La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó este viernes a la oleada de condenas por la "alteración del orden constitucional y democrático" en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia asumió las tareas del Poder Legislativo.

En una nota oficial, la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó que "condena las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia" venezolano, alegando que "constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo".

También representan "una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional", el parlamente unicameral venezolano, de mayoría opositora.

Por ello la CIDH "condena categóricamente esta grave injerencia del Poder Judicial en la Asamblea Nacional y urge al Estado venezolano a restablecer la independencia y separación de poderes del Estado".

De acuerdo con la entidad, este cuadro presenta un "riesgo para la vigencia de los derechos humanos y de principios democráticos básicos".

La CIDH reiteró a Venezuela la necesidad de "garantizar la ciudadanía" y a los grupos políticos organizados el "derecho a la participación política y la libertad de expresión sin temor a represalias".

En su nota la Comisión reiteró a las autoridades venezolanas que autoricen una visita de observación al país, pedido que la entidad solicita anualmente y sin éxito desde el año 2004.

Este mismo viernes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el diplomático uruguayo Luis Almagro, solicitó formalmente la convocatoria de una reunión del Consejo Permanente de la entidad para discutir la situación en Venezuela.

En la víspera, Almagro había denunciado un "auto golpe de estado" en Venezuela.

-Unasur alarmada-

Seis países de Unasur --Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay-- dijeron este viernes en un comunicado que les "causa alarma" la situación en Venezuela.

En un comunicado conjunto divulgado por sus cancillerías, los gobiernos de estos países condenaron "la situación creada a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que afecta a la Asamblea Nacional de ese país y los parlamentarios electos por el voto popular".

"Causa alarma el anuncio de que el Tribunal asumirá las competencias del Poder Legislativo", señalaron los firmantes del texto, que se identifican como "países miembros de la Unión Suramericana de Naciones" (Unasur) pero que no está avalado por otros integrantes del organismo regional como Ecuador, Bolivia y Perú.

También se dijeron impactados por "la decisión de limitar las facultades de la Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus miembros, hechos que atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación, independencia y acatamiento de poderes públicos, pilares del Estado de Derecho".

Muchos de los gobiernos de Unasur ya habían emitido por separado críticas a lo ocurrido en Venezuela e incluso Perú, que no firma el comunicado divulgado este viernes, retiró la víspera a su embajador de Caracas en protesta por el "quebrantamiento del orden democrático".

Los seis firmantes del comunicado también reiteraron "el urgente llamado" a que el gobierno de Venezuela tome medidas, acordadas con la oposición, "para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho".

A la vez, aseguraron que seguirán "pendientes" de lo que ocurra en ese país "para adoptar otras decisiones" colectivas.