Nueva vez y como otras tantas veces, la credibilidad de la impartición de justicia está en su punto más bajo. Esta vez es otro "fallo" "fallido", donde presuntos delincuentes que merecen ser condenados conforme a las leyes y códigos, logran ponerse de nuevo en las calles, por la decisión de un juez.

Otros privados de libertad, tal vez inocentes, de los cargos imputados, no tienen esa suerte, y siendo inocentes o no demostrado ser culpables, pierden detrás de las rejas sus mejores años.

Esos, no tienen padrinos, ni abogados efectivos, ni partidos políticos, ni recursos para abrir un túnel en el sistema judicial penal, hacia la libertad, ni siquiera condicionada.

Muchos tienen con su culpabilidad posiblemente no probada, que morir enfermos en una cárcel, junto a su viejo expediente, polvoriento y enmohesido, que ha sido archivado en el olvido burocrático, y que será transformado en un "acta de defunción".

Fuera, su familia espera, sin esperanzas, y solo recibe el familiar que murió sin probar su inocencia, y culpable, para el sistema que le aprisiona, y olvidado por la sociedad.

Un juez de uno de los tribunales básicos o de primer grado como le llaman, se supone que no se puso solo allí, sino que fue designado. Y quien le designa, no debiera dejar de supervisar sus actos. Por la falta de supervisión, aquí hemos tenido descalabros bancarios costosos para la sociedad, y hemos tenido muchas desgracias sociales, de manera que nos hemos ganado el refrán de que " el dominicano pone candado luego que le roban".

La libertad o el "libertinaje" que disfruta nuestra sociedad, no debería ser tan flexible que nos impida llenarnos de desidia y no supervisar los actos oficiales de los encargados, y mucho menos en la justicia, que siempre está bajo sospecha.

-2-

Hay un debate sobre la decisión de las magistradas Awilda y Elka Reyes. Ambas actuaron en los casos del regidor de Pedro Brand y de los fugados pilotos franceses Pascal Fauret y Bruno Odos.

Abogados han salido en defensa de ambas, alegando que son dos juezas competentes, probas y ajenas a "filiaciones políticas, sumisiones rebañegas y amiguismos serviciales".

Eso, es posible que sean cualidades que adornen a ambas, pero eso es una cosa, y otro un fallo que resulte cuestionado o donde los derechos de la sociedad a ser honrada con la protección frente a un delito o un delincuente, es otra cosa. A ninguna las conocemos, sino por sus actos publicados, y en ello nos basamos.

Y de eso es que se trata. En el caso de Awilda Reyes Beltré, su más reciente y escandaloso acto fue la puesta en libertad del regidor de Pedro Brand, pese a que el Procurador General de la República, Francisco Dominguez Brito había reiterado que tenía pruebas mas que suficientes para que el imputado de sicariato y otros delitos, fuera condenado como manda la ley.

Pues la "probidad" de la juez Reyes ha rodado por el suelo, cuando ella misma ha admitido, según se publica, una declaración del propio presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, quien reveló que la suspendida jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, reconoció que había aceptado dinero para rendir decisiones favorables en casos que ventilaba". A confesión de parte, relevo de pruebas.

Los actos de la suspendida jueza que han dado lugar a cuestionamientos en los últimos tiempos son la orden de devolución de la aeronave Cessana 550, matrícula N61MA, incautada mediante orden de secuestro, cuya propiedad se atribuye al presidente del quebrado Banco Peravia, José Luis Santoro.

Asimismo, que devuelve la suma de US$20 millones a favor de la razón social Prado Universal Corp., compañía constructora de la Torre Atiemar, cuyo presidente es el español condenado por narcotráfico en su país, Arturo del Tiempo.

También la jueza dispuso la inmediata puesta en libertad del regidor del municipio de Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís, investigado por supuestamente dirigir una organización criminal dedicada a la invasión de terrenos, actividades de secuestros, extorsión y asesinato de miembros del transporte público.

El hecho, de que la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial, hayan esperado que esa jueza fallara tres casos sospechosos sin intervenir, es una muestra de la desidia, el libertinaje y la dejadez, con la que se manejan por parte de las autoridades, los actos de algunos miembros minoritarios de la judicatura.

El presidente de la Suprema Corte, sale en su propia defensa y se desliga él y algún miembro de su familia, de que esos jueces actuaran por "obediencia a instrucciones superiores", y que de paso, conforme al mismo magistrado Germán Mejía admitiera haber recibido dinero para sus actos.

No hay que dudar lo que dice el presidente de la Suprema. Pero aqui hay uno o varios culpables de que estos jueces continúen acabando con la credibilidad que debe tener y preservar el mas alto tribunal de la judicatura nacional, y puedo asegurar que el culpable, ni soy yo, ni ningún ciudadano sin autoridad para designar jueces y dejarlos que hagan lo que les da la gana.

No se debió esperar a que esta jueza cometiera tres actos cuestionables para decidir suspenderla e investigarla. ¿O acaso con un fallo sospechoso no bastaba? para llamar la atención de que por ahi algo anda mal?.

Y qué se hará ahora con la jueza en cuestión y con sus fallos?. Habrá alguna manera de corregir el daño a la sociedad proveniente de tribunales de justicia?.En el caso del fallo que benefició al regidor de Pedro Brand, hay más de 20 familias que esperaban un acto de justicia por sus veinte muertos que aún lloran.