Un pastor evangélico y el chofer del bus en el que murieron calcinados 31 niños fueron enviados a prisión y enfrentan un pedido de la fiscalía para que cumplan la pena máxima de 60 años, informaron este miércoles sus abogados.

El conductor Jaime Gutiérrez, de 56 años, así como Manuel Ibarra, pastor de la iglesia evangélica a la que asistían los niños y quien contrató el bus, fueron imputados "por el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual para el que la Fiscalía pidió la pena máxima de 60 años", explicó a la AFP el abogado Mauricio Ramírez.

"Se les dio medida de aseguramiento en centro carcelario", añadió Ramírez.

La defensa rechazó la imputación de la Fiscalía -en la audiencia que tuvo lugar el martes por la noche- y pidió en cambio que sean juzgados por "homicidio culposo agravado", con una pena máxima 15 años.

El accidente ocurrido el domingo en la localidad de Fundación (norte) acabó con la vida de 31 niños que volvían de un servicio religioso en el bus conducido por Gutiérrez, a quien se le señala de haber actuado con negligencia al inyectar gasolina en el carburador del vehículo para intentar ponerlo en marcha.

Gutiérrez no tenía licencia de conducir y el vehículo circulaba ilegalmente.

"Se trató de un comportamiento negligente y culposo, pero no con dolo. No se les puede igualar con criminales que buscaban matar", explicó a la AFP el abogado Diego Duque, compañero de Ramírez en la firma World Legal Corp.

"La hija del pastor pereció calcinada en el bus. Él cometió una falta pero no se puede decir que buscaba hacer daño", dijo Duque, explicando que ahora entrarán en una negociación con la Fiscalía para que Ibarra y Gutiérrez "acepten su responsabilidad de una manera proporcionada" y "no bajo la presión mediática".

Los abogados pidieron también que los detenidos sean llevados a una cárcel en la que se les garantice su integridad física, ante versiones de que allegados a los niños fallecidos buscarían atentar contra ellos.

Mientras tanto, avanza desde el martes la identificación genética de los cuerpos calcinados, un proceso que terminaría la semana próxima cuando las autoridades se comprometieron a entregar los cadáveres de los 31 niños a sus familiares.

Trece menores seguían internados el martes.