Política generadora de empleos

 PARTE VIII

Ing. Mario Holguín / Presidente Ejecutivo FundaReD

Rep. Domionicana

6 de Nov. 2015

El hecho de que la seguridad en la circulación ocupe un lugar preponderante en las políticas oficiales hace que la relación Estado-Sociedad-Gobiernos Municipales sea más armoniosa. Los planes de seguridad vial obligan la participación de los diferentes sectores sociales, politicos y empresariales.

 Pero tambien, ha de motorizarse los organismos del Estado en procura de dismiuir al máximo las tasas de incidencia de tragedias, de mortalidad y morbilidad por tránsito.

 Si la ley de seguridad vial contempla la educación vial obligatoria en el sistema nacional de enseñanza escolar ahora con la tanda extendida, quiere decir de la necesidad de mayores recursos humanos y tecnológicos para poder impartir la materia.

 Este estudio, de la cantidad de maestros especializados por ese concepto, estaría pendiente en la República Dominicana.

 La estructura de un nuevo Órgano Rector de la Seguridad Vial para la ejecución de los planes integrales es otro componente a evaluarse en ese sentido. En este aspecto, no deben tomarse decisiones aventureras, porque el funcionamiento de este tipo de organismo no es tan simple ni para postergarse en arreglos de entuertos encontrados.

 Una ley dinámica obliga a constantes revisiones y reformas para garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad de dichas políticas.

 Sumar adeptos a la causa requiere incorporar recursos al proyecto.

 Como hemos visto, el desarrollo de la seguridad vial sostenible obedece a un complejo entramado organizacional y de objetivos en función del control “legal, eficiencia e incidencia del gasto público” (Beatriz Luceño Ramos. Economista).

 Este último factor, hacen tímidos a los gobiernos por la tendencia a la frugalidad en el control y ahorro de los gastos en detrimento de la prevención de daños y preservación de la vida.