Los cobros en las emergencias de las clínicas.

Manuel Vólquez

Fue muy acertada la decisión del Tribunal Constitucional de anular catorce artículos de la resolución número 086-11, que aprobó el reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de las compañías proveedoras de servicios de telecomunicaciones. Esa fallida, arbitraria e irracional resolución, autorizada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), además, obligaba a los organismos de investigaciones del Estado conservar registros de datos, conexión y accesos generados por los usuarios de manera que pudieran perseguir los crímenes y delitos de alta tecnología (espionaje), sin una orden de un juez. El Tribunal Constitucional estableció que esas normativas no eran consonantes con la Constitución en sus artículos 40, 44, 69 y 74, porque violentaban el derecho a la intimidad, en su vertiente de derecho del servicio al secreto y privacidad de la comunicación. Bien hecho. A buen ahora llega esa medida. Independientemente de que muchos ciudadanos son sometidos por encargos a groseras intervenciones telefónicas por parte de los organismos del Estado y agencias particulares especializadas en esos menesteres. Entre los ciudadanos perjudicados con esas tareas hay periodistas, comunicadores, políticos, y otros. Nadie tiene derecho a invadir la privacidad de las personas al escucharles sus conversaciones. Otra situación que asquea a nuestra sociedad son los abusos que cometen los propietarios de las clínicas al exigir depósitos para asistir a las personas que acuden a las áreas de emergencias. Particularmente, he sido testigo de muchos casos de esa naturaleza. Recuerdo una vez que llamé a tres centros de salud privados para un internamiento en cuidados intensivos de mi hermana mayor que había sufrido una lesión cardio vascular y desde el otro lado del teléfono alguien me comunicó que debía depositar 70 mil pesos para agenciarme una sala para cuidados intensivos. Confieso que en esos instantes pasaron por mi mente intenciones no muy agradables (no soy violento) y me preguntaba qué estaba pasando en el país, por qué tanta indolencia, si no había nadie que controle a los dueños de clínicas privadas. Recientemente, el ministro de Salud Pública lanzó de manera pública una advertencia a esos malos dominicanos de que aplicaría "sanciones drásticas" para eliminar esas malas prácticas inhumanas. No es la primera vez que escucho esas amenazas. Otros funcionarios de esa dependencia oficial también lo han advertido en el pasado, y todo continúa igual. Hay que pasar de la teoría a la práctica y dar un ejemplo a esa gente, independientemente del costo político en el entendido de que algunos propietarios de los centros médicos privados tienen, directa e indirectamente, vinculaciones de amistad, de negocios y hasta políticas con sectores ligados al poder.

La población está por encima de intereses particulares y de todos estos sinvergüenzas que se valen de sus nexos políticos para explotar a los pacientes (claro, no son todos) cobrándoles altos honorarios por internamientos, prácticas de cirugías y consultas.