la Universidad de Navarra. 

En la clínica San Ramón, situada en el paseo de la Habana 143 de Madrid, fueron cientos los niños dados en adopción ilegal. Los afectados crearon una asociación con casos de los años '60, '70 y '80 que acusan como presunto cabecilla al tocólogo Eduardo Vela, que aún vive, y sor María Gómez Valbuena. Además, O´Donnell, Santa Cristina y San Ramón, actuaron de forma coordinada en el tráfico de bebés.

 La trama de Mercedes de Gras

En Bilbao, la trama fue manejada por Mercedes Herrán de Gras, gracias a una red de pisos asistidos por monjas, curas, ginecólogos, etc., que después del parto les retiraban los bebés a las madres, la mayoría sin su consentimiento. En el papeleo también participó, presuntamente, una secretaria, una abogada de Logroño y un notario de Bilbao. 

Isabel, nombre ficticio de una joven, fue obligada por sus padres a entregar su bebé. Otra chica fue engañada y amenazada por el cura de San Nicolás de Bari que, presuntamente, se encargaba de las adopciones, según explica Isabel. Varios testimonios aportados al juzgado por el abogado Fernando Magán amplían esta información. En las clínicas Indautxu y San Javier de Bilbao, según varios testimonios, ocurría lo mismo. 

Estaba todo atado

En Andalucía también hay casos documentados, como el de Amelia M. P. S., adoptada como Amelia M.J.F. Nació en la clínica Santa Cristina de Madrid, el 9 de agosto de 1972. Su padre adoptivo fue un obrero de Cádiz, pero la tía de éste vivía en Madrid, y tenía relación directa con la Asociación Española para la Protección de la Adopción y con las Hermanas de la Caridad. Esta mujer pidió una niña para su sobrino, previamente había recibido un poder notarial de él para hacer todas las gestiones. 

Amelia, la niña de entonces, cuenta con cartas en las que su tía-abuela rechazó varias ofertas hasta encontrarla a ella. El padre antes de morir le dio los documentos diciendo que "estaba todo atado". Los papeles están avalados por Gregorio Guijarro e Ignacio Villa Elizaga. "Mi padre me dio las escrituras porque había dejado dicho que ni siquiera con esos papeles, iba a conocer la verdad", señala. 

María de los Ángeles Herrera González, de San Fernando (Cádiz), nació a los nueve meses el 10 de enero de 1975, en la clínica privada Fernando Zamacola de Cádiz. Pasadas 20 horas, un ginecólogo le dijo al padre que había muerto. "A fuerza de insistir le enseñaron algo envuelto en trapos", explica su hermana, que ahora ha conseguido documentos y todos están firmados por el mismo ginecólogo, también político de Cádiz. El certificado de defunción del hospital dice que la niña nació con siete meses, pero en el registro no consta como muerta. En esta comunidad existe también una denuncia en los juzgados contra un médico de la clínica O'Donnell, en los años '70, por falsedad documental. La madre adoptiva fue inscrita como parturienta.

En Valencia, Santa Isabel

Valencia no se quedaba atrás. La mayoría de los adoptados irregularmente procedían de la casa cuna Santa Isabel, gobernada durante años por sor Aurora Gallego, que quería instalar de nuevo el torno. En Valencia estuvieron las fundadoras de la asociación Derecho a Saber, Cruz Martínez y Virtudes Hernández: "Fuimos a averiguar varios casos que llegaron a la asociación, una de las matronas de la casa cuna nos llevó a su casa donde tenía, encima de un armario, torres de cuadernos escritos a mano con cientos de datos de niños robados en páginas ya amarillas.