¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Redacción Sociedad escriba una noticia?
Víctimas conviviendo con sus verdugos. En la paradisíaca Isla de Pascua, un territorio chileno en medio del Pacífico, las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar buscan derogar una ley local que rebaja las penas a condenados por violación o abuso sexual.
"¿Cómo vamos a poder sanar las heridas de las víctimas teniendo a los victimarios cerca?", se preguntó en conversación con la AFP Elizabeth Arévalo Pacarati, una de las impulsoras de la medida que intenta revocar una normativa que data de hace cinco décadas.
La ley, promulgada en 1966, cuando el Estado chileno anexó oficialmente la Isla de Pascua ?ubicada a unos 3.500 km del continente-, establece varias excepciones para los nacidos en la isla, entre ellas tributarias, por posesión de tierras y en la administración de justicia.
Pero son dos los artículos de la llamada "Ley Pascua" los que mantienen en pie de guerra a las organizaciones feministas: los apartados 13 y 14 que rebajan penas y otorgan beneficios carcelarios a condenados por violación y abuso sexual. En algunos casos, permite la liberación inmediata del acusado.
Eso, en el entendido de que en esa época la isla presentaba necesidades y requerimientos distintos a los del resto de la población chilena, por lo tanto la aplicación de la ley tenía que ser también diferente.
"Es una realidad salir y encontrar al abusador; es inevitable en un pueblo con un par de panaderías, y eso es lo que hay que cambiar cuanto antes", dice Arévalo Pacarati.
"La presión psicológica a las personas que han sido víctimas (lleva a que) no podemos sanarlos 100%, es muy difícil", agrega desde Rapa Nui, la capital de la Isla de Pascua.
- Nueva Realidad -
Pensada inicialmente para tener en cuenta las particularidades de la cultura polinesia de los nativos de la isla, cinco décadas después y con una población que se ha duplicado en los últimos 25 años, llegando a más de 5.000 habitantes, la norma es hoy considerada atentatoria contra los derechos humanos de cientos de mujeres víctimas de violencia de Isla de Pascua, cuyos indicadores casi triplican al resto del país.
"La población creció, la mentalidad cambió y hoy estamos en un mundo globalizado. La isla es un territorio chileno y las intenciones y gravedad de los delitos tienen las mismas consecuencias acá que allá. No queremos que sea castigado de forma diferente", dice la activista que impulsa la derogación de la norma.
Actualmente, un condenado por violación en cualquier parte de Chile recibe una pena mínima de cinco años, mientras que en la Isla de Pascua de Pascua la pena es de tres años y un día, y la ley permite cumplir la sentencia con medidas alternativas como la libertad vigilada o reclusión nocturna.
El estatal Servicio Nacional de la Mujer apoya la iniciativa y ya trabaja para "sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de derogar estos artículos", comentó a la AFP Tiare Paoa, integrante del organismo en Isla de Pascua.
El pedido del grupo de mujeres Rapa Nui, apoyado por las autoridades de la isla, llegó a los parlamentarios y al presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, que presentó en julio un proyecto para derogar los dos artículos.
"Pretendemos restablecer la condición de igualdad entre ciudadanos y, en especial, entre hombres y mujeres", señaló el legislador, representante de Rapa Nui, al presentar el proyecto, descartando que la derogación busque "alterar los usos y costumbres" de los habitantes de la isla.
El objetivo, explicó, es defender la igualdad ante la ley de todos los chilenos y "promover la protección hacia la dignidad de la mujer".
Después de pasar por el Congreso chileno, la derogación de los artículos debe ser validada en la isla mediante una consulta indígena.