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Las fosas comunes resumen las dimensiones de la barbarie, la represion y el sufrimiento social de los vencidos

14/03/2016 12:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Ser contrario a la Memoria Histórica de la Guerra Civil española, puede ser una opción para guardar silencio, pero será difícil quedarse indiferente ante las fosas, las mayores de Europa, abiertas durante un exterminio que duró 20 años

La memoria visita las fosas comunes. Antes, durante y después de una exhumación hay diferentes personas implicadas en el proceso: los solicitantes y promotores de la exhumación, normalmente familiares de desaparecidos. Los informantes que antes y durante el proceso aportan datos relevantes para la localización de la fosa y la posterior identificación del desaparecido. El equipo de trabajo está compuesto por profesionales de la arqueología, la antropología, la historia, la medicina…pero también por voluntarios de otras disciplinas. La familia, los protagonistas, que son tanto promotores, como informantes, como equipo de trabajo.

No es fácil establecer un punto de partida fijo, puesto que detrás de este rebrote de la búsqueda de fosas comunes de la Guerra Civil hay otros factores pero en el ‘trabajo’ de búsqueda incide la recuperación de la memoria histórica tanto de Euskadi como de España y podemos tomar a octubre de 2000 como una fecha emblemática, al producirse en esas fechas en Priaranza del Bierzo, en la provincia de León, la primera de la serie más reciente de exhumaciones, que ha tenido como resultado la recuperación en los últimos cuatro años de centenares de cuerpos de personas fusiladas por el bando franquista durante y después de la guerra civil. La exhumación de los conocidos como ‘trece de Priaranza’ fue impulsada por un periodista y licenciado en sociología, Emilio Silva Barrera, comprometido con la recuperación del cuerpo de su abuelo, fusilado en octubre de 1936 por un grupo de falangistas. Silva fundaría, junto con Santiago Macías, la conocida Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Despues de ese punto de partida del 2000, se dictó una ley en diciembre del 2007, por la que se reconocíanen y amplíaban los derechos y se establecían medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, el Gobierno empezó a confeccionar un mapa integrado de todo el territorio español en el que constaran los terrenos en que se han localizado restos de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra civil o la represión política posterior.

A este mapa se debían incorporar los datos remitidos por las distintas Administraciones públicas competentes, para lo que se han firmaron  Convenios de colaboración con varias Comunidades Autónomas.Por tanto, los datos para la elaboración del Mapa proceden de la información aportada al Ministerio de Justicia por las distintas Comunidades Autónomas firmantes de esos Convenios de colaboración y por Asociaciones, Fundaciones o Entidades dedicadas a actividades de recuperación de la memoria histórica, cuyos trabajos de investigación han recibido subvenciones del Ministerio de la Presidencia.

Se trataba de datos elementales o básicos sobre los lugares de enterramiento, algunos de ellos ya desaparecidos, pero de los que se conoce su localización, por lo que aquellos ciudadanos que deseen acceder a una información más completa deberían dirigirse a la Administración o Entidad que ha proporcionado la información.Pero digamos basicamente quer  no había una ley. No eran piratas qienes como hasta entonces lo eran los que buscaban fosas omunesHabía además una primera aproximación o versión inicial del mapa y que su continuación será un proceso continuado y dinámico, en el que todavía faltan por señalizar lugares de enterramiento ya localizados, y que estan sujetos tanto a la incorporación de nuevas localizaciones como a una actualización constante de los datos incluidos en fosas ya localizadas. la localización de los lugares de enterramiento en el mapa no se corresponde con sus coordenadas geográficas reales sino que los símbolos se han colocado sobre el núcleo de población donde se ubican

Con posterioridad, la ARMH ha continuado abriendo fosas en coordinación con sus hermanos provinciales y regionales, entre las que podemos destacar, sin pretensión alguna de exhaustividad, las de Fresnedo (León, 2001), Piedrafita de Babia (León, 2002), Cabaniñas (León, 2002), Candeleda (Ávila, 2002), Olmedillo de Roa (Burgos, 2003), Valdediós (Asturias, 2003), Villamayor (Burgos, 2004) y La Andaya (Burgos, 2006).

