El Estado dominicano, al igual que otros Estado del mundo, posee sus propias regulaciones y un esquema de políticas sociales dirigidas a los ciudadanos.

Como sabemos, las políticas sociales a veces son afectadas por intereses personales, ya sea favoreciendo a algún ciudadano en particular o para intereses propios de los funcionarios que lo dirigen, esto último casi no se manifiesta en países desarrollados porque son castigados por la ley, pero sí lo vivimos con fulgor en los países en desarrollo o escaso crecimiento económico y social.

En el caso particular de la República Dominicana se dan algunos fenómenos fuera de serie, aunque reconocemos que tenemos leyes por montones, aunque no se apliquen en su totalidad.

Aquí en Dominicana ocurren casos insólitos, si nos proponemos a enumerarlos en dos o tres volúmenes serían insuficientes. Uno de esos casos que enérgicamente ha llamado la atención pública es el festín de pensiones que se otorgan sin ningún escrúpulo en las instituciones estatales.

Hace unos años, el Estado dominicano creó una ley de pensiones que regula sin reservas el tema de las pensiones, pero algunas instituciones, al amparo de la propia ley de pensiones, quedaron con el sistema viejo de reparto y se abocan a pensionar sus empleados en base a ese sistema.

Pero, no obstante eso, estamos en desacuerdo que se otorguen pensiones ostentosas de manera complaciente a funcionarios o empleados que no hayan trabajado al Estado el tiempo requerido, como ciertamente lo estipula la ley que regula las pensiones.

Hoy esos cortadores de caña arrastran un mundo de miseria, y 30 años después el Estado dominicano aún no ha abrigado sus esperanzas

Si se siguen festinando las pensiones a cargo del erario público, dentro de pocos años la carga económica para el Estado dominicano sería insostenible, en detrimento de los contribuyentes.

Sin embargo, paradójicamente he oído el clamor de los cortadores de cañas, que han ofrecido su vida entera al trabajo difícil del corte de la caña de azúcar en nuestro país. Hoy esos hombres son ancianos sumergidos en la miseria, sin recursos económicos, sin tan siquiera un seguro de salud que los proteja.

En los últimos años los cortadores de caña han hecho todo tipo de demanda para ver si el Estado le concede una paupérrima pensión de 5 o 6 mil pesos; ruego que ha sido imposible de escuchar por los gobiernos de turno y ellos han quedado consternados por el silencio.

Estos cañeros, en su mayoría, trabajaron por más de 30 años en los ingenios azucareros, quedaron a la intemperie, sin trabajo y desprotegidos, a causa del cierre de los deficitarios ingenios azucareros dominicanos. Hoy esos cortadores de caña arrastran un mundo de miseria, y 30 años después el Estado dominicano aún no ha abrigado sus esperanzas.

Se me rompe el corazón, cuando escucho en los medios que un político, funcionario del gobierno ha sido beneficiado con una pensión del Estado por más de medio millón de pesos y, en cambio, esos humildes trabajadores de los ingenios azucareros anden mendigando una pensión de seis o siete mil pesitos.