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Por Pablo Viollier
Analista de Políticas Públicas de ONG Derechos Digitales
Los alcaldes de las comunas acomodadas del sector oriente de Santiago han liderado una iniciativa por sumar tecnología de vigilancia a las medidas para reducir la delincuencia. Esta tendencia fue estrenada por las comunas de Lo Barnechea y Las Condes a mediados del año 2015, al instalar tres globos de video vigilancia de naturaleza militar en sus comunas. Luego de las elecciones municipales de 2016, el alcalde Felipe Alessandri anunció que un globo de similares características sería instalado en la comuna de Santiago, cuya implementación sigue pendiente. Este año el debate ha vuelto a la palestra pública luego del anuncio de las municipalidades de Las Condes y Providencia, quienes pretenden utilizar drones a control remoto equipados cámaras de alta resolución para vigilar los parques y calles de sus comunas para reducir la tasa de criminalidad.
La implementación de estos distintos sistemas de vigilancia no ha estado exenta de polémica. El caso de los globos de vigilancia en Lo Barnechea y Las Condes no sólo contó con un nivel considerable de rechazo por parte de la opinión pública y con una extensa cobertura periodística, sino que organizaciones de la sociedad civil ? entre ellas Derechos Digitales, Fundación Datos Protegidos y Corporación Fundamental? recurrieron a la justicia para detener el funcionamiento de los globos y así salvaguardar la privacidad y la inviolabilidad del hogar de los vecinos afectados.
La Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de los recurrentes, estableciendo que efectivamente se vulneraba el derecho a la privacidad de los vecinos y ordenando el cese del funcionamiento de los globos. Sin embargo, la Corte Suprema modificó dicho fallo, y si bien confirmó que el uso de los globos vulneraba los derechos de las personas, permitió su utilización bajo cuatro condiciones: que sólo grabaran el espacio público, que existiera un inspector municipal que fiscalice, que las grabaciones sean periódicamente eliminadas y otorgar acceso a dichas grabaciones a quien se sienta afectado. Lamentablemente, a partir del fallo, algunos han querido dar a entender que cualquier sistema de vigilancia que se implemente a futuro será lícito en la medida que cumpla estas cuatro condiciones, como parece suceder en el caso de los drones en Providencia.
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