Un juez mexicano decretó este sábado la liberación por falta de pruebas de 11 manifestantes, incluido un estudiante chileno, recluidos en penales de alta seguridad por los disturbios ocurridos la semana pasada en una protesta por la desaparición de 43 jóvenes en Guerrero (sur).

La decisión judicial fue inmediatamente celebrada por el gobierno de Chile, que había llevado a cabo gestiones diplomáticas reservadas para la liberación de su compatriota Laurence Maxwell.

"Esta es una muy buena noticia para su familia, para Laurence, para sus amigos, y por supuesto para el gobierno de Chile", expresó el canciller Heraldo Muñoz.

Los 11 manifestantes -ocho hombres y tres mujeres- habían sido detenidos durante una multitudinaria marcha el 20 de noviembre que derivó en un enfrentamiento con petardos y palos entre un grupo radical y policías antimotines en la neurálgica plaza del Zócalo de Ciudad de México.

Los detenidos fueron acusados por la fiscalía de crimen organizado, tentativa de homicidio y motín, pero familiares y ONG como Amnistía Internacional denunciaron que el proceso había sido arbitrario y no había evidencias en su contra, exigiendo su inmediata liberación.

Este sábado, el juzgado decimoséptimo de distrito de Xalapa, capital del estado de Veracruz (este), decretó su puesta en libertad "por falta de elementos a favor de los once detenidos", informó el oficial Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

De los ocho hombres detenidos, siete ya abandonaron el penal de máxima seguridad de Xalapa mientras que Maxwell fue trasladado hace varias horas a un centro migratorio del cercano puerto de Veracruz para la verificación de sus documentos de estancia en México, dijo a la AFP su abogada, Karla Micheel Salas.

"El cónsul de Chile acaba de entrar en la estación migratoria y estamos a la espera de que salga con noticias (...) Maxwell cuenta con una visa de estudiante de posgrado", señaló la letrada.

Maxwell, que negó haber participado en los disturbios, estudia un doctorado en la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor del país.

Su padre, Alberto Maxwell, expresó en la mañana su alegría por las órdenes de liberación y avanzó que podrían proceder contra autoridades mexicanas por violación de derechos humanos.

Las tres mujeres salieron también del penal de Tepic (oeste), según la abogada Mariana Gil, parte del equipo de defensa de algunos de los detenidos.

- "Desalentar las protestas" -

La manifestación del 20 de noviembre fue la última de una serie de protestas en México por la desaparición y posible masacre hace dos meses de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero) a manos de policías coludidos con narcotraficantes.

Este atroz crimen generó la peor crisis política en México desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia en 2012 y agudizó la gran desconfianza ciudadana ya existente hacia las fuerzas de seguridad.

Amnistía Internacional expresó sus sospechas de que los arrestos, y el envío de los manifestantes a penales de alta seguridad, pudieran tener el objetivo de disuadir futuras protestas.

Según el juzgado de Xalapa, los detenidos negaron haber estado en la entrada al Palacio Nacional en el momento de los disturbios, como había denunciado la policía.

Aunque las manifestaciones más contundentes se han registrado en Guerrero, en Ciudad de México también han tenido lugar varias marchas masivas.

La fiscalía mexicana no se ha pronunciado sobre la decisión judicial, pero el viernes volvió a ser objeto de críticas de abuso de autoridad debido a otra detención, la del estudiante de la UNAM y activista Sandino Bucio, quien fue llevado a declarar a la unidad especial contra el crimen organizado y después liberado sin que se especificara de qué delitos era sospechoso.

Compañeros y políticos, como el diputado federal por el izquierdista PRD Fernando Belaunzarán, denunciaron que la detención de Bucio -de la que han circulado imágenes- fue a manos de policías vestidos de civil que lo introdujeron en un coche no oficial y después lo amenazaron y golpearon.