El papel de Vigilantes de seguridad tiene ahora, sin duda, una importante repercusión en la seguridad pública, con vistas a la colaboración público-privada en el desempeño de tareas cada vez más estratégicas.

Sin embargo, un sistema normativo basado en una miríada de fuentes heterogéneas y una dirección política no siempre clara y unívoca generan profundos problemas que repercuten en unos 50 mil puestos de trabajo en Italia y en un sector que supone unos 3.000 millones de euros al año.

En un momento en el que la única certeza es la creciente necesidad de seguridad, escuchamos las expectativas del mundo de la seguridad de la mano de Maria Cristina Urbano, presidenta de Assiv, la Asociación Italiana de Servicios de Seguridad y Confianza (www.assiv.it), que representa a más de 100 empresas con un total de unos 25.000 operadores, a la vanguardia en la protección de la categoría.

Creciente desconcentración de tareas

A lo largo de los últimos 15 años, hemos asistido a una devolución cada vez mayor de tareas operativas de la seguridad pública a la seguridad privada, que no sólo ha aumentado significativamente sus responsabilidades típicas de seguridad privada, sino que también ha consolidado su papel como socio exclusivo en la gestión de numerosas tareas de seguridad pública, en forma de "seguridad subsidiaria" y "seguridad participativa". Proporcionalmente, se le ha pedido que ofrezca cada vez más garantías sobre la calidad de sus servicios, hasta llegar a la certificación de calidad de sus instituciones.

"La DM 215/2014 se introdujo con el objetivo declarado de elevar, normalizar y garantizar la eficacia de los estándares de calidad de las entidades, proporcionando el camino hacia la certificación, que no es otra cosa que la comprobación y certificación de haberse adaptado en todos los aspectos a lo que la legislación ha impuesto progresivamente.

Dado que las empresas de seguridad suelen ser diferentes en cuanto a tamaño, modelo de gestión y tipo de servicios prestados, cada una de ellas debía encuadrarse en una de las "categorías" identificadas por el Decreto Ministerial 269110, en función de la densidad de población de la zona en la que operan, de los servicios que quieren ofrecer, de la cantidad de personal que emplean, etc., y ofrecer así las garantías correspondientes.