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20/11/2014

El Hombre Enmascarado “es duro con los duros” pero la Audiencia Nacional es “dura con los blandos y blanda con los duros” y no le tiembla el pulso para decretar decenas de prisiones provisionales, sin fianza o con fianzas imposibles, contra los presuntos corruptos -sin juicio, ni condena-

 

 

La sanguinaria ex etarra Idoia López Riaño, miembro del comando Madrid de ETA y condenada por 23 asesinatos a 2.000 años de cárcel -casi que los transcurridos desde la muerte de Jesucristo hasta nuestros días- podrá ausentarse de prisión, sin seguimiento ni vigilancia, para asistir a clases de conducir. Así lo acordó esta semana por unanimidad la Sala Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, la misma que, con la abstención de su presidente Grande Marlaska, absolvió a los asaltantes del parlamento de Cataluña en Junio de 2011.

El aficionado al cómic sabe que el Hombre Enmascarado “es duro con los duros” pero la Audiencia Nacional se empeña cada día en ser “dura con los blandos y blanda con los duros” De ahí que no le tiemble el pulso para decretar o ratificar decenas de prisiones provisionales, sin fianza o con fianzas imposibles, contra los presuntos corruptos -sin juicio, ni condena- saltándose una y otra vez el único derecho fundamental consagrado en nuestra constitución al respecto, que no es otro que el de la Presunción de Inocencia.

Nuestra ley procesal consagra ese principio como norma y, la excepción, la prisión preventiva o provisional, debe ser razonada y por algunos de los motivos tasados: evitar la reiteración delictiva, impedir la obstrucción a la justicia o la destrucción de pruebas y el riesgo de fuga. En la práctica, en los casos de corrupción, nunca se valora el primer motivo, el segundo -después de escuchas, seguimientos y registros previos a la detención- ya no se sostiene y la chistera de los magistrados prestidigitadores, su cajón “desastre” es hoy, el riesgo de fuga. Cuando un juez, supuestamente imparcial, te manda para el talego, sin juicio ni condena, dizque por riesgo de fuga, a ver quien es el valiente que le tuerce la decisión; desde luego que nunca la Sala de lo Penal ni la Fiscalía porque, es un hecho, que siempre existe ese riesgo.

Sin embargo, ni de lejos quiso el legislador consagrar un sistema que permita a los jueces -de modo ordinario, regular, arbitrario, abusivo y sin otra defensa que la prueba diabólica de lo contrario- saltarse la constitucional presunción de inocencia y el principio de que nadie debe de sufrir prisión sin un juicio y una condena. Si esa hubiera sido la intención, la presunción de inocencia no sería el derecho fundamental amparado por nuestra constitución y la de todos los países democráticos del mundo y las convenciones de Derechos Humanos, porque siempre hay un riesgo de fuga y por tanto, siempre debería de dictarse la prisión provisional a la espera de juicio.

Ese potencial riesgo tiene que ser motivado y, sobre todo, fundado. Más aún, no debe existir otro recurso o remedio menos gravoso para evitarlo. Y hoy, infelizmente, todas las prisiones preventivas, sin fianza o con fianza imposible, que se están dictando en casos de corrupción, se decretan tras una exigua toma de declaración al imputado-víctima, una pantomima de audiencia y una resolución, en sus tres cuartas partes, de “copia y pega”. Y ello, cuando es obvio que el simple recurso a la retirada del pasaporte, la presentación en el juzgado regularmente y la pulsera o grillete GPS, bastaría para sortear el riesgo.

Se está disparando el recurso a la prisión preventiva por los jueces de instrucción para ejemplarizar, disuadir y, peor aún, para ablandar ánimos y lenguas con los que forzar una admisión de hechos y hasta una confesión. Se trafica a diario con la prisión y la fianza a los imputados -sobre todo por la Fiscalía- para forzar colaboraciones que muy a menudo se nutren de mentiras y fabulaciones con el único propósito de alcanzar la excarcelación o rebaja de fianza. El doble récord lo ostenta Ángel de Cabo Sanz -Operación Crucero-, hoy en libertad, a quien el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional le fijó la fianza mas alta de toda la historia judicial española -50.000.000€- para, después de año y medio, hacer la rebaja mas alta de la historia judicial española al cifrarla en apenas 300.000€

No ven riesgo de que se fugue, pero en Díaz Ferrán, si

La Sala Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional que autoriza la salida de la “Tigresa” de la cárcel, para sacarse el carnet de conducir, con solo 17 años de cumplimiento sobre los 2.000 de condena (0, 85%) añade en su resolución que “no se ha explicitado al día de hoy, en que elemento objetivo se sustenta la conclusión de riesgo de fuga o quebrantamiento de condena...” como si el hecho de restarle el cumplimiento de una pena de 1.983 años de cárcel (al margen del máximo legal de cumplimiento efectivo) no fuera en si mismo un elemento objetivo determinante y sustentador de dicho riesgo.

