Con bastante frecuencia hay que acudir a las hemerotecas para entender hechos de rabiosa actualidad. Y un hecho de rabiosa actualidad es que Andalucía se desangra por el paro. Y es un hecho de rabiosa actualidad que Andalucía tiene potencial profesional suficiente para paliar ese paro. También es un hecho de rabiosa actualidad, que en Andalucía gobierna un partido que se autoproclama socialista, pero que sirve con exquisito acomodo mucho más al interés de parte que al interés general, hasta el extremo de que pudiendo remediar el estructural problema del paro, si quiera de forma parcial, prefiere no hacerlo simplemente para favorecer a un determinado grupo de presión, o lobby: EL LOBBY DE LOS FARMACÉUTICOS PROPIETARIOS DE FARMACIAS.

El otro día, un amigo me preguntaba... ¿Pero cómo es posible que el PSOE en Andalucía no liberalice las farmacias? ¿Cómo es posible que se dedique a defender el negocio de los señoritos y de los pudientes de toda la vida, negando todo horizonte profesional autónomo a los hijos de las clases menos favorecidas? ¿Qué tipo de socialismo es ese?...De este tenor, eran todas las preguntas que me hacía mi coyuntural contertulio. Y como quiera que al parecer, las razones que le expresé de forma verbal no le convencieron en exceso, voy a intentar hacerlo ahora usando esta vía, escrita, para desmenuzar acaso con más rigor todo aquello que intenté hilvanar en nuestra precipitada conversación. Vayamos pues, por partes.

En primer lugar, a nadie escapa que el PSOE de Andalucía es un puro aparato de poder total y absolutamente desideologizado. Es el poder por el poder y el control por el control. El de Andalucía y algunos otros... Bien, en segundo lugar, tampoco a nadie escapa que las doctrinas socialistas se basan en reducir la autonomía del individuo y en aumentarel control del Estado. Se supone que ese trasvase de la autonomía del individuo al Estado se produce en aras de la equidad y de la justicia social. Los hechos, tozudos, nos demuestran ( al menos en la materia que analizamos) que ese trasvase de autonomía del individuo al Estado, en materia farmacéutica, es usado por la propia Administración, no para conseguir esa igualdad, equidad y justicia social que predica, sino precisamente para tener controlado al sector con más eficacia, aun cuando eso suponga ( como de hecho ocurre) propiciar la más descarnada de las injusticias profesionales, coadyuvar a la más desmedida iniquidad profesional, y finalmente, consagrar el más escandaloso y antisocial liberticidio profesional conocido.

Claro que algunos se preguntarán... ¿En base a qué podemos creer que todo esto es cierto? Acudamos pues a la hemeroteca. Retrotraigámonos a 1985. El Ex_presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, funda un despacho de abogados en Madrid, especializado en asesoramientos mercantiles a empresas. Se instalan en la Calle Sma. Trinidad, de Madrid, junto a la sede del PCE.

Ya por aquel tiempo, el gobierno socialista, empezó a hablar de liberalización de la farmacia, lo cual no dejará de ser un constante amagar y no dar ... hasta nuestros días . Bien, en ese ambiente, Rafael Escuredo hace su primer negocio. El presidente del Consejo Superior de Colegios de Farmacéuticos le encarga que eche abajo como sea, una propuesta del gobierno socialista que pretende liberalizar el sector de la farmacia. Dicho y hecho, el Ex_presidente de la Junta de Andalucía negocia con el ministro de sanidad, el malogrado Ernest Lluch, y consigue que el ejecutivo retire el proyecto de ley. A cambio, su bufete gana tres millones depesetas de la época.

¿Se han quedado con la fecha? 1985. El mismo año en que la UE publicó la directiva 85/432/CE de que hablábamos en el artículo anterior. ¿Causal o casual? Pero sigamos...

Saltemos ahora al año 2.000. El año que ve la luz en Navarra la ley Cervera (Ley Foral 12/2000 de 16 de noviembre, de Atención farmacéutica para Navarra). El año en que días más tarde, es asesinado el Ministro Lluch. El año que los farmacéuticos de toda España están revolucionados con lo que está pasando en Navarra. El año en que los farmacéuticos castellano manchegos se envalentonan con su presidente regional, José Bono, interponiendo recursos judiciales al concurso de nuevas aperturas de farmacias.

¿Saben cómo resolvió Bono la situación? Llamó a capítulo a los presidentes colegiales y les advirtió: O me desbloqueáis la situación en los juzgados, u os liberalizo la profesión. Los boticarios recularon, Bono les conservó el monopolio, y aquí paz y después gloria. ¿Es o no es socialismo de salón? La situación descrita, traducida en términos de ejercicios de derechos fundamentales, sería algo parecido a lo siguiente, puesto en boca de Bono:

"Si ustedes (farmacéuticos instalados) ejercen su constitucional derecho de dirigirse a los tribunales de justicia, yo, que tengo secuestrado el constitucional derecho de sus compañeros a establecerse libremente, renunciaré al secuestro de ese derecho, para así obligarles a ustedes a que no ejerciten el suyo". Tras ese incidente, el recién estrenado consejero de sanidad, Fernando Lamata, aseveró: "Si los farmacéutuicos instalados se siguen obstinando en cuestionar la normativa farmacéutica en sede judicial, nos veremos obligados a abrir un nuevo camino, ES DECIR, UNA PLANIFICACIÓN DE MÍNIMOS QUE GARANTICE UNA MAYOR DISPONIBILIDAD DE OFICINAS DE FARMACIA.

Como ven, el Sr. Lamata reconoce explícitamente que un sistema de mínimos conduciría inevitablemente a una mayor disponibilidad de oficinas de farmacia para la población. Lamentablemente, les interesaba más controlar a los farmacéuticos ejercientes, que el derecho de los farmacéuticos menos favorecidos social y económicamente.Y mucho menos, todavía, el derecho del paciente, verdadera moneda de cambio en este cada vez más pestilente tablero de intereses, corruptelas, negocios y amiguetes.

Si esto es democrático, si esto es socialista, y si esto es, siquiera, medio decente, que venga Dios y lo vea. Indignado estoy