Los españoles creen que hay mucha corrupción política en España

La excesiva dependencia de la actividad económica y el empleo en el sector de la construcción de viviendas ha generado corrupción política sobre todo a nivel local y regional, revela el estudio.

Los españoles tienen una percepción muy alta de la corrupción política de nuestro país, ha revelado un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos. De hecho, a la pregunta “¿cree que la corrupción está muy extendida, bastante, poco o nada extendida entre los políticos?”, el 79% de los encuestados señala que sí, que la corrupción está muy o bastante extendida, y solo un 6, 5% cree que lo está poco o nada. Según los autores del estudio, este “fenómeno de eco” es fundamental porque allí donde se percibe que nadie cumple la ley, los ciudadanos tienen incentivos para no cumplirla. Y se genera, por tanto, un problema de acción colectiva.

Problemas de detección e investigación

Para hacer la investigación, los autores del estudio analizaron estadísticas y sumarios judiciales, noticias de medios de comunicación y datos de diversas fuentes, como el Barómetro Global de Corrupción, los Índices de Percepción de Corrupción en Europa, los Eurobarómetros, encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y otras de elaboración propia.

“La clave fundamental de este estudio es intentar demostrar que los datos objetivos son muy difíciles de obtener. En la mayoría de las ocasiones, muestran más la calidad del sistema judicial que la realidad de la corrupción objetiva”, asegura Villoria.

Los datos demuestran que la corrupción objetiva en España es elevada en el ámbito político, pero no en el ámbito administrativo funcionarial. “Probablemente, si el sistema funcionase mejor habría muchos más casos de este tipo”, apunta el investigador, que defiende la idea de que existen problemas evidentes de detección e investigación.

De los casos de corrupción importantes, en términos cuantitativos y cualitativos, los investigadores analizaron los de los últimos seis años. “Lo que se observa es que la intervención funcionarial es muy minoritaria”, subrayan.

Las causas abiertas por delitos contra la Administración Pública que pueden relacionarse claramente con corrupción y que llegaron o llegarán a juicio oral no superan las 400 en estos seis años.

Corrupción percibida

En todo caso, la distancia entre percepción sobre la corrupción de la clase política en España y los datos objetivos ofrece ejemplos aún más extremos.

En la encuesta 2826 del CIS, ante la pregunta “Me gustaría que me dijera si cree que la corrupción está muy extendida, bastante, poco o nada extendida en/entre los políticos”, el 79% de los encuestados creía que estaba muy o bastante extendida, y solo un 6, 5% creía que lo estaba poco o nada.

“Prácticamente en casi todos los casos más relevantes de corrupción de los últimos años existe una vinculación con la corrupción vinculada al urbanismo”, señalan los expertos

Estos datos empeoran los de la encuesta 2671, de 2007, en la que el 51, 9% de los encuestados consideraba que bastantes o casi todos los políticos estaban implicados en cuestiones de corrupción.

Aunque son moderados comparados con los datos del barómetro del CIS de junio de 2011 (Estudio 2905), donde la cifra de “muy o bastante extendida” sube al 86, 6%.

Los datos demuestran que la corrupción objetiva en España es elevada en el ámbito político, pero no en el ámbito administrativo funcionarial

La corrupción local supera a la nacional

Por otro lado, las instituciones nacionales son consideradas las más corruptas en la mayoría de los países de la UE, según los Eurobarómetros de 2005 y 2009, puntuación que se reproduce en las encuestas de 2009 y 2012 del CIS para España.

Sin embargo, otro estudio publicado recientemente en el Environment and Planning C: Government and Policy en el que ha participado Villoria, y que analiza las causas del modelo inmobiliario español y sus consecuencias territoriales, sociales y políticas manifiesta lo contrario.

La principal conclusión de este estudio es que la excesiva dependencia de la actividad económica y el empleo en el sector de la construcción de viviendas ha generado corrupción política sobre todo a nivel local y regional.

Esto se explica por las competencias en esta materia, que son fundamentalmente autonómicas y locales. Además, corrobora que la corrupción vinculada con la burbuja inmobiliaria es la principal causa de delitos políticos en España.

“Este largo proceso ha dado lugar a la corrupción en la planificación urbana y un aumento en las decisiones políticas de baja calidad, perjudicando enormemente la reputación de nuestro país”, concluyen.