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La justicia inició este miércoles una nueva investigación por fraude fiscal y blanqueo contra un hijo del expresidente de Cataluña Jordi Pujol, el cuarto caso judicial abierto contra la familia del histórico líder nacionalista.
Los reveses judiciales se acumulan sobre la familia de Pujol, presidente de Cataluña entre 1980 y 2003, después de luchar contra el franquismo, que vive ahora una etapa de tensión con el Gobierno central por su intención de celebrar una consulta sobre la autodeterminación el 9 de noviembre.
El propio Pujol, un nacionalista moderado convertido tardíamente al independentismo, es objeto de una investigación por corrupción y fraude fiscal tras haber confesado en julio que escondió en el extranjero una herencia de su padre durante décadas.
En esta ocasión, el implicado es su hijo menor, Oleguer Pujol Ferrusola, sospechoso de haber comprado un hotel en las islas Canarias con "una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido" procedente de las islas Vírgenes, "territorio considerado paraíso fiscal por la OCDE" (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), señala la decisión judicial publicada este miércoles.
"Tales hechos serían constitutivos de un delito de blanqueo de capitales y de otro posible contra la Hacienda Pública", indica el juez encargado del caso.
La investigación se suma a los casos abiertos contra el hijo mayor del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola, imputado a finales de julio por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Otro de sus siete hijos, Oriol Pujol, exsecretario general del partido nacionalista CDC, fundado por su padre, fue imputado a finales de 2013 por tráfico de influencias.
Pese a los embrollos judiciales de su familia, Jordi Pujol seguía manteniendo su estatus de figura preeminente del nacionalismo catalán hasta reconocer en julio que había escondido dinero en el extranjero. Su confesión provocó un terremoto político en la Cataluña, especialmente en la Generalitat, dirigido por su sucesor Artur Mas, en plena batalla para celebrar la consulta independentista pese al bloqueo del Gobierno español, que la considera anticonstitucional.