Han pasado 6 años desde que Leonel Fernández triunfó en las elecciones del 2004. Nadie imaginó que en la administración que se iniciaría en agosto del 2004, se producirían los mayores escándalos de corrupción en la historia de la nación.

Todos recordamos Sobrevaluación Edificio Suprema Corte de Justicia, a un costo de RD$1, 047 millones.

La del Palacio Bellas Artes. La de la Catedral de San Juan. La del Proyecto Portal Dominicano, que se ejecutó por US$13 millones, mientras el BID indicó que debió costar US$2 millones.

La del Contrato del Imposdom por US$4 MM con las empresa HOST Chile. La de los vagones del Metro, estimándose el pago en exceso de RD$2, 206 millones. La de los aviones Tucano.

El escándalo del préstamo para la Policía Nacional de US$132 millones, a ser provisto por la SunLand, con precios de equipos sobrevaluados. La sobrevaluación de RD$115 millones en la compra de butacas de la SEE.

La de RD$744 millones en la reconstrucción y reparación de 3, 290 aulas escolares. La facturación de RD$700 millones en canastas navideñas, de las cuales se entregan la mitad, con lo cual se desvían fondos públicos en beneficio de particulares.

O el caso de las nominillas ocultas para militantes PLD, que consumen RD$5, 232 millones al año, sin incluir a personas residentes en Estados Unidos que figuran en nóminas del Estado, como ocurre en el cuerpo diplomático, en los hospitales públicos y en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA).

Más indelicadezas. Los permisos de importación, en violación del DR-CAFTA y los decretos del Poder Ejecutivo, para beneficiar a la empresa Río Blanco, controlada por familiares y relacionados del señor Estanislao Pérez, asistente personal del presidente Fernández.

Las cuotas de importación de azúcar y la compra de medicamentos en la India, en beneficio de empresas relacionadas con funcionarios del Palacio Nacional, que se autodenominan como los halcones del Gobierno del PLD.

La denuncia de la Federación Dominicana de Comerciantes de que funcionarios del sector agrícola se habían embolsillado RD$2, 000 millones cobrando comisiones para otorgar licencias de importación.

El contrato entre Bienes Nacionales y la ENADE y, una empresa que se creó y que cobraría un 15% de comisión en la venta de propiedades del Estado.

La falta de transparencia en la construcción del Metro de Santo Domingo, con un costo estimado en cerca de US$900 millones, y donde se estima que entre comisiones y sobrevaluaciones en compras y cubicaciones, se desviaron cerca de US$270 millones.

El escándalo del contrato de la Isla Artificial, que obligaba al Estado a garantizar el equilibrio económico a los "inversionistas" y "desarrolladores".

El desinterés del Gobierno del PLD frente al caso PEME, en el que sustrajeron RD$1, 427 millones.

El préstamo US$130 millones con la SunLand, sin aprobación del Congreso, y sin que se sepa, al día de hoy, dónde fue a parar el dinero.

El manejo desconocido que el Gobierno del PLD dio a los US$170 millones pagados de impuestos por Verizon. O el uso desconocido dado a los US$1, 600 millones del financiamiento provisto por el Acuerdo de Petrocaribe, el cual tenía como fin la ejecución de proyectos de desarrollo social.

La creación de las llamadas "concreteras moradas", empresas concreteras de funcionarios del PLD para obras del Gobierno. La Secretaría de Turismo, cuando se dedicó a emitir resoluciones y normas en beneficio de proyectos turísticos del entonces secretario de Turismo.

Las obras multimillonarias de grado a grado son moneda de curso legal en la administración peledeista.

Le quitan a una empresa una obra para dársela a otra, como sucedió con el boulevard Turístico del Este, que se le quitó a Perco S.A. para entregárselo a Constructora JM, S.A., que la recibió grado a grado, aunque se trataba de un contrato que implicaba una inversión de RD$ 1, 600 millones.

La asignación de RD$450 millones para la construcción del Parque Central de Santiago, a la misma persona que estuvo involucrada en el escándalo de sobrevaluación del Edificio de la Suprema Corte de Justicia.

El extraño resurgimiento de la Torre Diandi en Tiradentes esquina Gustavo Mejía Ricart y Fantino Falco, en la medida en que se asignaban fondos multimillonarios a la construcción del Metro de Santo Domingo, bajo la Dirección del ingeniero Diandino Peña.

El intento del BNV de emitir unos Bonos poco transparentes por US$200 millones a través de la empresa HPF, mientras el administrador del BNV era beneficiado con una pensión de medio millón de pesos de por vida.