Por su parte, la Sociedad de Ciencias Aranzadi, comisionada por el Gobierno Vasco, ha constituido un Grupo de Trabajo coordinado por el antropólogo forense Francisco Etxeberria (UPV) para llevar a cabo un programa de recuperación de la memoria histórica en Euskadi, que incluye tanto la localización e investigación de fosas, como exhumaciones, como la recogida de testimonios de represaliados y víctimas del franquismo. Entre las exhumaciones promovidas por Aranzadi están las de la sima de Kurtzetxiki (Arrasate, 2002). Y las fosas de Zaldibia (2002) y Elgeta (2004), y las posteriores de Navarra.

Un grupo de técnicos de la Sociedad Aranzadi, dirigido siempre por el antropólogo forense Etxeberria, han exhumado después los restos de un combatiente de la guerra civil, muerto posiblemente en 1937, hallados en el monte Urkullu, dentro del término municipal de Larrabetzu (Bizkaia). El hallazgo de los restos de este gudari  se realizó a finales del pasado mes de agosto, durante una prospección rutinaria llevada a cabo por técnicos de Aranzadi en las cercanías de la cima principal del monte Urkullu (364m), situado a caballo entre los municipios vizcaínos de Gamiz-Fika, Morga y Larrabetzu. A la exhumación  asistido la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco, Monika Hernando, y  el alcalde de Larrabetzu, Iñigo Gaztelu. En el enterramiento se  hallaron restos óseos correspondientes a un brazo y un cráneo, que pertenecen probablemente a la misma persona, así como cartucheras, restos de correajes de cuero, y abundante material balístico que  según los expertos usaban las tropas republicanas. Los restos hallados corresponden a un combatiente muerto en las operaciones militares que tuvieron lugar en junio de 1937 durante la ofensiva llevada a cabo por las tropas franquistas contra el llamado cinturón defensivo que defendía la Villa de Bilbao, también llamado Cinturón de Hierro.

Otra asociación crucial en la promoción de las exhumaciones es el Foro por la Memoria, vinculada al partido comunista (PCE) y presidida durante varios años por J.M. Pedreño, que cuenta entre sus exhumaciones con las de Otero de los Herreros (Segovia, 2003), Bercial del Zapardiel (Ávila, 2003), Santaella (Córdoba, 2004), Sepúlveda (Segovia, 2004) y Turanzas (Asturias, 2006).

Aunque las fosas comunes condensan especialmente bien las dimensiones de la barbarie represiva, el recorrido por la memoria de los vencidos está visitando también otros espacios de ‘sufrimiento social’ relacionados con la guerra civil y la experiencia de los vencidos, como pueden ser las cárceles, los campos de concentración, o algunos campos de batalla significativos. Para una mirada desde la historiografía. Una inmensa prisión: los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo justifican  el proceso de constitución de la ARMH y la secuencia de exhumaciones y acciones de recuperación de la memoria que se llevaron a cabo desde los primeros años de este siglo.

Ser contrarrio a laMemoria Histórica de la Guerra Civil española, Puede sder una opción para guardar silencio, pero será difícil quedarse en silencio ante la fosa común de San Rafael (Málaga). Se tratra de una de las mayores de Europa.En ese lugar las tropas franquistas asesinaron a 4471 personas. Hasta el momento se han hallado 2840 cuerpos de los 3756 que se cree que hay. Este exterminio duró 20 años, en concreto desde el 8 de Febrero de 1937 hasta 1957.

Aunque los allí fusilados tenían más de 15 años y prácticamente todos eran hombres, en los enterramientos se han hallado también niños . Junto a ellos hay también presos trasladados desde la prisión provincial. Muchos de ellos aparecen maniatados y con tiros en la región torácica, abdominal y en las extremidades, aunque también se han documentado impactos de bala en el cráneo: el denominado tiro de gracia.

