La defensa de los exconsellers de la Generalitat Antoni Comín y Meritxell Serret recurrirá el próximo lunes ante la Audiencia Nacional los autos de la juez Carmen Lamela por los ordenó la busca y captura e ingreso en prisión de ambos investigados.

Así lo ha avanzado el abogado Gonzalo Boyé que representa a los dos exconsellers después de que la magistrada emitiera ayer sendas órdenes de detención y entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatros consellers cesados que viajaron a Bélgica.

Las órdenes emitidas por Lamela se dirigen expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica después de que ninguno de los cinco exmiembros del Govern acudiera el jueves a su citación en la Audiencia Nacional como investigados por rebelión, sedición y malversación.

En opinión del abogado Boyé, que recurrirá en reforma ante la propia Lamela, la magistrada no puede anteponer la "indisoluble unidad de la Nación española" contemplada en el artículo 2 de la Constitución española a los derechos también recogidos en la Carta Magna de todos los ciudadanos a ser iguales ante la ley y a no sufrir indefensión ante la Justicia.

"El fin no justifica los medios; cuando se burlan garantías procesales se deslegitima la autoridad y, también, la finalidad que se persigue", sostiene Boyé en su cuenta de Twitter en la que añade: "Defender el artículo 2 de la Constitución a costa de los artículos 9, 14, 24, etc es falacia impropia de un Estado democrático y de derecho".

El fin no justifica los medios; cuando se burlan garantías procesales se deslegitima la autoridad y, también, la finalidad que se persigue

En su recurso, la defensa de Antoni Comín (Salud) y Meritxell Serret (Agricultura) se plantea volver a solicitar que sus representados puedan declarar por videoconferencia, tal y como solicitaron, aunque la magistrada lo rechazó porque no cumplía ninguno de los motivos requeridos para ello pues ni siquiera tienen domicilio en Bélgica.

Junto a Comín y Serret, la orden de busca y captura se extiende a Puigdemont, Clara Ponsatí (Enseñanza) y Lluís Puig (Cultura).

A todos ellos, la juez Lamela les acusa de impulsar y promover desde su cargo público las movilizaciones y concentraciones tumultuarias en oposición a las órdenes judiciales, las convocatorias masivas para impedir a los agentes cumplir con sus funciones y los escraches a la Policía y a la Guardia Civil.

Es decir, le acusa de alentar un movimiento de "insurrección activa" y de abonar en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación para Cataluña.