Un informe de 79 páginas, “Abusados y expulsados: maltrato de migrantes del África subsahariana en Marruecos”, basado en organizaciones humanitarias, próximas a la ONU, concluye que estos atropellos ocurren en casos en que las fuerzas de seguridad tienen bajo su custodia a migrantes subsaharianos desarmados que han fracasado en su intento por llegar  Melilla, o en tiempos en que estas fuerzas organizaban redadas sin respeto al debido proceso para luego expulsarlos a Argelia. Sin embargo, investigaciones realizadas a a comienzos del 2014 en Oujda, Nador y Rabat indican que miembros de las fuerzas de seguridad reales marroquíes aún continúan empleando la violencia contra migrantes expulsados de Melilla.

“Marruecos debería precisar muy claramente a sus fuerzas de seguridad que los migrantes tienen derechos”, manifestó Bill Frelick, director del programa sobre refugiados de Human Rights Watch. “Marruecos debe poner fin a las ttoturass y otros abusos contra los inmigrantes”.

Miembros de las fuerzas de seguridad españolas la gudia civil también aplican la fuerza excesiva cuando expulsan en forma sumaria, en caliente, a subsaharianos o migrantes de Melilla, comprobó Human Rights Watch. España debería detener todas las deportaciones sumarias hacia Marruecos en la frontera con Melilla y suspender el retorno forzado a Marruecos de migrantes que lleguen a Melilla, hasta tanto Marruecos demuestre que estas personas ya no corren riesgo de sufrir otros abusos al regresar, y que sus derechos son garantizados.

La nueva política de Marruecos en materia de migración y asilo se desarrolló a partir de recomendaciones formuladas por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que fueron avaladas por el rey Mohammed VI. Las reformas incluyen el otorgamiento de residencia legal a migrantes a quienes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) haya reconocido como refugiados. Una vez completado el trámite ante la Oficina Nacional para los Refugiados y las Personas Apátridas, que comenzó a funcionar de nuevo recientemente, los refugiados reciben tarjetas de residencia que los habilitan a trabajar y recibir otros beneficios sociales.

Marruecos también ha adoptado un procedimiento de regularización “excepcional”, que estará vigente durante 2014 y permitirá a migrantes indocumentados que reúnan ciertos criterios solicitar la residencia por un año, con posibilidad de renovarla. No hay certezas con respecto a cuántos de los 25.000 migrantes subsaharianos que se estima que habría en Marruecos cumplirán los requisitos. Una breve encuesta informal indicó que solo unos pocos de quienes viven en campamentos improvisados en Nador y Oujda reunirían las condiciones.

El gobierno informó a Human Rights Watch que también está trabajando en la formulación de nuevas leyes sobre asilo, trata de personas y migración.

El informe de Human Rights Watch se elaboró sobre la base de entrevistas mantenidas con 67 migrantes subsaharianos en las ciudades de Oujda y Nador y en zonas próximas, durante pasados años. Human Rights Watch también entrevistó a funcionarios, agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales, e incluyó en el informe las respuestas ofrecidas por el gobierno a una serie de preguntas enviadas por escrito. En enero y febrero de 2014, Human Rights Watch entrevistó a otros 14 migrantes en Nador, Oujda y Rabat.

Los migrantes del África subsahariana abandonan sus países por distintas razones, como pobreza, problemas familiares y sociales, inestabilidad política y conflictos civiles, o, en algunos casos, temor a ser perseguidos. En el noreste de Marruecos, muchos aspiran a llegar a Europa. Numerosos migrantes entrevistados para este informe vivían en refugios improvisados en las afueras de grandes ciudades, y sobrevivían con ínfimos recursos y bajo el temor constante de las redadas policiales.

