Un nuevo brote de violencia en el estado mexicano de Michoacán (oeste del país) puso aún más en entredicho la estrategia de seguridad del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que enfrenta la crisis desencadenada por la probable masacre de 43 estudiantes en septiembre.

El martes, enfrentamientos entre hombres armados y militares dejaron al menos nueve personas muertas y 44 detenidos en Michoacán, cuya violencia derivada del crimen organizado parecía haberse reducido en los últimos meses.

Los tiroteos surgieron cuando las fuerzas federales desalojaron a cerca de 40 hombres armados apostados en la alcaldía de Apatzingán, centro económico de la subregión de Tierra Caliente y considerada por años el bastión del cártel Los Caballeros Templarios.

Peña Nieto asumió el poder en diciembre de 2012 prometiendo un México en paz, pero su plan para combatir el crimen organizado "permanece atado al legado institucional de la administración anterior", basado en el despliegue de militares y policías federales para asumir la seguridad en gran parte del país, estimó Alejandro Hope, exagente de inteligencia.

Confrontado a la compleja infiltración del crimen organizado en instituciones estatales y municipales, el gobierno federal despliega sus fuerzas para apaciguar brotes de violencia urgentes, que irremediablemente resurgen cuando los operativos se retiran para atender otra emergencia.

Es una estrategia "errática (...) que en poco ha ayudado", estimó para la AFP Gerardo Rodríguez, consultor en seguridad.

- Dos estados, una Tierra Caliente -

Guerrero y Michoacán comparten la violenta Tierra Caliente, una subregión históricamente rezagada.

En esta montañosa zona, del lado de Guerrero se encuentra Iguala, la ciudad en que desaparecieron los 43 estudiantes la noche del pasado 26 de septiembre, tras un ataque armado de policías locales y narcotraficantes supuestamente ordenado por el alcalde.

Del lado de Michoacán, grupos de civiles formaron en febrero de 2013 milicias armadas llamadas autodefensas con el objetivo de defender a sus vecinos de los secuestros, extorsiones y asesinatos que perpetraban los Templarios, muchas veces bajo la connivencia de autoridades locales.

En mayo de 2014, después de que fuerzas federales desmantelaran casi toda la cúpula del cártel, el gobierno pactó con la mayoría de los grupos milicianos para que se institucionalizaran en un nuevo cuerpo de 'fuerzas rurales'.

Con el tiempo salieron a la luz divisiones entre líderes de estas guardias comunitarias, algunas de las cuales fueron sospechadas de acoger a miembros del crimen organizado.

El 16 de diciembre, el fundador de las autodefensas Hipólito Mora y sus simpatizantes se enfrentaron a balazos con los de su acérrimo enemigo, conocido como 'El Americano'.

Tras el enfrentamiento, que dejó 11 muertos, ambos exmilicianos inscritos en las fuerzas rurales fueron encarcelados junto con 35 de sus secuaces.

- Un modelo agotado -

Esto demuestra el "déficit de legalidad" del mecanismo de institucionalización de las milicias.

"No queda claro si son fuerzas del orden establecidas o un grupo armado irregular", sostiene Hope, quien además estima que la figura de Alfredo Castillo, el comisionado asignado por el gobierno federal para resolver la crisis de Michoacán, "ya se agotó".

"Lo que se necesita es que regresen los plenos poderes al gobierno" de Michoacán para tomar decisiones perennes de presupuesto, seguridad y procuración de justicia y que no sean de urgencia como ocurre de momento, coincide Gerardo Rodríguez.

El propio Castillo reconoció que las fuerzas rurales "posiblemente tengan una temporalidad" y deban desaparecer en favor de la nueva policía estatal unificada propuesta por el gobierno para terminar con la corrupción y los abusos que, muchas veces, acompañan a los policías locales.

"Hay riesgos de más enfrentamientos, de que haya algunos (policías rurales o milicianos) que se resistan al desarme", estima Jaime Rivera, investigador de la Universidad Michoacana.