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La Justicia Transicional: un análisis.Se abarcan las torturas, reparación de las victimas, prevención y fin de las violencias

28/06/2016 05:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Instituto Internacional de Sociología Jurídica se suma a los cursos de verano de la Universidad del País Vasco con jornadas que analizan la justicia transicional en Euskadi y España. Esa justicia engloba el proceso de transición de una dictadura a una democracia

El Instituto Internacional de Sociología Jurídica se suma también este año a los cursos de verano de la Universidad del País Vasco con unas jornadas dedicadas a analizar la justicia transicional en Euskadi y España, desde una perspectiva comparada.

El curso será del 28 al 30 de julio, y está organizado por el IISJ en colaboración con ehuGune, el programa de la UPV/EHU para compartir con la sociedad civil ámbitos de debate y análisis en torno a cuestiones sociales de especial relevancia y actualidad.

Según explican los coordinadores, Adam Czarnota (IISJ) y Joxerramon Bengoetxea (UPV-EHU ehuGune), "la justicia transicional engloba los procesos de transición de un régimen dictatorial a una democracia, o de un conflicto armado a la paz. En ella se recogen las medidas judiciales y políticas encaminadas a lograr un equilibro entre las exigencias jurídicas (garantías de las víctimas, justicia, reparación y garantía de no repetición), con las exigencias políticas (necesidad de paz)».

Este curso de verano está planteado como un taller-workshop. En él se analizará la problemática de la justicia transicional en el País Vasco, en España y en Europa, y otras partes del mundo como Francia, los países de la Europa del Este y Rusia, Colombia o África. El tema se abordará desde una perspectiva teórica y comparada, teniendo en cuenta, a su vez, los casos prácticos.

Según la organización «se va a prestar especial atención al papel que juegan las instituciones legales a la hora de gestionar los procesos de transición a la democracia. Además, se analizarán las políticas y estrategias para enfrentarse al pasado, y las relaciones entre los recuerdos colectivos y las instituciones legales».

Las ponencias: Este curso de verano está abierto a cualquier persona que quiera participar en el mismo.El curso se ha inaugurado el lunes 28 de junio, a las nueve de la mañana, con una conferencia a cargo del profesor de la UPV y miembro de la sociedad de ciencias Aranzadi, Paco Etxeberria. La charla del reputado médico forense, antropólogo, e investigador será abierta a cualquier persona interesada (no exige inscripción y será gratuita). También lo será la de clausura el miércoles 30 de julio, a las 12.30. En este caso a cargo de Wolfgang Weisbrod-Weber, presidente de la Misión de las Naciones Unidas para la Organización de un Referéndum en el Sáhara Occidental, 'Minurso'.

Más de cuatro mil personas se vieron afectadas en Euskadi por las torturas cometidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado durante los últimos cincuenta años, según la investigación realizada por el Instituto vasco de Criminología. Sus conclusiones provisionales las dieron a conovcer el secretario general de Paz y Convivencia del Ejecutivo vasco, Jonan Fernández, y el antropólogo forense Paco Etxeberria.

El informe identifica a 4.009 personas víctimas de torturas durante el último periodo franquista y la etapa democrática. Los casos recogidos hasta el momento se elevan a 3.577; de ellos 2.000 han sido analizados en profundidad y a 202 se le ha aplicado el protocolo de Estambul, mecanismo de Naciones Unidas para comprobar la veracidad de las denuncias.

El 83% de los denunciantes son hombres y el resto mujeres. El 17% denuncia haber sido torturado en más de una ocasión por lo que sus autores estiman que el número de casos se elevara hasta los 5.000. Constatan además que estas cifras son inferiores a las reales y que más personas se incorporarán al censo de aquí a la finalización del estudio, previsto para final de año. Para su inclusión en el mismo hay que ser vasco o residente en la comunidad autónoma o haber sufrido torturas en su ámbito geográfico.

La Investigación de la Tortura en el País Vasco entre 1960 y 2013 es un encargo del Gobierno de Íñigo Urkullu, que tiene por objeto desvelar la incidencia de este fenómeno en Euskadi y establecer conclusiones en materia de reconocimiento y reparación de las víctimas, así como de prevención para la erradicación definitiva de ese tipo de abusos y prácticas violentas.

El informe es una de las iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo dentro de su Plan de Paz y Convivencia. Sus autores son Paco Etxeberria, el doctor en Medicina Carlos Martín Beristain y la licenciada en derecho y máster en Criminología Laura Pego. Con ellos colaboran 40 profesionales de la salud y expertos en Derechos Humanos. “El número de casos muy graves puede ser muy importante”, subraya el equipo.