Es difícil negar la evidencias y no permitir que los familiares recuperen los cuerpos. Hay momentos en la historia en que los muertos hablan y, estos, 70 años después, nos recuerdan que, con las primeras elecciones democráticas, los perdedores no pidieron responsabilidades y en un acto de generosidad increíble perdonaron sin que antes se supiera la verdad, ni se les impartiera justicia.

El Foro por la memoria ha desarrollado una página Web que contiene mucha información sobre las víctimas y represaliados de la guerra civil, y es una referencia importante para los interesados en la recuperación de la memoria histórica. En ella dan cuenta de las exhumaciones realizadas por su organización. En el momento de escribir estas líneas, está alojada en http://www.foroporlamemoria.es/, y La Federación Estatal de Foros por la Memoria, en http://www.nodo50.org/foroporlamemoria/

Equipos de la Universidad de Burgos, dirigidos respectivamente por J. M. Caminero e Ignacio Fernández de Mata, llevaron a cabo en 2003 la apertura de la fosa de Monte Costaján y, en 2004, la de La Lobera, ambas en el entorno de Aranda de Duero. La Generalitat de Cataluña, reacia hasta el momento a las exhumaciones, abrió una fosa piloto en Mas Puigvistós (Osona, 2004), que contenía los restos de siete soldados republicanos, con vistas a evaluar las dificultades de la exhumación y elaborar los protocolos oportunos. La Junta de Andalucía, por su parte, también abrió oficialmente su primera fosa en Ubrique, (Cádiz), en 2004, aunque ya ha habido otras actuaciones previas llevadas a cabo por las ONGs en esta comunidad autónoma. También se ha producido exhumaciones en Extremadura, Galicia, Cantabria o Castilla-La-Mancha.

La Memoria Histórica da el salto a la Universidad, como disciplina, apartada tradicionalmente de las aulas y arrinconada como un espacio para revisionistas, asociaciones de víctimas y aficionados a título particular.Se ha abierto hueco como una especialidad académica necesaria para poder establecer un relato común del pasado reciente del Estado español.

Prueba de ello fue la creación de la Cátedra de Memoria Histórica en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2004 y que desde 2010 dirige la historiadora Mirta Núñez Díaz-Balart. A este primer impulso a la disciplina en la UCM, se sumó ahora nuevas ofertas académicas como el Curso de Verano de la Complutense en San Lorenzo de El Escorial: Víctimas y derechos. Dimensión externa y el eco de la lucha por la Memoria Histórica o el Centro Internacional de Memoria que prepara la Uned.

"En este país se ha echado mucha basura encima de la Memoria Histórica y ahora, los historiadores, tenemos mucho trabajo que hacer para recuperar el pasado común y nuestras raíces democráticas", explicó la historiadora Mirta Núñez, que señala para este objetivo es fundamental contar con la visión de sociólogos, economistas, juristas, etc.

 

El curso de la UCM, fue impartido en su día con la participación de los historiadores Ángel Bahamonde y Antonio Elorza, el jurista Baltasar Garzón y el catedrático de Historia del Derecho Bartolomé Clavero, entre otros."No sólo pretendemos analizar los hechos en un marco histórico sino también vincularlos a nuestra actualidad nacional e internacional, incorporando las novedades que han traído los organismos de las Naciones Unidas que han respaldado las reivindicaciones de las víctimas españolas frente a la continuidad institucional de la desmemoria", describe la página de la UCM.

Prueba de este creciente interés por la Memoria, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) presentó el Centro Internacional de Memoria y Derechos Humanos UNED, un centro propio de la Universidad, dependiente del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia que nace con el objetivo de fomentar las investigaciones, la formación docente, el trabajo técnico y la divulgación de los estudios internacionales sobre desapariciones forzadas, actos de violencia masiva y vulneración de los derechos humanos.

La conferencia inaugural del acto de presentación del Centro fue impartida por el médico especialista en Medicina Legal y Forense Francisco Etxeberría y versó sobre Las exhumaciones de la Guerra Civil en España”.

