La justicia española rechazó trasladar a una cárcel francesa al exjefe de un comando de ETA, Henri Parot, alegando que no ha roto con la organización separatista vasca y que ésta mantiene integrantes en la clandestinidad en Francia, según un documento judicial obtenido por AFP.

Parot, un etarra de nacionalidad francesa encarcelado en España por delitos de pertenencia a banda armada y asesinatos, había hecho la solicitud en base a una normativa europea que permite a un preso el traslado a una prisión de su país de origen.

No obstante, el juez José Luis Castro del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria consideró que enviarlo a Francia podría ser contraproducente e impedir su reinserción en la sociedad, mientras "no conste su desvinculación de la organización terrorista", según el documento fechado el 1 de julio.

"La banda armada no ha abandonado su actividad violenta, sigue siendo una organización ilegal con miembros que actúan en la clandestinidad, preferentemente en el Estado francés, donde radican sus arsenales y depósitos de armas, explosivos y dinero", abundó el magistrado.

Parot había pedido su traslado en base a su arraigo familiar, ya que su madre y su hermana viven en Francia, al igual que dos hijas de su primera pareja.

Pero el preso también tiene familia en España, como su actual pareja y la hija de otra relación, recordó el juez.

Por tanto, "se acuerda no haber lugar a transmitir a Francia la ejecución de la condena" de Parot, concluye el auto judicial, que indica que el preso puede apelar esa decisión.

Parot debe cumplir pena de cárcel hasta 2030, por múltiples condenas por delitos cuando dirigía un "comando itinerante" de ETA, entre ellos atentados mortales entre las décadas de 1970 y 1990 y el asesinato del general Víctor Lago en Madrid en 1982.

Parot es conocido porque una sentencia dictada en su contra en 2006 dio nombre a la "doctrina Parot", un sistema de cálculo que permitía mantener más tiempo en reclusión a presos con múltiples condenas hasta el máximo legal de prisión de 30 años.

Esa doctrina fue anulada en octubre de 2013 por la Corte Europea de Derechos Humanos, lo que dio lugar a la excarcelación de varios presos de ETA.