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Fraude en España: una fuga de 38.000 millones

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28/11/2019 14:27 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Agencia Tributaria recaudó el año pasado 10, 6 euros por cada uno invertido en la guerra contra el fraude fiscal, aunque España cuenta con la mitad de recursos que la media de la UE y de la OCDE para librar esta batalla, hasta el punto de que nuestra plantilla ocupará este año el último lugar en la UE en las ratios de efectivos del control tributario utilizados por la OCDE.Para ser más exactos, España tiene 24.712 efectivos menos que la media ponderada de Europa para luchar directamente contra la economía sumergida, una cruzada en la que participa un trabajador por cada 2.836 ciudadanos. Y, como consecuencia, el nivel de economía sumergida en nuestro país se aproxima al 25% del PIB, es decir, más del doble que en nuestro entorno.En este sentido, si España, con un 35, 4%, fue el octavo país de la eurozona con menor presión fiscal en 2018, según los datos de Eurostat; el diferencial se debe en primer lugar a la abultada economía sumergida española, que se sitúa casi 10 puntos por encima de la media del resto de los países de la Eurozona.Es más, si se equiparara esa brecha, se podrían recaudar unos 38.000 millones de euros anuales entre impuestos y cuotas de la Seguridad Social defraudadas.Sin embargo, hasta la fecha ningún Gobierno ha realizado estudios oficiales sobre la economía sumergida, porque no son "una herramienta útil para luchar contra el fraude".El error de concepción es mayúsculo, puesto que aquello que no se cuantifique, difícilmente se puede combatir.Un combate que se alargaría durante más de una legislatura, de ahí, la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado contra la economía sumergida y el fraude fiscal, y de reforzar y dotar de mayores responsabilidades a la plantilla de funcionarios de la AEAT, principal activo en la batalla para aflorar el dinero oculto y aumentar los ingresos con los que sostener los gastos necesarios para blindar el Estado del Bienestar.Y todo ello podría simultanearse con la apertura de un amplio debate para consensuar una propuesta de reforma integral de los impuestos con la que mejorar el cumplimiento de los principios del sistema tributario que describe el artículo 31 de la Constitución.

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