Por: Daniel Paez

El expresidente Hipólito Mejía advirtió ayer que debido a la complejidad de las elecciones de 2016, en la que se escogerán 4, 128 cargos entre más de 80, 000 aspirantes, es "condición fundamental" modificar la composición de la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), como forma de garantizar árbitros imparciales, confiables y un proceso transparente.

"A dos años de celebrarse las venideras elecciones, el panorama electoral se encuentra lleno de desafíos y dificultades, las cuales ponen en peligro la democracia, la estabilidad política y la paz pública", advirtió Mejía. Afirmó que no hay garantías de elecciones pulcras debido a que ambos organismos se han descalificado como árbitros. "Al día de hoy no hay garantías de que podamos celebrar elecciones confiables y creíbles. Eso se debe, principalmente, a la composición de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral.

Ambos organismos, lejos de actuar para garantizar la transparencia y la equidad del proceso, se han descalificado como árbitros imparciales mediante sentencias, disposiciones y manejos ilegales e indebidos". Mejía considera que para que ese cambio se produzca, se requiere la concertación de un gran acuerdo nacional que permita llevar a ambos órganos personalidades independientes que gocen de la credibilidad de la sociedad civil, de los partidos políticos y de la comunidad internacional, para que su presencia sea garantía de transparencia e imparcialidad.

Ley de Partidos. Mejía indicó que uno de los problemas de la actual coyuntura es la falta de una Ley de Partidos Políticos, la cual contribuiría a la democracia interna, al manejo transparente de los fondos públicos, a la equidad en la competencia y a la regulación de la campaña al interior de las organizaciones. Otra demanda de Mejía es la adecuación de la Ley Electoral a la Constitución, en lo que se refiere al funcionamiento de la JCE, la fiscalización y supervisión interna de los partidos, la organización de las elecciones y el control de los recursos del Estado.