Posteriormente, la UNED preparó una mesa redonda sobre Desapariciones forzadas y derechos Humanos en el mundo contemporáneo con la participación del periodista Paco Lobatón, el médico Carlos Beristain y Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

La aparición, circulación y consumo de incómodas imágenes de cadáveres con explícitas señales de tortura y violencia amontonados en fosas en o cerca de paisajes familiares no sólo ha sacudido la conciencia de la sociedad española en general, con consecuencias todavía imprevisibles, pero es sintomático que haya planteado una serie de polémicas entre las distintas sensibilidades presentes en el movimiento de recuerdo y conmemoración de las víctimas del franquismo que son importantes para profundizar en el debate sobre la gestión de la memoria de la represión franquista. Como ejemplo, hay que señalar dos controversias que se originaron en los primeros momentos y, aunque han evolucionado sustancialmente, siguen estando en la base de no pocas tensiones entre asociaciones. Lo  plantearemos brevemente. En primer lugar, las exhumaciones fueron consideradas desde el principio por algunas asociaciones, como por ejemplo la Asociación Archivo Guerra y Exilio [AGE] y la Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa Común de Oviedo [AFAFC], como un ‘borrado del genocidio’. Para ellas, las fosas deben permanecer donde están, excepto en situaciones límite. En esta lógica, las exhumaciones transgreden la poderosa denuncia de la barbarie contenida en la propia presencia y significación de las hay que destacar que el grupo de trabajo de Aranzadi ha contribuido con sus técnicos a muchas de las exhumaciones de la ARMH sin mayores problemas de ese tipo.Tambien hay algunos, en general gente de la derecha que argumentan que tanto la Memoria Histórica como la búsqueda de restos y de fosas comunes no hacen sino reabrir la herida ya cerrada de a gerra civil.(¿cerrada?).

Los movimientos por la memoria de Dossier Hispania Nova, (2006), no  tratan en ningún caso de confeccionar una lista exhaustiva ni actualizada, sino de dar a conocer las circunstancias y características de cada una de las exhumaciones. Baste saber que oscilan entre fosas individuales y fosas que pueden contener hasta cientos de cuerpos, aunque las fosas que contenían entre 1 y 10 cuerpos son las que dominan. En el dossier sobre fosas comunes incluido en el número 299 de la revista de historia y cultura L’Avenç, se contabilizaban ya 60 fosas exhumadas entre el 2000 y el 2005, con un total de 469 cuerpos recuperados.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica es un proceso dinámico y necesario

La fosa común ubicada en el cementerio de Oviedo contiene, según la Asociación, los cuerpos de más de 1.600 víctimas de la represión franquista. http://www.fosacomun.com. La Asociación fue fundada en 1996 (aunque el monolito conmemorativo data de 1986) y tiene entre sus hitos la inauguración en abril de 2001 de unas placas conmemorativas con los nombres de las 1.316 personas identificadas.

Tomando como ejemplo las actuaciones que se han llevado a cabo en torno a la fosa común de Oviedo, estas asociaciones han propuesto la ‘dignificación’ de las fosas mediante su localización, demarcación, oficialización y celebración, que incluiría la erección de monolitos u otros tipos de elementos conmemorativos y la instauración de rituales para mantener viva y homenajear la memoria de las víctimas. Las exhumaciones, pueden generan incertidumbres, pueden provocar enfrentamientos y represalias, y desmantelar para las generaciones venideras los lugares claves de la memoria de la represión franquista.

Además las exhumaciones, según se expresa en un conocido comunicado de la AGE, promueven un ‘patetismo televisivo’ proclive a la manipulación ‘sensiblera’ de dolor, que se opondría a la ‘dignidad’ con la que, desde su punto de vista, deben enfrentarse al sufrimiento  los vencidos.

