Nuevo capítulo en la batalla que mantienen en el seno del Gobierno PSOE y Unidas Podemos en relación a la prohibición de cortar los suministros básicos a familias vulnerables. Este jueves, la formación morada se reunió, junto a otros siete partidos, con varias organizaciones sociales que piden la regulación urgente de esta prohibición. Y, junto a todos ellos, firmó un manifiesto en el que insiste en que "el derecho a una vivienda digna no sólo consiste en poder contar con cuatro paredes y un techo, sino también en disponer de unos suministros básicos garantizados que nos permitan gozar de un nivel de vida digno".

La negociación lleva varios días encallada y dando pequeños pasos únicamente a raíz de los conflictos que se van conociendo por los medios de comunicación. Mientras Unidas Podemos aboga por un decreto que establezca la prohibición de cortar todos los suministros a familias vulnerables como se hizo durante la primera ola de la pandemia, el PSOE y, fundamentalmente, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, solo ofrece esta prohibición para la electricidad, aunque el miércoles se abrió a regular también los cortes de agua.

Por ello, los cruces de reproches han sido cada vez más públicos en los últimos días, y el manifiesto firmado hoy es solo la última muestra de esa tensión. Unidas Podemos lo suscribe junto a Más País, Junts, la CUP, EH Bildu, Compromís, BNG y Coalición Canaria, y el texto está impulsado por Ecologistas en Acción, Aliança contra la Pobresa Energètica, la PAH, Aigua és Vida, Enginyeria Sense Fronteres, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Red Agua Pública.

"El Ministerio para la Transición Ecológica, encabezado por la ministra Teresa Ribera, debe impulsar cuanto antes el establecimiento del principio de precaución, una herramienta que obligue a las compañías suministradoras a consultar con los servicios sociales competentes la situación de cualquier familia afectada por un aviso de corte y a garantizar sus suministros en el caso de que cumpla con unos baremos específicos de vulnerabilidad", señalan específicamente los firmantes del texto.

Pero, además, los firmantes introducen una propuesta novedosa: que no sea el Estado el que pague las facturas a las familias que no puedan sufragarlas, sino que estas corran a cargo de las propias compañías suministradoras de energía y agua. Los impagos, señala el manifiesto, "se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, por un sistema de financiación participado al 100 % por las propias compañías de todos los segmentos implicados".

Más información en breve.