En medio de un clima social delicado, Grecia asiste al duelo entre el Gobierno y un joven anarquista de 21 años en huelga de hambre, condenado por asaltar un banco y que reivindica su derecho a estudiar fuera de prisión.

"La huelga de hambre de alguien como Nikos Romanos en la sociedad griega actual es explosiva", afirma Dimitris Christopoulos, profesor de Derecho y presidente de la Liga Helénica de Derechos Humanos.

Desde que este joven dejó de alimentarse, el 10 de noviembre, y sobre todo, tras su reciente hospitalización debido al deterioro de su salud, este enfrentamiento a distancia conmueve a la opinión pública, ya afectada por el frágil clima social.

Nikos Romanos no es un desconocido para la opinión pública griega. Tenía 15 años cuando asistió a la muerte de su amigo de la misma edad, Alexis Grigoropoulos, muerto por el disparo de un policía el 6 de diciembre de 2008 en el barrio contestatario de Exárjia, en Atenas. Este acontecimiento fue seguido por más de un mes de disturbios urbanos sin precedentes, que no se limitaron a la juventud griega. Su huelga de hambre coincide con la conmemoración anual de esa tragedia, con manifestaciones el sábado en varias ciudades de Grecia. Esta movilización, tradicionalmente muy vigilada por la policía, es esperada este año con gran preocupación por las autoridades.

Un mitin de apoyo el martes en Atenas movilizó a más de 4.000 manifestantes y terminó con escaramuzas con las fuerzas del orden.

"La muerte de Alexis fortaleció su oposición al sistema", explicó a la prensa el padre de Nikos, Giorgos Romanos.

En febrero de 2013, Nikos Romanos y otros tres muchachos fueron arrestados durante un ataque a mano armada en un banco del interior del país. Nikos Romanos, hijo de un padre médico y de una madre ensayista, fue condenado a 15 años y 11 de meses de cárcel en primera instancia. El cargo de 'terrorismo' no fue presentado en contra de este joven, que se declara "combatiente anarquista y antiautoritario".

Al reanudarse el curso, no pudo iniciar sus estudios porque no se le otorgó el permiso previsto por el código penitenciario para asistir a las clases. Esta semana, los jueces de apelación confirmaron esa negativa. Estos magistrados se apoyan, según una fuente judicial, en una segunda instrucción en su contra, esta vez por participación en "una organización terrorista", después del descubrimiento de sus huellas digitales en el escondite de un grupo de activistas anarquistas.

"Si la política es el arte de prever, la gestión de este caso es lamentable", sostiene Theodoros Papatheodorou, profesor de derecho criminal y exministro delegado para la Educación, de centro izquierda.

Según Giorgos Romanos, está claro que se trata de una cuestión política, con un "Estado que dice a sus opositores que se tienen que quedar tranquilos".

Grecia no tiene un sistema de educación superior dentro de las prisiones. El Parlamento debatirá la próxima semana una enmienda de emergencia que prevé, entre otras disposiciones, cursos por teleconferencia.