La justicia autorizó a un hijo de desaparecidos a llevar el nombre y apellido que le dieron quienes se lo apropiaron al nacer durante la dictadura argentina (1976-1983), un fallo inédito divulgado el viernes y rechazado por la organización Abuelas de Plaza de Mayo.

"Rechazamos esta decisión por la que se pretende una 'legalización' del despojo" que provocó la dictadura, sostuvo la asociación en un comunicado publicado en su página de Internet.

El hombre nació en la cárcel clandestina de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) el 27 de febrero de 1978, durante el cautiverio de sus padres, Liliana Pereyra y Eduardo Cagnola, que siguen desaparecidos. Su madre lo llamó Federico.

"Yo no me identifico con el apellido Cagnola o Pereyra y mucho menos con el nombre Federico. No es un enojo, ni un rechazo ni un repudio", explicó el protagonista tras el fallo del que dijo que le evitó "volver a desaparecer en democracia".

Al nacer, fue apropiado por José Bacca y Cristina Mariñelarena, quienes sustituyeron su identidad por la de Hilario Bacca, hecho por el que fueron condenados en 2013 a seis años de prisión.

En 2008, el hijo de desaparecidos fue sometido a un examen compulsivo de ADN que constató su verdadera identidad y lo convirtió en el nieto recuperado 95 de los 121 encontrados por Abuelas de Plaza de Mayo, que calculan en unos 500 los niños que fueron robados al nacer durante la dictadura.

El hombre inició una batalla legal para que la justicia lo autorizara a mantener el nombre de sus apropiadores, lo que finalmente consiguió según el fallo del Tribunal Federal Oral 4, en un caso sin antecedentes.

Abuelas recordó que en la condena a los apropiadores "el Tribunal calificó los hechos cometidos por Bacca y Mariñelarena como crímenes de lesa humanidad".

"Sabían que el niño que se apropiaron era hijo de desaparecidos", sostuvo la entidad.

En el juicio "quedó probado que ambos sabían 'que en el origen de ese niño estaba la actuación de (Guillermo) Minicucci' ?un represor del Ejército que actuaba en la ESMA? y que tenían un 'conocimiento suficiente de la realidad que transitaba el país durante 1978'", afirmó la entidad civil citando el fallo.

Por eso rechazaron la decisión de la justicia de autorizarlo a llevar el apellido de sus apropiadores al considerar que tal resolución "ha vulnerado los derechos de los familiares de Liliana Pereyra y Eduardo Cagnola y constituye una afrenta a su memoria".

La sentencia aún no está firme y puede ser apelada por la querella, en cuyo caso un tribunal de instancia superior deberá definir si convalida el fallo.