La Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) ha sido aprobada definitivamente este miércoles en el pleno del Senado y con ello se convierte en la octava norma educativa de la democracia. Ni los vetos de PP, Ciudadanos y UPN -equivalentes a enmiendas a la totalidad- ni las 646 enmiendas parciales presentadas entre todos los grupos -excepto PSOE, ERC-Bildu y PNV- han prosperado.

La semana pasada la Comisión de Educación debatió las enmiendas y decidió rechazarlas todas. De esta forma ninguna ha quedado recogida en el texto que llegó desde el Congreso y, en presencia de la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, la ley ha salido de la Cámara alta tal y como entró. Lo ha hecho con 142 votos a favor -logrando la mayoría absoluta necesaria-, 112 noes y nueve abstenciones, registrándose así la participación de 263 de los 265 senadores.

La enseñanza concertada, los centros de Educación Especial, el castellano o la Religión son los puntos más polémicos de la conocida como ley Celaá. Puntos que han llegado a provocar movilizaciones que han estado apoyadas por PP, Ciudadanos y Vox.

Durante el debate, las tres formaciones que han presentado vetos han reiterado su rechazo a una reforma con la que, según han asegurado, el Gobierno "se ha vendido a los separatistas" al quitar el castellano como lengua vehicular. Asimismo han insistido en criticar que se ataque a los centros concertados y a los de Educación Especial y se rebajen los requisitos para pasar de curso.

"No son conscientes del daño que supone esta ley", ha aseverado la senadora de la formación naranja Lorena Roldán, quien ha mencionado la reciente sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a que el castellano se dé en el 25% de las horas lectivas porque ahora es "residual". Roldán, que ha recordado que llevarán la ley ante el Constitucional, ha afirmado que amenaza los derechos de las familias y el futuro de las nuevas generaciones. En su opinión, es mala "por lo que propone y por lo que impide".

El popular Pablo Ruz ha denunciado la "consigna" del Ejecutivo de aprobar la norma "cuanto antes". Ruz ha confiado en que pronto se pueda producir la alternativa de "un gran pacto educativo" que los socialistas "han despreciado" y los ha calificado de "destructores de convivencia, de verdad y de libertad".

Alberto Catalán, de UPN, ha dicho por su parte que la Lomloe "pasará a los anales de la historia del sectarismo educativo y la vergüenza parlamentaria" y ha criticado que cada vez que hay un cambio ideológico en el Gobierno hay un cambio de ley. "Así no avanzamos", ha recalcado.

Desde el PSOE, el encargado defender la ley ha sido José María Oleaga, quien se ha preguntado si las siglas del PP son "partido pinocho" por mentir diciendo, por ejemplo, que se cerrarán los centros de Educación Especial o que el castellano está en peligro. Oleaga ha acusado a los populares de no defender a "España como es sino como les gustaría que fuera".

Una vez superado todo el trámite parlamentario, la nueva ley debe ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor. De esta forma quedará derogada la Lomce, conocida como ley Wert.

Antes de que esto ocurra, y para intentar sortear la ley Celaá, las comunidades gobernadas por el PP en coalición o en solitario -Galicia, Castilla y León, Andalucía, Madrid y Murcia- han decidido mover ficha. Con la intención, según Pablo Casado, de que las familias puedan seguir "eligiendo libremente" el centro educativo para sus hijos, esas regiones van a tomar medidas como el adelantó del plazo de inscripción para el próximo curso.

El Consejo de Gobierno que lidera Isabel Díaz Ayuso ya ha aprobado además un decreto para ampliar la duración de los conciertos educativos de seis años a diez. Esto supone que el Ejecutivo madrileño blinda la escuela concertada, al menos, hasta el año 2027.