Veracidad de las denuncias. Los investigadores han analizado más de 22.000 documentos y recogido más de 900 testimonios. Las pruebas periciales practicadas les llevan a otorgar “credibilidad” a los relatos y a autentificar la veracidad de los hechos denunciados.

Tras la aplicación del Protocolo de Estambul a dos centenares de casos concluyeron que sólo el 2% de las denuncias podían ser tachadas de “inconsistentes” a efectos de la demostración de torturas. E incluso en ese pequeño porcentaje invalidado quedaba probada la existencia de tratos inhumanos o degradantes, o el uso de una violencia excesiva durante el arresto.

El plan de paz y convivencia debe salir adelante porque esta sociedad lo exige

Etxeberria ha incidido en este aspecto al asegurar que tienen testimonios de todo tipo de gente - “sacerdotes, cirujanos, responsables políticos…”- que las corroboran, adelantándose a los presumibles intentos de desacreditar las conclusiones de la investigación.

También ha incidido en la gravedad de las consecuencias que arrastran las víctimas, que en un porcentaje del 5% presentan secuelas psicológicas.

Diferencias entre cuerpos policiales. La cifra más elevada de los 3.577 casos incorporados al estudio se produjo durante 1975, cuando el régimen franquista decretó el último estado de excepción. Sobre aquel año se registran 265 denuncias. Los ochenta, con 1.184 torturados, fue la peor década, dejando en sus inicios los mayores picos de la gráfica, con 168 y 162 víctimas. El descenso paulatino de las torturas se produce a partir de 2004, sin que haya ningún caso registrado en 2015 y el primer semestre de 2016.

La distribución por autoría prácticamente iguala a la Guardia Civil (1.589 casos) con la Policía Nacional (1561). Sobre la Ertzaintza se recogen 310. El resto corresponde a Policía Municipal (4), funcionarios de prisiones (19) y otros (39). De 64 no tienen datos.

La tortura se ha visto favorecida por la incomunicación de los detenidos. Su práctica ofrece una “diferencia significativa”, cualitativa y cuantitativamente, entre las distintas fuerzas policiales. Los tres cuerpos de las FSE utilizaron las técnicas del plantón –mantener de pie al arrestado sin moverse durante horas– y la extenuación física. El uso de la bolsa se le atribuye a la Guardia Civil, que compartió con la Policía Nacional el empleo de los electrodos y la bañera.

Se constata además la importancia que en la esfera psíquica adquieren los gritos, insultos y amenazas y se concluye que los citados no son los únicos, “ni los más gravés” métodos utilizados.

21 sentencias

Las diferentes prácticas cambiaron en los ochenta, a raíz de las primeras sentencias de los tribunales de justicia españoles, para “tratar de dificultar” que los forenses pudieran acreditarlas ante los jueces.

La Guardia Civil ha sido condenada en doce ocasiones y la Policía Nacional en nueve. Los fallos han afectado a 50 funcionarios públicos, 49 hombres y una mujer, que han sido castigados por torturas cometidas contra 32 personas -28 hombres y cuatro mujeres- detenidas entre los años 1979 y 1992. No hay ninguna sentencia condenatoria contra la Ertzaintza.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en ocho casos por incumplimiento de las obligaciones contraídas en contra de la tortura y la ONU se ha pronunciado en el mismo sentido reprobatorio en otros dos.

Falta de garantias.Los derechos de los detenidos siguen sin estar garantizados “de manera efectiva”, según concluyen los autores del informe.

Siguiendo las recomendaciones hechas por organizaciones internacionales España estableció en 1997 un protocolo para el reconocimiento médico forense a los arrestados, que no se ha cumplido “salvo excepciones”, lo que dificulta la investigación de las denuncias.

En el País Vasco existe desde 2003 un plan de actuación por el que los detenidos en régimen de incomunicación son controlados mediante cámaras y grabados durante el tiempo que dura el aislamiento. Implementado por el Gobierno de Lakua sólo lo sigue la Ertzaintza, pero no el resto de las policías.

El estudio considera que las videograbaciones son “una buena herramienta de control” y recoge la necesidad de que el protocolo del Ejecutivo, mejorado con las sugerencias que propone el Ararteko (defensor del pueblo vasco), se extienda a Policía Nacional y Guardia Civil con el fin de introducir garantías “hoy día inexistentes”.

El avance de las conclusiones del informe se ha presentado en la inauguración de un Congreso sobre “verdad y reconocimiento para las víctimas de tortura, tratos inhumanos y degradantes” organizado en el marco de los Cursos de Verano de la UPV.

Durante el acto, el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha destacado el compromiso de su Gobierno con la erradicación y prevención de la tortura.


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