El destino de RD$1, 100 millones en apartamentos de lujo en la Ave. Luperón para miembros del PLD, ejecutado por el INVI.

Los casos de corrupción que han sido denunciado en la Sindicatura de José Enrique Sued, en Santiago, y que ahora ha sido sometido a la Justicia.

Las críticas que hacía Celso Marranzini por la corrupción que arropaba a la CDEEE que dirigía el ingeniero Radhamés Segura. El escándalo de corrupción en el PRA, donde se designaron más de 100 personas con exorbitantes salarios, en puestos para los que no estaban preparados profesionalmente y escogidos entre familiares y feligreses de la iglesia a la que pertenece el pastor que dirigía el PRA.

Y el de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, cuyo director tuvo que ser separado del cargo.

Las comisiones por RD$2, 112 millones pactadas en el oscuro contrato con la Sichuan para instalar una planta de generación eléctrica.

El contrato para instalar una planta de generación, entre CDEEE y la Westmont Power, una empresa de un malayo que, según la prensa internacional, enfrentaba acusaciones por fraudes en otros países.

El escándalo de ICASUR, un contrato con valor de RD$5, 900 millones. Y el del contrato de recogida de basura en Santo Domingo Este, que según la prensa, involucraba a empresas fantasmas de familiares del síndico peledeísta.

También ha habido casos de extorsión, como el del Consejo de Desarrollo Fronterizo; de mafias, como el que se denunció que existía en el manejo de las pensiones en la Secretaría de Hacienda y el de las visas en la Secretaría de Trabajo; de sobornos, como el famoso caso que tuvo lugar en CORDE; de robos descarados, como el de RD$1.5 millones en Migración del AILA; y de fraudes, como el de las pensiones de la Autoridad Portuaria.

La apropiación de millones de pesos para cubrir gastos privados de funcionarios peledeístas, como alquileres de aviones privados para que pudiesen asistir a compromisos familiares.

El despilfarro está a la orden del día en el Gobierno del PLD. Ahí están los casos del escándalo de dietas y viáticos en la ONAP. El festival de vacaciones cobradas por el director y funcionarios del CEA, así como el cobro de prestaciones laborales para luego ser nombrados de nuevo en los mismos cargos.

Los RD$30 millones para la Conmemoración del X Aniversario del Ascenso al Poder de la Visión Desarrollista y Modernizante del Presidente Leonel Fernández, que gobierna el país del mundo con la peor calidad en la educación primaria. La compra de las 52 Harley Davidson desaparecidas. O el despilfarro de mal gusto en la construcción, con los impuestos que paga el pueblo, del Zooberto Park.

El uso y abuso descarado de los recursos del Estado para apuntalar a los candidatos del PLD, como sucedió en el 2008, cuando se utilizaron RD$55, 000 millones en la campaña reeleccionista del Presidente Fernández, y como sucede ahora, que en los primeros 4 meses del 2010 el gasto público ha sido aumentado en más de 30, 000 millones de pesos, esta vez para apuntalar los candidatos congresuales del PLD.

Y eso no lo decimos nosotros. La diputada peledeísta Isabel Bonilla reveló que el Presidente Fernández no jugaba limpio en la campaña interna del PLD por la candidatura presidencial.

El senador peledeísta Wilton Guerrero denunció el uso de fondos de la OMSA e INESPRE, en el plan reeleccionista de Leonel Fernández, que pasaba primero por aplastar a Danilo Medina, quién luego de los resultados, se limitó a decir, "me venció el Estado".

Un reportaje de Clave revela cómo candidatos del PLD al Senado utilizan los recursos públicos en sus campañas.

Félix Bautista remoza San Juan con fondos de la Supervisora, mientras José Rafael Vargas (Indotel) y Ricardo Jacobo (Inespre) lo hacen en Espaillat y El Seibo. El caso de los Comedores Económicos en campaña y el canje de electrodomésticos por cédulas, son dos nuevas variedades de uso de los recursos del Estado para influenciar en el resultado de las elecciones.

Si a todo lo anterior agregamos el paraíso para el narcotráfico y el lavado de activos "made in PLD", la delincuencia sin precedentes, el desempleo creciente, y el festival de impuestos y préstamos, y ahora la subida anunciada de la factura eléctrica y los impuestos, preguntémonos: ¿Queremos 6 años más de esto o debemos votar por los valores que encarnan candidatas como Milagros Ortiz Bosch, la sobrina de Juan Bosch, para frenar al Gobierno más corrupto de la historia de la nación?

Fuente:elcaribe.com.do