Mas de 800 policías y militares hondureños se desplegaron este miércoles en los autobuses del transporte público de Tegucigalpa para prevenir asesinatos a manos de extorsionadores, pese a lo cual un conductor fue asesinado en el Caribe.

Los policías se subieron a los autobuses que cubren las rutas que transportan a cerca de 600.000 personas diariamente en las diferentes zonas de la capital hondureña, así como en las estaciones de abordaje y de parada.

El ministro de Seguridad, Arturo Corrales, dijo a la radio HRN que 500 policías se sumaron a 300 militares que ya estaban dedicados a cuidar del transporte público.

Entre tanto, decenas de empresarios del transporte se reunían este miércoles en la ciudad de Siguatepeque, 120 km al norte de la capital, donde discutían un paro a nivel nacional para exigir al gobierno mayor protección.

"El paro está decidido y será a nivel nacional", anunció al diario La Prensa el dirigente de los transportistas Antonio Hernández, quien añadió que "solo definiremos qué tipo de paro se hará, si se hará bloqueando rutas o de brazo caídos".

La asamblea coincidió con el asesinato del conductor de un bus, identificado como Ismael Núñez, de 23 años, a manos de dos individuos mientras viajaban en la ruta entre los puertos de La Ceiba, 400 km al norte de la capital, y Trujillo, en el Caribe.

Según Corrales, los transportistas son víctimas del "enorme problema de los carteles de la droga que entraron a Honduras" y de las pandillas.

Sin embargo, anunció que el gobierno de Juan Orlando Hernández pondrá en marcha un "plan integral de seguridad en el transporte" que incluye cámaras de video dentro de los autobuses para identificar a los delincuentes, botones de pánico mediante los cuales los pasajeros podrán dar alerta a la policía y GPS para dar seguimiento a las unidades.

También dijo que el plan contempla un sistema de pago mediante tarjetas en lugar de dinero en efectivo por los pasajeros y la debida documentación y control de los conductores.

Hasta siete grupos de extorsionadores cobran un promedio de 15 dólares semanales cada uno a los transportistas y, si no pagan, matan a los choferes y cobradores.

Según el estatal Comisionado de Derechos Humanos, en lo que va del año han sido asesinadas 140 personas y resultaron 40 heridas en buses y taxis.