Parece que hay un acuerdo tácito entre España y Marruecos para saltarse la valla invisible humanitaria que debiera de haber

Según información aportada por organizaciones no gubernamentales, en diciembre de 2011, las autoridades marroquíes intensificaron las redadas en campamentos clandestinos de migrantes ubicados en zonas boscosas de las afueras de Oujda y Nador. Gendarmes y miembros de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos destruyeron refugios de migrantes y, en ocasiones, robaron sus pertenencias durante estas redadas, según indicaron migrantes a Human Rights Watch. Las fuerzas de seguridad arrestaron a migrantes de sexo masculino, los trasladaron en autobuses a la frontera con Argelia y les ordenaron que siguieran caminando, y eludieron así los procesos judiciales y administrativos de deportación correspondientes conforme a las leyes nacionales y las normas internacionales.

“Nicolas”, un hombre de 39 años originario de Camerún, contó que fue empujado hacia el lado argelino por miembros de las fuerzas de seguridad, al grito de “¡Yallah! [¡Vamos!]”. “Me trataron muy mal, y me propinaron patadas con tal violencia que, a causa de eso, orino con sangre”, dijo. Los nombres de los migrantes entrevistados han sido modificados para su seguridad.

En entrevistas a migrantes y organizaciones no gubernamentales realizadas en el noreste de Marruecos en enero de 2014, Human Rights Watch recibió información de que las expulsiones sumarias en la frontera con Argelia habían cesado, y que las redadas policiales de migrantes que vivían en Oujda y las proximidades de esta ciudad habían mermado desde octubre de 2013. No obstante, la policía aún realiza requisas en la región de Nador. Los migrantes se refirieron a redadas que ocurrieron en fechas tan recientes como el 29 de enero de 2014, cuando policías destruyeron campamentos improvisados de migrantes y arrestaron y golpearon a personas que intentaban llegar a Melilla. Las autoridades que detuvieron a migrantes durante redadas en Nador en los últimos meses, dispusieron su traslado en autobús a Rabat y otras zonas costeras, en vez de a la frontera con Argelia, como se hacía hasta entonces, según indicaron migrantes y organizaciones no gubernamentales a Human Rights Watch.

Con respecto a las expulsiones documentadas en el informe, el gobierno marroquí dijo a Human Rights Watch que no expulsaba a estas personas sino que efectuaba actos legítimos de “retorno a la frontera”. No obstante, la frontera entre Argelia y Marruecos continúa formalmente cerrada, y diversos migrantes indicaron a Human Rights Watch que funcionarios de seguridad marroquíes los habían llevado a sitios aislados y allí habían aplicado la fuerza o la amenaza de fuerza para coaccionarlos y lograr que se dirigieran a pie hacia Argelia.

Algunos migrantes expulsados que se encontraron con fuerzas de seguridad argelinas sufrieron abusos adicionales. Los migrantes indicaron que algunas autoridades fronterizas de Argelia los obligaron a regresar a Marruecos, en ocasiones con métodos violentos, tras robarles sus pertenencias.

El gobierno español debería poner fin al retorno en caliente a Marruecos de los migrantes que ingresan a Melilla. La legislación española exige a las fuerzas de seguridad y fronterizas cumplir los procedimientos de deportación al expulsar a migrantes que ingresan a España ilegalmente. Estas expulsiones también contravienen la normativa internacional y de la Unión Europea (UE), que prohíbe a los países enviar a las personas forzadamente de regreso a territorios donde estarían expuestas a un riesgo genuino de trato inhumano o degradante. Las autoridades españolas deberían además asegurar una investigación diligente de los señalamientos sobre el uso excesivo de la fuerza por sus propios agentes del orden y presionar a Marruecos para que renuncie al uso de la fuerza injustificada contra migrantes.

Muchos esperan que el nuevo estilo del nuevo rey de España y la gentil colaboración de su esposa inauguren, a partir de su visita a Marruecos un nuevo estilo, más comprensivo, para quienes son dueños solo de su pobreza y soledad, es decir los subsaharianos y también los exiliados de Siria o Libano. Si se dejan guiar por organizaciones como ACNUR o UNICEF, todos estaríamos más contentos.