Esto respecto a la complejidad de las políticas de la memoria sobre el terreno. Ahora las políticas de gestión de los restos bajo el terreno, es decir, a las discrepancias que han surgido entre las principales asociaciones que sí están de acuerdo en la necesidad ineludible de impulsar las exhumaciones. En general podemos afirmar que todas coinciden en que es crucial que la sociedad española enfrente en toda su crudeza las imágenes de la represión tal y como fue inscrita en los cuerpos de los vencidos, y que la mera demarcación y conmemoración de fosas, aunque loable, nunca tendría el calado e impacto social que tienen las exhumaciones e impediría visualizar claramente la magnitud del horror.

Para incrementar la calidad de las exhumaciones, estas asociaciones, especialmente la ARMH y el Foro por la Memoria, han ido paulatinamente dotándose de protocolos de actuación para las investigaciones previas a la exhumación —incluyendo la localización de las fosas, las circunstancias de los fusilamientos, y la identidad de los cuerpos—, para la entrevista de supervivientes, represaliados y familiares de las víctimas, para la propia exhumación (efectuada habitualmente bajo la dirección de arqueólogos y forenses), y para la gestión de los restos exhumados. Para ello han desarrollado alianzas y convenios de colaboración con técnicos universitarios, desde antropólogos forenses, a arqueólogos, historiadores, antropólogos culturales y psicólogos.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hace un tiempo  pidió al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que gestionara la búsqueda de los nombres de las personas que fueron enterradas en fosas comunes durante la guerra civil y el franquismo, en Madrid.

La petición del juez también se extiende a los alcaldes de Granada, Córdoba y Sevilla, incluidos los nombres de esas personas, su fecha y lugar de nacimiento, residencia y filiación. En una providencia, Garzón pidió también al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informara sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos.

En concreto, a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial les reclamó que le proporcionaran los nombres de las personas que están enterradas en este lugar. Pero el abad del Valle de los Caídos, Anselmo Álvarez, asegura que  allí no existe listado alguno de los desaparecidos y fusilados de la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista.

Los archivos de la Iglesia:la Conferencia Episcopal deberá permitir que la Policía Judicial acceda a todas las parroquias de España (un total de 22.827) para que les faciliten los libros de muertos por armas de fuego, de los que disponen con el fin de identificar a las posible víctimas desaparecidas a partir de aquella época.

Garzón se ha dirigido también al Archivo General de la Administración para que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos, y al Centro Documental de la Memoria Histórica le pidió que le haga llegar los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los que disponga.

Otro de los organismos a los que se remite es la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Garzón ha requerido a cada una de las partes personadas -hay un total de ocho asociaciones de familiares de desaparecidos- que aporten los datos que tenga sobre las personas que estén realizando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su juzgado "tanto en su ejecución como en su resultado una vez que se resuelva sobre la competencia".Hay que controlar la exhumaciones

A final de sus actuaciones, el magistrado  pidió informes a los Ministerios del Interior y de Defensa sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos.

Entonces también solicitó a los denunciantes de estos casos que aporten las identificaciones correspondientes a estas personas de cuyo paradero aún no se sabe nada y las circunstancias, si se puede, en que se produjeron.

Tras denuncias presentadas por la ARMH en diciembre de 2006, y tras haberse declarado competente para investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra y el franquismo, el juez de la Audiencia Nacional de España,  Baltasar Garzón, autorizó la exhumación de 19 fosas comunes, incluida la del poeta Federico García Lorca, "más todas aquellas que puedan resultar". Posteriormente, Garzón trasladó la investigación de estos enterramientos a los juzgados de instrucción de las provincias en que se encontrasen las fosas.

Actualmente la Asociación trabaja en la interposición de una denuncia por asesinato de Federico García Lorca. Dicha interposición se hará ante la justicia argentina, ya que la española ha cerrado todas las puertas. Para el establecimiento de estas denuncias la AMRH sostiene que en el caso de Lorca y en el del resto de asesinados durante la Guerra Civil no se puede alegar prescripción de delitos, sino que las investigaciones deben obedecer al “principio de justicia universal”

Asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han presentado hasta ahora ocho denuncias en el juzgado de Garzón por diferentes casos en Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y un caso individual de un diputado socialista, y, de forma genérica, han denunciado la desaparición de unas 30.000 personas durante esa época.

