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Pretenden evadir justicia Norteamericana con sometimiento alguacil notifico demanda del empresario Félix Cabrera

25/08/2010 12:06 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

SANTO DOMINGO.-Juristas dominicanos han considerado como un acto antijurídico el sometimiento presentado por el presidente y el director general de GTB Radiodifusores, C. por A., contra el Alguacil del pleno de la Suprema Corte de Justicia Ramón Gilberto Félix López

El Gobierno de la Mañana

Por: Sigfredo Santos

SANTO DOMINGO.-Juristas dominicanos han considerado como un acto antijurídico el sometimiento presentado ante el director de la Carrera Judicial, Pablo Garrido, por el presidente y el director general de GTB Radiodifusores, C. por A., Bienvenido Rodríguez y Willie Rodríguez, así como los integrantes del programa, El Gobierno de la Mañana, contra el Alguacil del pleno de la Suprema Corte de Justicia Ramón Gilberto Félix López.

Consideran los juristas consultados, que el sometimiento del alguacil Ramón Gilberto Félix López, constituye un acto temerario, convirtiéndose en la conducta que, siendo condición de la sanción en una norma jurídica, está realizada por individuos a quien la sanción se aplica, y que pretenden evadir los efectos del acto notificado.

El jurisconsulto Diego Sánchez estableció, que conforme lo establece el artículo 81 de la Ley de Organización Judicial, los actos del alguacil son auténticos y hacen fe hasta inscripción en falsedad de todo lo que compruebe o afirme haber hecho en el ejercicio de sus funciones, tales como menciones relativas a la fecha del acto, o la persona a quien entregó copia del acto, pero no de las respuestas u observaciones hecha por ésta, lo cual puede ser combatido por la prueba en contrario conforme las disposiciones de los artículos 1319 y 1320 del Código Civil.

Justicia

Agrega el jurisconsulto, que de aquí, es que se desprende la temeridad intimidatoria del referido sometimiento contra el alguacil actuante, ya que la vía que han utilizados los demandados, ha sido incorrecta, pues debieron incoar una demanda ante un tribunal competente inscribiéndose en falsedad contra el acto notificado, y luego de que un tribunal decida sobre el mismo, entonces proceder a solicitar la debida sanciones, en caso que la hubiere.

Por su parte, el especialista en asunto civiles, Doctor Inocencio Martes, explicó que carece de todo razonamiento jurídico, la utilización del manoseado y recurrente alegato de los "abogados", cuando se quiere presentar una querella contra un ministerial, de que "el alguacil actuante violento lo dispuesto en el artículo 82 de la ley No. 821".

Primero, porque el alguacil actuante en este caso, tiene jurisdicción nacional, ya que pertenece al reducido círculo, de alguaciles del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y la instancia notificada por él, fue realizada dentro de la jurisdicción del distrito nacional. En la demarcación territorial del distrito nacional, bien pudo haber actuado un alguacil ordinario de un tribunal de primera instancia de esta circunscripción, sin violentar el referido artículo de la ley No. 821, explico el doctor Inocencio Martes.

Justicia para la z 101

Además, expresa el abogado Inocencio Martes, que "la única forma en que el alguacil Ramón Gilberto Félix López podía sometido a juicio disciplinario y ser destituido de sus funciones, era si se negaba a notificar un acto que a todas luces era de su competencia, sin ninguna excusa legal, según lo establece el artículo 83 de la Ley No. 821".

Los jurisconsulto, derribaron otros de los argumentos, esgrimido por los abogados del presidente de la empresa notificada, GTB Radiodifusores, C. por A., quienes alegan que el acto de notificación no fue recibido por Willie Rodríguez, aunque el ministerial converso con la misma persona, cuando Willie Rodríguez, salió de la cabina para manifestarle que ninguno de los demandados saldría a recibir el acto intimidatorio.

Manifiestan los consultores legales que "al tenor del Artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, los emplazamientos deben notificarse a la misma persona, sin embargo esto casi nunca es posible, porque las personas no son tan fáciles de localizar para notificarlas personalmente, además, no siempre el destinatario es capaz de recibir el acto".

