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FINJUS pondera Proyecto de Ley General de Salarios

25/07/2012 07:37 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

"El hecho de que se le otorgue personalidad jurídica a un órgano u organismo, no significa que éste no forme parte del Estado

SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS) considera que la Ley General de Salarios para el Sector Público Dominicano es una loable iniciativa para transparentar y uniformar los criterios utilizados por las entidades del Estado para establecer las escalas salariales de sus servidores, y así poner freno a una de las más grandes distorsiones que existe en la administración pública dominicana.

Según Finjus, Este Proyecto, sin embargo, debería denominarse Ley que regula la compensación de los servidores públicos, porque no establece salarios, sino que fundamentalmente trata de establecer un orden respecto del contenido o elementos que lo integran, procurando así "una remuneración equitativa (según la calidad, característica y la eficiencia del servicio prestado), que sirva para mejorar el nivel de rendimiento y productividad de los servidores públicos".

"La Constitución del 2010 ha consagrado el régimen jurídico de los servidores del Estado como de naturaleza estatutaria, es decir no contractual, de lo que deriva la potestad legislativa de introducir cambios unilaterales en las regulaciones respectivas, en base a criterios objetivos que serán de aplicación inmediata", dice el comunicado enviado a los medios.

Dice que el artículo 144 de la Carta Magna dominicana dispone con claridad que "la ley establecerá las modalidades de compensación de las y los funcionarios y empleados del Estado, de acuerdo con los criterios de merito y características de la prestación del servicio".

Esto significa-según Finjus- que el texto constitucional permite al legislador y la administración reconocer la diversidad de situaciones que tienen incidencia para definir la modalidad o el alcance de la compensación que reciba el servidor público. De ahí la expresión que utiliza: características de la prestación del servicio.

En otras palabras, para Finjus la Constitución reconoce la existencia de situaciones particulares que pueden justificar regímenes de compensaciones distintos en función de la complejidad o transcendencia de las tareas a cargo de cada órgano o entidad del Estado.

"El hecho de que se le otorgue personalidad jurídica a un órgano u organismo, no significa que éste no forme parte del Estado, pues la personalidad jurídica asignada es un instrumento que el Estado confiere para el mejor cumplimiento de sus altos fines, fines que son enteramente estatales. Por esto, nadie que forme parte del Estado, sin importar la naturaleza del servicio prestado, debe quedar excluido del alcance de esta ley".

A su entender, lo que si debe reconocer el legislador es la existencia de situaciones particulares de los órganos de regulación de servicios públicos y actividades de interés general, que requieren remuneraciones compatibles con los sujetos regulados (Banco Central, Indotel, Superintendencias, DGII, entre otras).

Precisa, no obstante, que esto no significa que serán esas entidades reguladores, por si solas, las que establecerán el quantum de las remuneraciones de sus servidores, "pues esto debe ser sometido, al menos en el caso de los organismos descentralizados funcionalmente creados por Ley, a una aprobación por el Jefe del Estado, previa opinión del Ministro cabeza de sector, que tiene a su cargo la vigilancia o tutela del organismo autónomo conforme al artículo 141 de la Constitución".

Para Finjus, cuando se trate de órganos públicos de origen constitucional, el control de la reglamentación que disponga la ley sólo podrá realizarse a través de litigios interadministrativos o interorgánicos, por ante la jurisdicción competente, en respeto de la autonomía constitucionalmente otorgada.


Sobre esta noticia

Autor:
Eddisson Acosta (190 noticias)
Visitas:
424
Tipo:
Reportaje
Licencia:
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