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Millones de pesos se esfuman en bolsillos de funcionarios y políticos

14/05/2013 06:10 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

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POR MANUEL AZCONA La Declaración Jurada de Bienes es sinónimo de muerte reflejada en una injusticia de la propia ley, instrumentada para la evasión y el enriquecimiento ilícito a cargo de funcionarios y políticos, cuyos recursos usurpados servirían para mitigar el hambre de miles de desamparados hombres, mujeres y niños que arrastran una miserable vida, mientras los potentados se regodean de sus fortunas en un Estado Social y Democrático de Derecho. Los poderes del Estado parecen huir como el diablo a la cruz ante la evasiva ley de Declaración Jurada de Bienes, una Cámara que actúa por su cuenta, la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción que no reporta ningún caso de prevaricación y un Congreso Nacional apegado al deber de representar el pueblo que los eligió y ante el cual deben rendir cuentas, mientras permanecen indiferentes ante el espectáculo de los desamparados que viven en pútridos arrabales, carentes de ayuda y medios de defensa. Ante esa situación, urge la revisión de la ley de Declaración Jurada de Bienes como imperativo jurídico que la realidad social impone a los legisladores que deben vigilar a fin de que respondan a las necesidades de la época. Nuestra propia Constitución establece que el régimen económico está orientado hacia la búsqueda del desarrollo humano y se fundamenta en el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión social, entre otros. De acuerdo a los tratadistas en la materia, se calcula que la evasión y el enriquecimiento ilícito en República Dominicana podrían superar el monto de 500 millones de pesos anuales. La actual Ley 82- 1979, sobre Declaración de Bienes, no garantiza un mecanismo confiable para la presentación de inventario de patrimonio, además de que dificulta detectar la evasión fiscal, enriquecimiento ilícito y actos de corrupción en general. De igual forma, este instrumento fiscalizador no contempla sanciones en casos de falsedad de informaciones, recuperación de bienes estatales sustraídos de la administración pública. La obsoleta legislación de la Declaración Jurada de Bienes, 82-79, en caso de evasión o enriquecimiento ilícito apenas contempla una amonestación, mientras el Tesoro Nacional solo remite una copia de cada inventario al procurador general de la República.

Luz al final del túnel

Sin embargo, los senadores Charles Noel Mariotti Tapia y Julio César Valentín Jiminián, de las provincias de Monte Plata y Santiago, respectivamente, han asumido la responsabilidad de presentar una nueva legislación sobre Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito, mediante el cual se busca establecer un marco normativo funcional a los fines de institucionalizar mecanismos de acceso a la información pública y rendición de cuentas para transparentar la administración con miras a la erradicación de la corrupción en la República Dominicana. La nueva ley tiene por objetivo instituir el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio, a los fines de establecer las instituciones responsables de su aplicación, jerarquizar su autoridad y proveer a los órganos públicos de control e investigación de la corrupción administrativa las herramientas normativas para eficientizar sus funciones. Además, la legislación incluye la tecnología de la información afín de ofrecer a la administración un instrumento para la simplificación administrativa, la prevención, detección y persecución de actos de corrupción. La Constitución dominicana establece la obligatoriedad a los funcionarios de presentar su declaración jurada de bienes, además, deben siempre probar el origen de su patrimonio, antes y después de finalizadas sus funciones o a requerimiento de la autoridad competente, medida que constituye una inversión constitucional del fardo de la prueba sobre el origen de los bienes de los funcionarios públicos. A las personas condenadas por delitos de corrupción les será exigida la restitución de lo apropiado de manera ilícita, además, establece la confiscatoriedad mediante sentencia definitiva de los patrimonios que tengan sus orígenes en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como de los utilizados o provenientes de actividades del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias controladas o relativa a la delincuencia transnacional organizada y de toda información prevista en las leyes penales.

DECLARACION JURADA Y LEYES

El gobierno encabezado por Antonio Guzmán Fernández se vio en la obligatoriedad de derogar la ley 5729, de fecha 29 de diciembre de 1961 y la ley número 144 del 4 de junio de 1971 y demás disposiciones que le sean contrarias, así como la 10-04 del 20 de enero 20004, sobre Cámara de Cuentas de República Dominicana y el decreto número 287- 06 de fecha 17 de julio 2006, sobre el Sistema Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio. URGE IMPERIO DE LA LEY El Tribunal Constitucional, ante el rol que le ha conferido la Constitución de la República, está llamado a imponer el orden ante la impunidad que prevalece en el país. Además, los políticos están llamados a anteponer sus intereses personales a los fines de defender el bienestar del pueblo dominicano en vista de que la misma ley de Declaración Jurada atenta contra la seguridad del Estado. El Tribunal Constitucional ha sido concebido con el objetivo de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, a los fines de constituir un sistema robusto de Justicia Constitucional independiente y efectivo. En el cumplimiento de sus funciones, este Tribunal, como órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, es el garante de la supremacía y defensa de las normas y principios constitucionales ante las debilidades normativas del sistema político de nuestro país.

ROL DE LOS PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación de la República Dominicana tienen el contrapeso necesario para generar diálogo junto a los actores del sector justicia constitucional con miras de aportar calidad investigativa, mayor trasparencia, ética profesional, y lenguajes integradores sobre la realidad que rodea a los hechos noticiosos que emanan de un fallo constitucional, mediante una visión constructiva y de futuro, al desarrollo de una sociedad más humana y solidaria frente a la actual temática, pues sin libertad no existe democracia, ni Estado de derecho. Los medios y los periodistas estamos en el deber de hurgar datos como instrumento para enriquecer nuevos conocimientos, autocriticas y propuestas creativas en procura de un periodismo ético y crítico que no le tema a la verdad y apegado a la trasparencia, desterrar la corrupción, la intolerancia y las presiones de los poderes públicos. En realidad los medios están llamados a cambiar el curso de la humanidad ante su poder de las ideas de la comunicación. De acuerdo con la Constitución, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas. En tanto, la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCO) demanda del Congreso Nacional la aprobación de la iniciativa. Mientras, el Foro Económico Mundial y la ONG Transparency Internacional colocan a la República Dominicana en el puesto 118, de conformidad con el índice de percepción de corrupción. Además, el extinto Presidente Joaquín Balaguer, en su gestión de gobierno acuñó la frase "República Dominicana es un país rico, pobremente administrado". En conclusión: "No hay tribunales humanos para ciertos grandes crímenes, el único gran tribunal es el de la historia, que hace condenación moral de los atentados a la soberanía de los pueblos".


Sobre esta noticia

Autor:
Modesto Rodriguez (23815 noticias)
Fuente:
antillas1.blogspot.com
Visitas:
234
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Distribución gratuita
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