Vaya por delante que, a pesar de todo lo dicho hasta aquí, a título personal, y sin duda que muy lejos del sentimiento de sus víctimas, yo si estoy por los beneficios carcelarios para todos y la reinserción social de los presos, sin excepción. Como consecuencia, si estoy a favor de que, si se dan los presupuestos que la ley exige, la Tigresa pueda disfrutar de dichos permisos. Mi denuncia y mi queja es el agravio tan comparativo e insostenible que sienta esa resolución y las de ese sesgo para con hechos, situaciones y preso preventivos, sin juicio ni condena, y por delitos inmensamente mas leves que los de la Tigresa. Tan inmensamente más leves, tan sideralmente lejos de los de aquella, que para mi, a su lado, serían Cervatillos.

Me refiero como no, a todos los preso-preventivos imputados en las causas de corrupción por nuestra geografía -Operación Púnica, ERES, Bárcenas, Gurtel, etc.- muchos sin fianza o con fianzas imposibles. Todos ellos, sin haber sido juzgados ni condenados y por tanto sin haber podido articular siquiera su defensa. Son, por su generalizada afición a la caza y por contraposición a la Tigresa, lo que aquí llamo Cervatillos. Todos, sin excepción, han sufrido simultaneamente a su detención e ingreso en prisión, calabozo policial, incautaciones de documentos, ordenadores, discos duros y móviles, escuchas telefónicas, bloqueos de bienes y cuentas, registros en domicilios y oficinas, etc. y por tanto, difícilmente pueden obstruir la acción de la justicia o destruir pruebas. La inmensa mayoría no puede atender, ni los honorarios de su defensa, ni los gastos básicos de su familia, entre otras razones porque los férreos e inflexibles jueces y magistrados que los enchironan, rechazan o no proveen, como es su obligación, lo necesario para ello. Todos, por tanto, son preso-preventivos porque, según el juez que lo ordena, existe riesgo de fuga, aunque ninguno haya cometido 23 asesinatos, ni será condenado jamás a 2.000 años de cárcel.

Más aún, la misma Audiencia Nacional, su Sala Segunda, la que en Junio de 2013 rebajó la fianza del ex presidente de CEOE y dueño de Viajes Marsans, Gerardo Diaz Ferrán, de 10 millones a 5 millones, lo hizo porque, según expresó en su Auto, habían pasado cuatro meses desde que el mismo tribunal la había rebajado de 30 a 10, sin que la hubiera satisfecho, lo que apuntaba a “una imposibilidad de prestarla”. Pues bien, a la fecha, diecisiete meses después de fijarla en esos 5 millones y pese a la manifiesta imposibilidad de prestarla, hoy más aún que entonces por el tiempo transcurrido, lejos de rebajarla, esta misma semana pasada le han acordado la prórroga de su prisión por dos años más. Y, una vez más, por la socorrida apelación al riesgo de fuga, de un anciano de 72 años, con todos sus bienes embargados o bloqueado y que no esta imputado por ningún delito de corrupción -si es que ello fuera excusa por la alarma social existente-

La Tigresa por 23 asesinatos; Diaz Ferrán por varios delitos por alzamiento de bienes, blanqueo y fiscal; la Tigresa, juzgada y condenada; Diaz Ferrán, ni lo uno, ni lo otro. La Tigresa una condena firme de 2.000 años de cárcel; Diaz Ferrán, sin juicio ni condena, le solicitan Fiscal y acusaciones una media de 14 años. Ella, la Tigresa, -50 años recién cumplidos- a punto de salir por orden de la Audiencia Nacional -que no ve riesgo de fuga- para tomar clases de carnet de conducir; él, Diaz Ferrán, un Cervatillo -72 años- dos años de prisión preventiva, 5 millones de fianza y ahora, por orden de la Audiencia Nacional, dos años más. Ella, la Tigresa, la depredadora, con trato blando; el/ellos, los Cervatillos, los blandos al lado de ella, con trato duro. En el reino animal siempre fue así. Ahora también en el reino de la Audiencia Nacional que administra la justicita de este país en estas causas. Que pese sobre sus conciencias y les toque de cerca algo parecido, que diría el gitano.

AscoHastaLaNáusea

 

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