Por: Daniel Paez

Carola Solé (AFP)

COCULA, México

La investigación sobre 43 estudiantes desaparecidos condujo a las autoridades hasta un basurero rodeado de montañas, donde peritos rastrean en busca de pistas o restos de los jóvenes, cuyo destino mantiene en vilo a México.

La fiscalía sospecha que en ese lugar montañoso del pueblo de Cocula (Guerrero, sur) policías locales corruptos entregaron a los jóvenes a sicarios del cártel Guerreros Unidos.

"Tenemos declaraciones de que en ese lugar se concentraron los grupos que habían detenido a los estudiantes y que se tomaron acciones diversas", dijo Jesús Murillo Karam, fiscal federal en conferencia de prensa en Acapulco.

Karam dijo que habrá que esperar los resultados de peritajes en laboratorios muy especializados, para tener toda la evidencia y no dejar nada a la especulación.

Una fuente del gobierno federal dijo, de su lado a la AFP, que "ya se encontraron huesos pero los peritajes deben determinar si son de animal o de ser humano".

En el basurero, al que la fiscalía permitió acceder a reporteros gráficos, se pudo ver al menos a 15 peritos revisando una ladera de unas decenas de metros de profundidad.

Apoyados por perros, los expertos, vestidos con trajes blancos y tapabocas, marcaron con una veintena de banderines naranja el suelo, donde habían rastros de tierra quemada pero no de cuerpos.

Para llegar al basural de Cocula hay que recorrer kilómetros de angostos caminos de tierra y piedra, rodeados de campos de maíz.

Apenas unas chozas y unos burros y cabras se ven al inicio del inhóspito camino que lleva de este pueblo de 15.000 habitantes al lugar donde se depositan sus deshechos.

Pistas de detenidos

Cocula se encuentra a una veintena de kilómetros de Iguala, la ciudad donde desaparecieron los 43 jóvenes el 26 de septiembre.

Esa noche, decenas de estudiantes de una escuela rural que forma maestros en Ayotzinapa (Guerrero), muy activa en la lucha social, fueron atacados a tiros por policías locales y sicarios de Guerreros Unidos, el cártel que domina esta empobrecida región y tenía a su servicio a sus autoridades.

Seis personas, incluidos tres estudiantes, murieron en los ataques y otras 43 siguen en paradero desconocido a pesar de que el gobierno federal mantiene a unos 2.000 policías y militares peinando la región por tierra, agua y aire.

Por declaraciones de detenidos, la fiscalía teme que los jóvenes fueran entregados por policías corruptos de Iguala y de Cocula a sicarios de los Guerreros Unidos y que éstos los hayan asesinado y enterrado. Pero ha pedido cautela sobre esta versión hasta encontrar a los jóvenes.

Tras las desapariciones, las autoridades han hallado al menos 38 cadáveres en fosas en los alrededores de Iguala. Los estudios realizados a 28 de esos cuerpos no permiten relacionarlos con los estudiantes desaparecidos, según la fiscalía.

Otras decenas de cadáveres han sido desenterrados en lo que va de año en esa zona en disputa por varios cárteles de la droga.

Las pistas para llegar al basurero de Cocula la dieron cuatro presuntos miembros de Guerreros Unidos detenidos el lunes.

Dos de ellos confesaron su participación en la "desaparición y destino" de los estudiantes, dijo el fiscal Karam. Los otros dos detenidos serían "halcones" (vigilantes) de Guerreros Unidos, señaló.

Con las últimas cuatro, suman ya 56 detenciones -entre policías locales, funcionarios y miembros del narco- por este crimen que ha conmocionado a México y el mundo.

Desde hace dos semanas Cocula es patrullado por elementos de la policía federal.

"La gente desde hace tiempo está espantada, con miedo, casi nadie sale", dice Yuridia Lara, una panadera de 32 años, aludiendo a la creciente violencia en esta comunidad, cuya policía local estaba coludida con el crimen organizado.

Crisis política

Las autoridades siguen tratando de capturar a José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, y su esposa.

A Abarca se le acusa de ordenar reprimir a los estudiantes porque temía que los jóvenes fueran a boicotear un acto público de su esposa, quien aspiraba a sucederle en 2015 al frente de la alcaldía de esta ciudad de 140.000 habitantes.

Esta mujer, María de los Ángeles Pineda, hermana de narcotraficantes, está acusada ahora de ser la principal operadora de Guerreros Unidos en Iguala, a 200 km de Ciudad de México.

Peña Nieto se ha comprometido a encontrar a los jóvenes y a castigar a todos los responsables de este crimen que ha generado la peor crisis en materia de seguridad de su presidencia (2012-2018).

El mandatario se reunirá el miércoles con familiares de las víctimas que, desgastadas por un mes de angustia, han prometido seguir con las protestas para exigir la aparición con vida de sus hijos.

FUENTE : http://www.listindiario.com/las-mundiales/2014/10/28/343227/Estudiantes-desaparecidos-son-buscados-en-basurero-del-sur-de-Mexico