Berkeley se unió a las ciudades de San Francisco y Santa Clara en California para oponerse al programa de Comunidades Seguras de la Agencia de Inmigración y Ciudadanía (ICE por sus siglas en inglés). El concilio de la ciudad de Berkeley, al norte de California, aprobó hace unos días una resolución que se une a la moción de retirarse de manera voluntaria del programa de Comunidades Seguras (S-Com como se le identifica en inglés). La progresista Berkeley, ha sido durante mucho tiempo una ciudad santuario para inmigrantes y tiene una orgullosa tradición de protección de los derechos humanos. Sor Maureen Diugnan, directora del Pacto Santuario del Este de la Bahia (EBSP por sus siglas en inglés) consideró que el programa S-Com socava a esta ciudad por su larga tradición de protección a los refugiados y que ha sido respetado por sus habitantes. S-Com requiere a la policía local que proporcione al ICE las huellas digitales de todos sus residentes registrados, sin importar si han cometido delito o si le han desestimado cargos. ICE utiliza las huellas digitales para llevar a cabo los controles de inmigración de fondo y para iniciar procedimientos de deportación a un ritmo más rápido. Defensores de los derechos civiles expresaron serias preocupaciones de que su aplicación podría dar lugar a la discriminación racial y la separación de las familias. Shahid Buttar, director del Comité Proyecto de Ley de Defensa de los Derechos manifestó su simpatía por la resolución de la ciudad. "Es alentador ver que el Consejo de la Ciudad se negó a participar en un programa federal mal concebido conocido por fomentar mediante perfiles étnicos y detenciones bajo pretexto”. Afortunadamente, el Consejo también aprovechó esta oportunidad para hacer frente a los perfiles de comunidades marginadas en otras muchas maneras de que ocurra”, abundó. Angela Chan, abogada del Asian Law Caucus, aplaudió la resolución al señalar que Berkeley reconoce que la seguridad pública esta en peligro de extinción cuando la policía se enreda con las leyes de inmigración. “Los Inmigrantes miembros de la comunidad que sean testigos o víctimas de la delincuencia no se pueden presentar si el contacto con la policía podría llevar a presentación de informes a las deportaciones de ICE”, consideró. Los datos del ICE muestran que cerca del 80 por ciento de los deportados a través del programa no habrían sido condenados de no haber sido involucrados con delitos menores. Comunidades Seguras, opera actualmente en 788 jurisdicciones en 34 estados y ha deportado a casi 50 mil personas hasta Agosto pasado. Sharon Adams, del Gremio Nacional de Abogados capítulo-SFBA, expresó que las estadísticas muestran que muchas personas inocentes son atrapadas por el programa de ICE, y que el programa es realmente acerca de cómo crear un clima de miedo en este país”.