Las investigaciones sobre justicia universal siguieron su curso mientras las Cortes tramitaron la proposición de Ley Orgánica para cercenar la competencia internacional de los magistrados españoles.Tema muy discutido en muchos ámbitos legales. Así, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha tomado declaración a dos de los peritos forenses que participaron en la exhumación de una fosa común en la que estaban enterrados ocho beduinos saharauis supuestamente ejecutados sin juicio por fuerzas militares marroquíes en febrero de 1976. Francisco Etxeberria, profesor de Medicina Forense de la Universidad del País Vasco, y Carlos Beristain, médico y psicólogo, ratificaron que en el enterramiento había al menos tres personas de nacionalidad española. Junto a sus cadáveres se hallaron dos DNI y una cartilla de racionamiento de azúcar.

Estos casos tan ajustados a la justicia universal los sigue Paco Etxeberría en fosas de Africa, con idéntico celo y vocación.La investigación de la fosa común iniciada por el juez Pablo Ruz se incorporó a la querella interpuesta en 2006 sobre crímenes de lesa humanidad en el Sáhara Occidental después de que España abandonara su antigua colonia a finales de 1975. Según la investigación de Etxeberria y Beristain, que incluyen las pruebas de exhumación e identificación y la valoración de los testimonios de 15 personas, en la fosa, situada en la zona de Fadret Leguiaa, en la región de Smara, a 400 kilómetros de los campamentos de Tinduf, yacen los cuerpos de ocho beduinos que se dedicaban al pastoreo de cabras y camellos y que fueron ejecutados a tiros. Dos de los fallecidos eran menores de edad, según las pruebas forenses.

Según ha detallado Etxeberria estas ocho personas fueron enterradas de “cualquier manera bajo la arena y con la munición con la que se realizaron los disparos alrededor”. La inhumación se realizó, además, “sin tener en cuenta las costumbres y tradiciones del pueblo saharaui”.

Además de los dos peritos, también ha comparecido ante Ruz, Mahmud Selma, hijo de una de las víctimas, que ha relatado cómo su primo Abba-Ali Said Daf presenció con solo 14 años las ejecuciones, y oyó el nombre de dos personas, cuyos documentos de identidad han aparecido entre los restos, lo que refuerza las conclusiones del informe. Abba-Ali Said Daf y Kabula Selma Daf, que viven en Argelia,   citados por el magistrado, no pudieron volar a Madrid. Parece “una aplicación por adelantado de la reforma para acabar con la justicia universal”.

Se teme que esta causa sobre el genocidio - existen más de 400 saharauis víctimas de desaparición forzosa, la mayoría entre 1975 y 1977- acabe archivándose en cuanto entre en vigor la reforma para acabar con la justicia universal. Así se  aniquila al pueblo saharaui, cómo se aniquilaba a ciudadanos españoles víctimas de genocidio y que hoy quedan absolutamente sin ningún tipo de protección".

Paco Etxeberiia ha tenido una participación más que activa en la exhumación de fosas de personas asesinadas y desaparecidas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, en el Sahara en Argelia, en Chile y allí donde le llaman.Fue el forense que identificó los cuerpos de  José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano.

Ha recibido importantes galardones que acreditan su labor como el premio Derechos Humanos 'Gipuzkoa Giza Eskubideak 2006' de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la trayectoria académica y profesional en el campo de la Medicina Forense. Su equipo también ha sido galardonado con el Premio de Derechos Humanos del Gobierno Vasco en el 2007.Tambien es profesor de Medicina Legal del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco, desde el año 1986 hasta la actualidad, en donde también ha sido secretario y subdirector.

Es Miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, a la que pertenece desde 1973, y en la que ha desempeñado distintos cargos y de la que actualmente es presidente

 


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