Con débiles argumentos jurídicos pretenden evadir la demanda incoada en un tribunal de los Estados Unidos por el empresario Félix Cabrera

Del mismo modo el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal 5to, establece que "las sociedades de comercio mientras existan deben ser emplazadas en la casa social y en su defecto en la persona o domicilio de uno de sus socios, siguiendo la regla general de los emplazamientos".

Por su parte, es oportuno agregar a lo antes expuesto, que en virtud de la Ley Alfonseca Salazar, las personas morales que ejercen actos jurídicos en la República, pueden ser válidamente notificadas en uno de los establecimientos del País o ante su representante, con esta Ley se persigue dejar sin efecto las disposiciones del Código de Procedimiento Civil en cuanto a las notificaciones de los que residen en el extranjero, cuando se trata de personas morales que ejercen actos de la vida jurídica en el País.

Con relación a otro de los argumentos, que quisieron hacer valer los intimados, al momento de su querella temeraria contra el ministerial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, Ramón Gilberto Félix López, está el hecho de que este no se proveyó de una comisión rogatoria, sobre este hecho manifiestan los consultores lo siguiente;

"El alguacil actuante, no tiene que ser envestido de ninguna comisión rogatoria, para realizar un acto de su propio ministerio, y a petición de la parte interesadas, en este caso el demandado, y según se puede notar, el acto notificado, lleva anexo en cabeza de acto, formar solicitud de notificación a los demandados al través del Cónsul General de la Republica Dominicana en New York, así como los argumentos de la demanda, el tiempo hábil en el cual deben responder a dicha demanda, y el lugar en donde deben comparecer para responder, por los hechos que se le imputan".

Los abogados fueron enfático en señalar, que con el sometimiento del Ministerial Ramón Gilberto Félix López, cometieron un grave error, pues admitieron públicamente que tienen conocimiento del acto intimidatorio de la demanda, y ahora, no pueden alegar desconocimientos de la misma, basado en el principio jurídico de NO HAY NULIDAD SIN AGRAVIO, y en este momento no pueden hacer valer su propia falta.

Es por ello, que mediante sentencia de fecha 9 de octubre del 1958, páginas 579, 2211, establece que la máxima no hay nulidad sin agravio debe aplicarse sin distinguir cuales son los vicios esenciales o secundarios que afectan el acto.

Señalando en ese sentido el Dr. Juan Manuel Pellerano Gómez, en la Guía del Abogado, en un magnífico trabajo hecho sobre el tema, textualmente lo siguiente: “La fórmula de las decisiones de principio de la Suprema Corte de Justicia que hacen aplicación de la Máxima establecen que “Sin preocuparse de la importancia objetiva de la formalidad omitida o irregularmente consignada en un acto de procedimiento, los jueces del fondo deben, en cada caso, investigar si la irregularidad del acto atacado ha perjudicado los intereses de la defensa”, ( Suprema Corte marzo 1955, 535, 444; 13 febrero del 1956, 547, 269; 29 marzo 1963, 632, 311).

Pareciera que la Suprema Corte a través de sus múltiples decisiones sobre el tema, lo que persigue no es negar la sanción a los actos irregulares, ni dejar a la voluntad de los jueces la declaración de nulidad, sino admitir la nulidad solo en los casos en que sea violentado el derecho de defensa, y los demandados han sido puesto en conocimiento de su situación legal en territorio Norteamericano, para que eleven su defensa por intermedio de sus representantes legales.

Según indico el abogado Juan Bueno, con los débiles alegatos jurídicos a lo que ha recurrido el prospero empresario radial y disquero, Bienvenido Rodríguez, Willie Rodríguez, así como los comentaristas del programa El Gobierno de la Mañana, Álvaro Arvelo hijo, Julio Martínez Pozo, Euri Cabral y Víctor Gómez Casanova, pretenden evadir la demanda que por daño, perjuicio y calumnia le ha incoado en un tribunal de los Estados Unidos el empresario Félix Cabrera.

El alguacil actuante en este caso, tiene jurisdicción nacional, ya que pertenece al reducido círculo, de alguaciles del Pleno de la Suprema Corte de Justicia


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