El diputado hondureño Antonio Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, regresó la noche del martes de Miami, donde viajó a responder ante autoridades judiciales estadounidenses que lo vinculaban con casos de narcotráfico, informó el propio legislador.

"Hoy tuve la oportunidad de sostener una reunión voluntaria con fiscales y funcionarios de distintas agencias del gobierno de Estados Unidos" para "dar la cara" frente a las acusaciones, declaró Hernández en rueda de prensa tras su regreso, en el aeropuerto Toncontín, sur de la capital.

"Sobre las versiones que han circulado referentes a mi persona hace unos días declaré que reafirmaba mi compromiso personal con la creencia firme de que en Honduras nadie está por encima de la ley y que todos estamos obligados a rendir cuentas", agregó.

Manifestó su agradecimiento a las autoridades de Estados Unidos que le permitieron "dar la cara y acarar lo que corresponde" para regresar a sus "actividades normales" en Honduras.

El 10 de octubre, el capitán de las Fuerzas Armadas Santos Rodríguez Orellana fue vinculado en casos de narcotráfico por la embajada de Washington en Tegucigalpa en un comunicado.

En su primera reacción al comunicado, el militar señaló que un día antes había sido interrogado por agentes de la agencia estadounidense antidrogas (DEA) vinculándolo en un complot para matar al embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon, por órdenes de narcotraficantes, incluyendo al diputado hermano del presidente.

Rodríguez Orellana negó esas acusaciones y aclaró que quien estaba vinculando a Hernández al narcotráfico era la DEA.

En un comunicado, el diputado pidió que quienes tengan pruebas contra él "que las presenten".

La noche del lunes, el presidente Hernández declaró que no defendería a su hermano si resultaba involucrado en narcotráfico porque "en este país nadie está por encima de la ley" aunque "se trate de correligionarios, de mis propios familiares, funcionarios de gobierno o ciudadanos de otros países".

En defensa de su hermano, demandó que "sean los tribunales los que tengan la última palabra" porque los medios de comunicación y las redes sociales "entran en un libertinaje sin precedentes" y "acusan y condenan a personas inocentes".